Quienes dentro y fuera del Tribunal Constitucional (TC) contaban con que la sentencia sobre el primer estado de alarma pusiera al Gobierno en su sitio tienen que estar pensando ahora mismo si no habría sido mejor haber esperado a septiembre. El enésimo golpe que por enésima vez iba a tumbar al Ejecutivo de Pedro Sánchez, tampoco lo fue. Y no será porque no estaban avisados de que, en este país, resulta imposible sacar nada adelante en verano, menos aún el derribo de un gobierno. España efectivamente se divide en dos, pero no entre quienes creen que tenía que ser alarma o excepción, sino entre los que quieren estar en la playa y los que no.
No hacía falta forzar así la máquina del TC para provocar la enésima petición de elecciones por parte de Pablo Casado, otro tuit con faltas de ortografía de Toni Cantó y una pequeña riada de artículos de opinión disertando sobre una sentencia que nadie ha leído todavía porque el TC, tan preocupado por garantizar nuestros derechos y velar por el control democrático, no ha suspendido, pero sí ha vaciado nuestro derecho a conocerla entera –y no por fascículos y como convenga a sus señorías–.
Para desencadenar esta tormenta de verano, que se olvidará con las Olimpiadas, parece un despilfarro dilapidar la poca credibilidad que le quedaba al Tribunal, forzar una votación donde la tercera parte de los que votaron no tenía ni derecho a estar, difuminar la, hasta ahora, bastante clara distinción entre estado de alarma -catástrofes, crisis sanitarias o accidentes- y estado de excepción -intentos de subvertir el orden político-, convertir la ''alteración del orden público“ en un concepto jurídico indeterminado en el cual, desde hoy, cabe todo aquello que el Gobierno de turno o el juez de guardia quieran meter, o expandir hasta el infinito la hasta ahora muy limitada capacidad de un gobierno para invocar el draconiano derecho de excepción, convirtiéndolo en opción prioritaria y manteniendo el único requisito de tener la mayoría para aprobarlo. En unos meses, si para alguien será un problema esta sentencia, será para el propio Tribunal, que se pasará meses tratando de salir del enorme barrizal jurídico donde se ha metido, con un rosario de sentencias donde la última será aún más contradictoria que la anterior.
Hará bien el Gobierno en no dejarse enredar en el penúltimo episodio de un debate que el país ya ha resuelto hace tiempo. Estamos los que pensamos que se hizo lo único que se podía hacer y se hizo lo mejor que se pudo y se supo; y los que piensan que el problema es este Gobierno y debe ser tumbado lo antes posible porque no es de los suyos. Ya está. No hay más. Cada uno ha formado su juicio y no lo va a cambiar.
Cuando el Gobierno y sus entornos hayan terminado de contarnos lo jóvenes, guapos y buenos gestores que son los nuevos ministros y lo tristes y cansinos que acabaron resultando los otros, cuando hayan terminado de enseñarnos lo bien que quedan en Instagram sus fotos en movimiento, o cuando hayan acabado de explicarnos que todo lo que funcionaba antes era mérito de Félix Bolaños y todo lo que no salía bien era culpa de Iván Redondo, sería fantástico que lo recordaran y se concentraran en darnos lo que la mayoría queremos ver: menos palabrería y más acción, que pasan cosas, que se aprueban leyes, que se gasta la pasta, que se arreglan problemas y vamos saliendo lo mejor que podamos de este año y medio que llevamos parados en medio de ninguna parte.