Ningún representante, o simpatizante, del espectro político de la izquierda formará parte del único organismo que puede defender la libre competencia y parar el abuso de las grandes empresas. Este es el resultado de uno de los principales desencuentros entre el PP y PSOE en materia económica, el de la creación del nuevo súperregulador que aglutinará los poderes de fiscalización que hasta ahora se repartían entre siete instituciones.
En un gesto muy infrecuente, el PSOE ha declinado nombrar a dos representantes en el consejo de este órgano. Desde la bancada socialista insisten en que no quieren participar de ninguna de las maneras de una institución en la que no creen. El cabecilla de esta operación de asepsia ha sido Valeriano Gómez, exministro de Empleo y que pasó en la segunda legislatura de Zapatero como uno de los políticos más “a la izquierda” del Ejecutivo. Gómez insiste en que nombrar a dos expertos hubiera sido entrar en el juego, cuando cree que la nueva institución está vendida a los designios del Ejecutivo del PP. A Izquierda Unida ni les han ofrecido la posibilidad de pasar de los nombramientos.
El purismo del PSOE se traduce, en la práctica, en arrojar en brazos de los conservadores (CiU y PNV sí han propuesto candidatos), la supervisión de la libre competencia del mercado. Parece un chiste de Fontdevila pero en realidad es un oxímoron muy real. Los que se autodenominan como liberales serán los encargados de poner coto al libertinaje de las empresas. Serán diez personas próximas a la derecha las que tendrá que trazar las líneas rojas a las corporaciones.
La decisión del PSOE suscita dudas razonables. ¿Debe participar el partido en lo que considera una pantomima? ¿O debe buscar minimizar el impacto del nuevo escenario nombrando a dos personas de su confianza que le adviertan de lo que está sucediendo dentro del nuevo organismo?
Además, ¿va el PSOE a tomar la misma decisión en el resto de organismos pendientes de aprobación como la Autoridad Fiscal Independiente? Por lo pronto, y pese a no estar de acuerdo con las posibles conclusiones, el PSOE no se ha cortado de nombrar a un experto en la comisión de sabios que ha propuesto el factor de sostenibilidad de las pensiones. Su representante, José Luis Tortuero, se abstuvo en la votación del informe final.
Sin entrar en la bondad o la lógica del nuevo organismo aprobado, ¿deben verse los votantes del PSOE (y de la izquierda en general) privados de tener a unos expertos simpatizantes con la ideología de su partido que controlen o adviertan de las posibles irregularidades que se están causando dentro?
Lo cierto es que en este momento, y al menos hasta las próximas elecciones, la oposición de izquierdas se ha quedado ciega, sorda y por lo tanto, muda sobre lo que se perpetre en el seno del nuevo organismo. Aunque en ningún caso su proporción hubiera cambiado el curso de los acontecimientos (dos votos frente a ocho), su capacidad de influencia y de control en una institución tan reducida era una ocasión que se ha dejado escapar.
Azote de Telefónica
Pese a poner en cuestión la prudencia de la decisión tomada por Gómez, no se puede dejar de recordar que este afiliado de la UGT es uno de los pocos que se atreve, dentro y fuera de sede parlamentaria, a meterse con las grandes empresas, especialmente con Telefónica. El miércoles en comisión parlamentaria recordó como la operadora española fue la primera en encargar un informe a la consultora estadounidense PriceWaterHouseCoopers sobre la posibilidad de fusionar todos los reguladores en uno. Un informe que sirvió de algo más que de inspiración para el modelo final de este regulador. De hecho, ha sido el veto de la Comisión Europea la que ha logrado corregir algunos de los dislates de aquel diseño inicial.
Gómez fue también el ministro que cambió la legislación para obligar a las grandes empresas que hacen ERE a costear las prejubilaciones. El cambio de normativa se conoció como “cláusula Telefónica” porque para el ministro fue un caballo de batalla el obligar a la operadora a costear las cotizaciones que hasta ahora tenía que soportar la Seguridad Social.
Mención aparte merece el intervencionismo de un Gobierno que se erigió como el de la representación del liberalismo económico y que con la composición de este organismo podrá moldear los cauces de la regulación entre empresas de una forma mucho más socorrida. Si hasta ahora el peligro de los organismos supervisores de Competencia era la captura por parte de los regulados -las empresas supervisadas- ahora parece que el peligro es ser capturado por el Gobierno.
Posdata: La última perla de la política de la libertad económica del Ejecutivo popular ha sido la designación de Juan Carlos Aparicio, exministro de Trabajo con Aznar, consejero de Indra (la empresa privada tecnológica) en representación de la SEPI. En agosto, el Estado se quedó con el 20% de la empresa que estaba en manos de Bankia para proteger lo que el Gobierno considera una compañía estrategica. Sin embargo, según las fuentes de la SEPI (la sociedad paraguas que aglutina todas las empresas públicas) su paso por Indra sería de muy bajo perfil y efímero. El nombramiento de nada menos que un exministro (y también un exalto cargo de Fomento) deja entrever que el PP se toma mucho más en serio de lo que dice su paso por la tecnológica.