Es una de las imágenes de la semana aunque a juzgar por el poco eco que ha tenido en muchos medios parece que hay quien prefiere hacer ver que no ha pasado. Los protagonistas son las decenas de manifestantes que se colaron este miércoles en la inauguración del llamado ‘Davos inmobiliario’ que se celebra en Barcelona. El nombre oficial es The District y se trata de una feria internacional que cuenta con la presencia de grandes fondos de inversión internacionales y conglomerados dedicados a la gestión de vivienda como Blackstone, Goldman Sachs, TPG, Apollo Global Management, Merlin Properties, Angelo Gordon, Starwood Capital… y otros artífices de la especulación urbanística desconocidos para la gran mayoría de ciudadanos.
Ada Colau ha escrito una carta en respuesta al Sindicato de Inquilinos, que le reclamó que cancelase el evento, en la que la alcaldesa les responde que las empresas honestas que propongan hacer viviendas asequibles contarán con la complicidad del Ayuntamiento. “En cambio, los fondos buitre que pretenden especular a costa de vulnerar el derecho a la vivienda no son ni serán bienvenidos a Barcelona”, añade.
Aplicando el principio hegeliano, los políticos solo deberían elegir entre el bien y el bien. En este caso no tendría que ser tan complicado saber cuál es el lado correcto puesto que se trata de escoger entre los asfixiados por los precios de la vivienda o los que especulan con ella. Entre los débiles o los fuertes. De eso va también la nueva ley de la vivienda, atascada por las diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos mientras el precio del alquiler en España se ha disparado un 6,4% entre agosto de 2021 y 2022. Grupos como ERC, Bildu y Compromís reclaman que para dar su apoyo al texto se añada que la totalidad de viviendas de la SAREB sean incluidas como parque público de alquiler y que se prohíban todos los desahucios de familias vulnerables sin que haya una vivienda alternativa donde puedan alojarse. Una aclaración para no iniciados: la SAREB es el banco malo, que agrupa miles y miles de viviendas que pasaron al Estado después de que el Gobierno de Rajoy rescatase a los bancos por 65.000 millones de euros, una factura que no ha dejado de crecer. Parece más que razonable lo que piden los socios, pero no será fácil que convenzan al PSOE.
El compañero Pau Rodríguez recordaba que justo hace una década se produjo una imagen muy similar cuando activistas en defensa de la vivienda lograron entrar entonces en la feria Meeting Point. Cambian los nombres de los certámenes inmobiliarios mientras los damnificados por los precios abusivos, asfixiados por los alquileres y desahuciados, siguen alzando su voz.
“Seremos vuestra pesadilla”, clamaban los activistas este miércoles dirigiéndose a los representantes de los grandes fondos. Fue antes de que agentes de la BRIMO de los Mossos los desalojasen. Probablemente el mensaje de las entidades en defensa de la vivienda es más un deseo que una realidad. A algunos de los participantes en la protesta les dio tiempo de fotografiarse sentados en el estand de una filial del fondo norteamericano Blackstone, conocido como el gran casero español porque dispone de unas 40.000 viviendas, algunas compradas a instituciones públicas. No opera con su nombre, sino que está detrás de sociedades como Testa, Aliseda, Anticipa o Azora, entre otras. Además, la Sareb le ha adjudicado este año la gestión de activos inmobiliarios valorados en más de 25.300 millones de euros y lo hará junto a Hipoges, controlado por otro grande de la inversión, el fondo KKR.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, Catalunya sigue siendo este 2022 la comunidad autónoma en la que más desahucios se producen. En el segundo trimestre, 2.414 (el 22,3% del total que hubo en España). Siete de cada diez fueron por impago del alquiler.
La Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona calcula que el precio medio de los contratos de alquiler se ha situado en los 980 euros mensuales (equiparable a los máximos alcanzados en el 2019). Según esta misma estadística, que analiza la evolución del mercado privado de alquiler en Barcelona desde 1985, en el segundo trimestre de este año se ha constatado un incremento del 3,2% respecto a los primeros tres meses. El Tribunal Constitucional tumbó en marzo la parte de la ley catalana que ponía tope a los precios. Desde entonces, los arrendadores pueden volver a situar el precio que consideren para el piso. Así que no hace falta ser muy perspicaz para deducir que en determinadas zonas los precios no bajaran.
Una investigación reciente del diario CRÍTIC apuntaba que en Barcelona, mientras los grandes especuladores diseñan sus estrategias en un pabellón de la Fira, existen 1.956 pisos desocupados en manos de bancos y fondos de inversión. La mayor acumulación se produce en los barrios más empobrecidos. Son los que también acumulan más desahucios. Cuando explotó la burbuja del 2008, la asociación de vecinos bautizó uno de ellos, Ciutat Meridiana, como ‘Villadesahucios’. Hoy sigue siendo el barrio con más lanzamientos mientras el Gobierno anda enzarzado en una ley que debería haber sido una de las primeras de la legislatura. Y los alquileres e hipotecas se disparan.