La izquierda española está en crisis. Esto no es ninguna novedad (la izquierda siempre está en crisis, incluso cuando manda), pero esta vez la cosa parece un poco más seria. Incluso antes de la derrota del PSOE a finales del 2011 los partidos progresistas andaban a la defensiva, más preocupados de defender instituciones, leyes y prestaciones sociales que de definir una agenda positiva. Hemos oído muchas veces hablar de defender derechos sociales, servicios públicos, Estado de bienestar y regulaciones variadas, pero nunca se explica por qué. Defender la indemnización por despido, regulación de horarios comerciales o jubilarse a los 65 quizá sean cosas que tengan sentido, pero tienen poco de finalista.
La izquierda parece tener una larga lista de programas que ama con locura, pero nunca parece explicar sus objetivos a largo plazo. Hablamos mucho sobre medios, nunca de fines, defendiendo ideas sin preguntarnos si sus resultados tienen alguna relación con la sociedad que queremos construir. Es hora de repensar qué mundo queremos construir desde la izquierda, qué objetivos queremos alcanzar; qué principios deben guiarnos para decidir si un programa social, ley, regulación o medida debe recibir nuestro apoyo. La izquierda debe ser definida por sus fines, no por sus medios.
I. El Estado como compañía de seguros
El punto de partida de una izquierda que aspire a gobernar de forma efectiva debe ser definir el papel de sector público. Para ello, debemos empezar señalando qué es lo que el Estado hace bien y qué no puede ser cubierto por el sector privado. No vamos a pedir dinero a los votantes para financiar cosas que harían mejor ellos solitos; queremos que los impuestos se destinen a cosas concretas, efectivas y serias, no elefantes blancos.
Un vistazo a la composición del gasto público en cualquier Estado desarrollado debería dar pistas sobre qué hacen bien los gobiernos. Los países de la OCDE destinan la inmensa mayoría de su presupuesto por un lado a proteger a sus ciudadanos de infortunios, sea enfermedad, desempleo, minusvalía o quiebras bancarias, y por otro a mantener el orden dentro del país, vía Policía, Ejército y tribunales. Como dice Ezra Klein, el Estado es una compañía de seguros con tanques; nadie parece poder hacer esta función de escudo protector mejor.
El primer objetivo de un Gobierno de izquierdas, por tanto, debería ser proteger a sus ciudadanos contra el infortunio. Esto incluye luchar contra el crimen, por un lado (algo que afecta a los más pobres de forma desproporcionada), pero también asegurarse que cuando alguien sufre una calamidad fuera de su control esta no le deje fuera de juego. Esto quiere decir sanidad universal y gratuita (no “pública”, por cierto, la mayoría de los países de la OCDE tienen sistemas mixtos) por si nos atropella un autobús, subsidio de desempleo por si nuestra empresa quiebra, seguro de depósitos por si nuestro banco es insolvente o educación profesional por si nuestra industria queda obsoleta.
Estamos hablando, no hace falta decirlo, de una cantidad de gasto público considerable; estas prestaciones sociales no son baratas. Por añadido, pensar en el Estado como una aseguradora ayuda a definir mejor cómo deben ser los programas de asistencia: queremos proteger a los ciudadanos de problemas que no controlan, no de su propia estupidez. Esto quiere decir, por ejemplo, que el Estado debe ayudar a las víctimas de un terremoto, pero no quien pierde su dinero invirtiendo en sellos de correos. El riesgo involuntario es una cosa, las decisiones conscientes otra.
II. Igualdad de oportunidades
De todos los riesgos fuera del control de los ciudadanos, el peor sin duda es nacer en la familia equivocada. Un niño nacido en una familia pobre tiene ante sí una carrera de obstáculos muchísimo más complicada que alguien nacido en Pedralbes o el distrito de Salamanca: tendrá un entorno familiar más inestable, menos apoyos, peores colegios, menos oportunidades y una probabilidad infinitamente menor de prosperar.
