Sí, la hay, aunque ahora mismo buena parte de la comunidad internacional, incluyendo a España, no lo reconozca. La flamante dictadura del siglo XXI en el Perú llega con su mujer presidenta (“ser mujer no garantiza derechos humanos”), su estado de emergencia y toque de queda, sus tanques en la calle, sus heridos y sus muertos. No hay más democracia. Los medios de comunicación son voceros del régimen, así que las violaciones de derechos humanos de los últimos días ni siquiera se denuncian en la prensa nacional. Hace poco la policía mantuvo retenidos a integrantes de diversas organizaciones populares y partidos de izquierda porque querían acusarlos de terroristas.
En mi país hay poderes nominales y poderes fácticos. Dina Boluarte (poder nominal) es una presidenta funcional a los poderes fácticos. El “supuesto” golpe de Estado de Pedro Castillo duró menos que la independencia de Catalunya. Fue una intentona condenable y frustrada porque un golpe solo lo perpetras si tienes poder. Y Castillo no lo tenía. En cambio, hay otro golpe que se viene gestando desde las elecciones, cuando se inventó un fraude para no aceptar la victoria del profe rural y mucho antes de que hubieran acusaciones contra él. Ya lo llamaban dictador y terrorista desde entonces. En este año y medio, el Congreso, derechista, fujimorista y racista, no ha cejado en su empeño hasta lograrlo. Esa elite que despacha desde Lima es la que siempre ha tenido el poder y por eso gobierna hoy y lo hace duramente. Castillo está en la cárcel. Y ya hay 25 muertos, entre ellos jóvenes y niños.
Las comunidades fuera de Lima, que nunca fueron gobierno, sienten que les han robado su voto (Vargas Llosa dijo que en el Perú la gente no votaba bien), a su presidente, a lo único que tenían, que no cumplió con sus compromisos pero al menos les representaba en el poder.
Lo más tremendo es que esas muertes, todas cometidas por policías y militares con armas de fuego disparadas contra los manifestantes, reviven los peores años del horror en los Andes, cuando a las fuerzas armadas no les importaba ejecutar a 50 campesinos si entre ellos mataban a un miembro de Sendero Luminoso. Las imágenes de personas cayendo muertas por los disparos en las calles de Ayacucho (tierra de los muertos), uno de los departamentos que más sufrieron la violencia entre dos fuegos, han conmocionado a la población andina del sur que aún ni terminaba de cerrar sus heridas y está ahora mismo defendiendo su derecho a la elección y a la protesta. Por luchar y hacerse oír son llamados vándalos y terroristas. Sus muertes no significan nada para el régimen porque son muertes de cholos e indígenas. Y para una parte de este país, todos los que son así son terrucos. El abuso de poder en el Perú crea monstruos.
No sé qué hace el Estado español que no se une al grito masivo del cese de la represión en el Perú. Dina Boluarte ha perdido toda legitimidad desde que decidió cogobernar con los militares y matar gente. Quienes han salido a las calles demandan convocatoria de elecciones inmediata, congresales y presidenciales y, muchos, piden también un referéndum para votar una asamblea constituyente de inmediato. Lo que hay desde muy atrás es una crisis política sistémica y en este momento un estallido social en ciernes que podría alargarse indefinidamente si Boluarte no renuncia y asume sus responsabilidades. “Hubo un conflicto armado interno, luego una dictadura, un proceso de antipolítica, una pandemia que destrozó lo poco que quedaba del tejido social y que ha llevado a un colapso social”, ha dicho el escritor y analista José Carlos Aguero.
Este golpe en cámara lenta de la derecha gestado a través de su órgano ejecutor que es el Congreso de la República (con 80 por ciento de desaprobación) es la causa de la ingobernabilidad del Perú, que ya lleva seis presidentes en cinco años. Las calles no callarán hasta que haya un cambio de sistema. Y no habrá ninguna posibilidad de negociación mientras el acercamiento sea con balas. Mientras se esté operando una masacre.