Hay discursos en los que hay que ser firme y convincente para no acabar trasladándose a los posicionamientos de la extrema derecha. Ese deslizamiento hacia sus marcos es habitual en los partidos conservadores, pero no es un mal del que esté a salvo la socialdemocracia europea. El ejemplo paradigmático es la política migratoria, donde no hay diferencia alguna entre las políticas públicas llevadas a cabo por el PSOE a través de Grande Marlaska y las que lleva un país gobernado por la extrema derecha como la Italia de Giorgia Meloni. No es el único asunto en el que el PSOE acaba intoxicado por los posfascistas.
Uno de los temas en los que la extrema derecha ha dado la batalla cultural ha sido el de la criminalización de las personas trans, mediante la doctrina de Hazte Oír de “los niños tienen pene, las niñas tienen vulva”. No importa lo que signifique el lema, importa lo que busca, la discriminación del colectivo trans y su patologización. La extrema derecha trata a las personas trans como enfermas. Ese pensamiento es criminal para la identidad y los derechos del grupo, pero hubo quien dentro del PSOE, en el momento en el que se disputaba una lucha de poder en el feminismo, se deslizaron hacia discursos de odio para adquirir mayor capital político y fueron funcionales a los intereses de la extrema derecha. No todo el mundo tiene la capacidad para manejarse en el debate público con la finezza que merecen ciertos temas por su delicadeza y hay quien acabó derivando en posiciones reaccionarias que favorecían el discurso posfascista. Una de esas personas fue Isabel García Sánchez, la nueva directora del Instituto de las Mujeres.
Los derechos trans son derechos humanos que el Gobierno tiene que proteger, en especial el Ministerio de Igualdad, al que corresponde de manera específica esa atribución. Por ello Ana Redondo, ministra de Igualdad, no puede hacer un nombramiento que desprecie, humille y discrimine al colectivo trans. Esto, que debería ser una perogrullada, no se ha producido y la ministra ha faltado a su deber, lo que debiera ser motivo de dimisión obligada. Para ella por nombrar, y para la nombrada por su discurso de odio tránsfobo.
El Ministerio de Igualdad está obligado a defender al colectivo trans según su propia concepción. El Real Decreto 455/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Igualdad, precisa que corresponden al Ministerio de Igualdad la prevención y erradicación de las distintas formas de violencia contra la mujer, así como la eliminación de toda forma de discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, orientación sexual, identidad de género y edad. Es decir, el Ministerio de Igualdad tiene entre sus atribuciones la defensa del colectivo trans de los discursos de odio, y huelga decir que no se lo defiende incluyendo en su organigrama a una mujer que les niega su propia condición. Para Isabel García Sánchez, directora del Instituto de las Mujeres, las mujeres trans no son mujeres y defender sus derechos corresponde a una especie de “delirio trans”, además de usar la misma terminología fascista y conspiranoica al hablar de un “lobby trans” con capacidad para influir en la sociedad y en los partidos por el simple hecho de defender sus derechos humanos como colectivo. Cualquier progresista entendería que si hubiera calificado en el pasado de “lobby negro” los esfuerzos por eliminar la discriminación racista de las mujeres negras estaría ya cesada. Por alguna razón una parte del PSOE entiende que el colectivo trans sí puede ser despreciado sin consecuencias.
El PSOE con este nombramiento se ubica en el mismo lugar que la extrema derecha en el ataque a los derechos del colectivo trans en un momento en el que empieza a haber un retroceso en administraciones como Madrid. En esta dinámica cultural y política de contraofensiva reaccionaria cada mensaje importa. Todo lo simbólico es importante. Pedro Sánchez se comprometió a que no hubiera ninguna regresión en derechos del colectivo trans y este nombramiento es un claro repliegue porque valida los ataques tránsfobos y genera indefensión en el colectivo. La ministra de Igualdad les manda un mensaje de desamparo.
Pedro Sánchez no intervendrá para destituir a la nueva directora del Instituto de las Mujeres porque considera que debe ceder ante el sector tránsfobo del feminismo que tiene mucha instauración en un sector del PSOE liderado por Carmen Calvo. El presidente piensa que a ellos no les pasa factura este nombramiento y solo una inmensa presión le haría cambiar de opinión. Además, usa esta polémica para quebrar a Yolanda Díaz y debilitarla al aumentar la brecha con Podemos e incrementar el ataque de los morados por la salida de Irene Montero del Ministerio de Igualdad. El PSOE ha llegado a la conclusión de que puede recuperar todo el electorado de Sumar y para ello está utilizando una doble estrategia, el abrazo del oso y utilizar los ataques de Podemos a Yolanda Díaz para capitalizar ese descontento y recoger todos los votos de la sangría. Es triste que para estas disputas de poder se usen los derechos trans como arma arrojadiza.