Es por este motivo que la izquierda debe tener la igualdad de oportunidades como una de sus principales prioridades: para asegurar que un niño, no importa donde nazca, tenga la misma probabilidad de tener una buena vida. Para conseguir este objetivo no nos podemos limitar a hablar de educación pública y gratuita para todos; es bastante más complicado que eso. Necesitaremos un Estado de bienestar bien diseñado que ayude a crear entornos familiares estables, guarderías para poder compaginar tener hijos y trabajo, educación de calidad de cero a tres años (de lejos, lejísimos, la política pública más efectiva en este caso), y ciudades y barrios tranquilos y seguros sin bolsas de marginalidad para evitar trampas de pobreza.
Si estáis llevando la cuenta, todas estas medidas no son precisamente baratas; aunque la derecha se haya querido adueñar del concepto, la igualdad de oportunidades requiere un Estado de bienestar potente, bien dirigido y eficaz. También hace que tengamos que redefinir algunas prioridades de gasto público, como las universidades, reduciendo la subvención a muchos alumnos.
III. Proteger y ofrecer bienes públicos
Dado que el Estado está actuando como una gigantesca compañía de seguros, es natural que trabaje en minimizar los riesgos sistémicos en una sociedad. Esto quiere decir, por un lado, hacer lo posible para evitar calamidades, haciendo cosas como regular la seguridad en líneas aéreas, la carne que venden en los supermercados o la solvencia de los bancos. De forma complementaria, además, el Estado debe trabajar para proteger bienes públicos como espacios naturales y medio ambiente (el cambio climático es la madre de todos los riesgos), y proveer aquellos bienes que el sector privado no es capaz de ofrecer, como infraestructuras o investigación básica.
La idea central debe ser siempre la misma: el Estado invierte en aquello que hace más fácil su trabajo. Regular aquello que puede generar costes sociales más allá de los actores implicados hace que el Estado, que es asegurador de último recurso, gaste menos dinero. Los bienes públicos generan un beneficio social por encima del coste para el estado de ofrecerlos.
IV. Combatir privilegios
Si el Estado trabaja para garantizar la igualdad de oportunidades, también debe hacerlo para eliminar ventajas injustas en la sociedad. Los gobiernos deben combatir monopolios, estimular la libre competencia, combatir la discriminación por motivos de género, raza o procedencia, y creando un mercado laboral donde trabajadores y empresarios negocien en pie de igualdad. El Estado además también debe evitar crear regulaciones que den ventajas injustas a unas empresas frente a otras o que protejan a unos trabajadores frente a otros. Esto quiere decir evitar licencias, patentes abusivas, oligopolios regulados, combatir la dualidad en el mercado laboral, eliminar barreras a la entrada como colegios profesionales y toda esa larga serie de leyes absurdas que generan rentas para unos pocos.
La izquierda debería reaccionar con horror a notarios, taxistas, farmacéuticos, registradores de la propiedad o la concentración empresarial. También debería huir de cualquier cosa que suene a subvenciones, política industrial, desgravaciones fiscales o ayudas especiales a empresas por su tamaño, actividad o conexiones políticas.
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¿Qué clase de sociedad queremos, si utilizamos estos principios como punto de partida? Tenemos un país con un Estado de bienestar fuerte, un gasto en educación considerable, fuertes programas de apoyo a la familia y fuerte redistribución de renta, pero con una economía regulada sólo en aquello imprescindible para proteger lo común y evitar privilegios. En otras palabras, Suecia, Holanda, Austria o Dinamarca.
Por cierto, si os habéis fijado, no he hablado en ningún caso de impuestos. Para la izquierda, cómo recaudamos el dinero para pagar todo esto no es relevante. Los impuestos son mucho más progresivos en Estados Unidos que en Suecia, al fin y al cabo. El motivo es que es muy, muy difícil crear un sistema fiscal progresivo, mientras que es mucho más fácil redistribuir de forma efectiva mediante gasto.