En 1982, en Santa Coloma de Gramenet, un grupo de padres y madres iniciaron una movilización para reivindicar que el catalán se convirtiese en lengua vehicular en sus escuelas. Muchos de ellos eran nacidos fuera de Catalunya, vivían en una ciudad en la que todavía hoy se habla mucho más castellano que catalán, y en la que Lluís Hernández, un alcalde del PSUC conocido como el cura rojo, les apoyó en su petición. Hernández fue el primer alcalde que tuvo esta ciudad en democracia, un sacerdote que ocupó el cargo durante tres mandatos seguidos, que se enfrentó a la púrpura eclesiástica en más de una ocasión, y que luchó por la dignidad de muchos barrios de Santa Coloma donde las condiciones de muchas viviendas eran vergonzosas.
La Generalitat estaba ya entonces presidida por Jordi Pujol. Convergència no era partidaria de la inmersión lingüística. Prefería el modelo de líneas educativas en función del idioma. Clases en catalán y clases en castellano, o lo que es lo mismo, segregar a los alumnos en función de la lengua. El PSUC, entonces partido de referencia de la izquierda, el PSC y ERC consideraban que el modelo pujolista implicaba crear una división no solo en la escuela sino también fuera de las aulas. El objetivo era asegurar la convivencia y también garantizar que la lengua débil no siguiese retrocediendo en su uso. La Ley de Normalización Lingüística (1983), la de Política Lingüística (1998) y la Ley de Educación (2009), establecen que “los niños y niñas no serán divididos ni en aulas ni en escuelas diferentes en función de su lengua” y que el objetivo es que todos los alumnos conozcan y dominen tanto el catalán como el castellano.
El expresident José Montilla, que conoce bien la realidad metropolitana, explicó de manera muy acertada que la inmersión debe entenderse como un método, no un objetivo. Como tal, puede ser revisado allí donde se considere que por el contexto social es necesario un refuerzo en catalán o en castellano. En Catalunya no existe un conflicto social por la lengua pese a que desde la derecha ya hace tiempo y últimamente desde algunos sectores radicales y minoritarios del independentismo se pretenda utilizar como munición partidista.
Identificar lengua con nacionalismo es un error. El catalán es la lengua materna de muchos ciudadanos que no solo no se consideran nacionalistas sino que abominan de un movimiento político de este tipo. Es una confusión interesada que ha alimentado la derecha, primero el PP y después Ciudadanos, y que Convergència, el partido nacionalista y hegemónico durante más de dos décadas, nunca atajó porque ya le iba bien. El catalán sigue siendo la lengua débil y, por lo tanto, la que requiere mayor protección en las grandes ciudades, empezando por Barcelona y su área metropolitana. Eso no significa que en aquellas escuelas rurales o de municipios en los que el catalán sea la lengua más habitual no haya que reforzar el castellano si se considera necesario desde el punto de vista educativo. Los pedagogos así lo reconocen, más aún en una sociedad cada vez más multilingüe. Y no solo eso, puesto que la conselleria de Educación, controlada por ERC, ha abierto la puerta a flexibilizarlo en esta línea. También el PSC ha propuesto superar el modelo después de 40 años. Es un debate que hay que abordar pero con argumentos pedagógicos y lingüísticos y no con peleas partidistas y mediáticas.
Las notas de los alumnos de esta comunidad permiten comprobar que el problema no es la lengua. La media en Lengua castellana y Literatura en la Selectividad del 2019 fue de 6’61. Es una calificación superior a la media del conjunto (5’65) y mejor, por ejemplo, que la de los alumnos de Madrid, Navarra, La Rioja o Galicia. Si se mira en perspectiva, desde el 2015 la puntuación ha ido mejorando año tras año. Además, a finales de la ESO los alumnos terminan con un nivel similar de catalán y castellano y superan el número 70, que es el indicador que la Generalitat utiliza para certificar que se ha alcanzado la competencia necesaria.
El texto acordado ahora entre PSOE, UP y ERC sobre la inmersión lingüística en Catalunya a través de la LOMLOE (la nueva ley de Educación destinada a sustituir a la llamada 'ley Wert' cuyo propósito fracasado era “españolizar” a los alumnos) elimina la referencia a que “el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares” y establece que “las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable”. No es ninguna barbaridad y se ajusta a la realidad de lo que ya sucede en las escuelas catalanas. A la derecha le parece una atrocidad mientras que una parte del independentismo considera que la norma se queda corta. La nueva ley ocupará de nuevo portadas, como viene ocurriendo desde hace años, más en los medios editados en Madrid que en las cabeceras catalanas, también en las que tienen doble edición, en catalán y en castellano. Otra vez aparecerá en los discursos políticos y más ahora con elecciones a la vista.
Ojalá el debate fuese sobre el fracaso escolar, la falta de financiación de la educación pública o los conciertos (por fin eliminados) a los centros que segregan por razón de sexo. Según el Instituto Catalán de Estadística (IDESCAT) el porcentaje de abandono escolar es del 19%. La media española es del 17,3% y la de la Unión Europea es del 10,3%. Y sí, en Catalunya existe segregación en la escuela, pero no por el idioma sino por la renta familiar. El problema no es la lengua, es la pobreza.