La teoría feminista establece que los problemas de la mujer en el trabajo tienen que ver con tres factores: la violencia sexual, los derechos reproductivos y los derechos salariales. Si los derechos civiles son aquellos derechos que garantizan tu participación en la vida pública, estos son los aspectos que limitan, dificultan o impiden la participación de las mujeres en el mundo laboral. Ha costado un siglo nombrarlos, y más de cincuenta años poder pronunciarlos en conversación sin generar burla, desprecio o violencia. Más está costando introducirlos en la legislación: nuestra primera Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres fue aprobada por las Cortes Generales de España hace exactamente una década. Y fue recurrida dos meses más tarde, precisamente, por el Partido Popular.
Consideraba el PP de 2007 que aspirar a una paridad en los puestos de responsabilidad política vulnera el derecho a participar en los asuntos públicos a través de representantes libremente elegidos en condiciones de igualdad, rompe con el principio de igualdad constitucional, condiciona la expresión ideológica y de los partidos políticos y limita ilegítimamente la capacidad de elección, obligando a los partidos políticos a confeccionar las listas teniendo en cuenta el sexo de los candidatos. Por ese motivo se abstuvo de votarla y después interpuso un recurso para declararla inconstitucional. El recurso fue desestimado medio año más tarde por el Tribunal Constitucional. En aquel momento, Cristina Cifuentes estaba al cargo de la Secretaría Ejecutiva de Política Territorial del Partido Popular de Madrid.
En su entrevista con la revista SModa llena de titulares sabrosos, la presidenta de la Comunidad de Madrid declaraba la muerte del feminismo con las siguientes palabras: “El feminismo tradicional ha tenido un papel muy importante, sobre todo en la época en la que había que legislar para lograr la igualdad. Pero ahora, esa fase ya está superada, la igualdad legal ya existe”. Según Cifuentes, que es licenciada en Derecho por la Complutense de Madrid, el feminismo habría muerto de puro éxito, y la prueba era la propia Cifuentes y las muchas mujeres “entre las que me incluyo, que hemos tenido la suerte de no haber sido discriminadas”.
Se deduce que Cifuentes, que en el Partido Popular ha sido vicepresidenta primera, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular y portavoz de comisiones como Presidencia, Justicia e Interior; Educación, Vigilancia de las Contrataciones, Cultura y Control del Ente Público Radio Televisión Madrid, nunca ha sido discriminada por su condición de mujer. Que el partido en guerra permanente contra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, contra la Ley de Igualdad y contra las políticas de protección a las víctimas de la violencia de género es, cuando lo vives desde dentro, un marco ejemplar para la realización profesional y personal de cualquier mujer.
Si de los trece ministros del gobierno solo hay cuatro mujeres, los presidentes del Congreso y del Senado son todos hombres y solo cuatro de 19 presidentes autonómicos son mujeres, es porque no hay mujeres a la altura de las exigencias. O no se presentan a las elecciones porque no tienen voluntad de poder. Si bien la Presidenta del PP de Madrid reconoce que hay micromachismos, y que hay que reivindicar la igualdad para aquellas mujeres que todavía la sufren, se entiende que lo sufren aquellas que no saben ponerse tacones ni hacerse las rubias, o ser como sus “amigas feministas que van perfectamente arregladas” y dejar de “ir en contra de los hombres”, que “han de ser nuestros aliados, no nuestros enemigos”. Esta es, probablemente, la frase que más define su postura. Cifuentes es aliada de su partido, y no de su género. Si fuera de otra manera, no estaría en el poder.
En España, las mujeres universitarias son un 54,1% del total y su rendimiento en títulos de grado y máster supera al masculino en diez puntos porcentuales. Sin embargo, solo el 16,8% del total son catedráticas, mientras que tres de cada cuatro profesores de primaria y secundaria (un 71,6% en el curso 2014/2016) son mujeres. El salario medio anual de una mujer es un 22% más bajo que el de un hombre. Un 15,2% recibe el salario mínimo o menos ( para los hombres es tres veces menos, un 5,6%). Estos números desembocan después en las prestaciones: una pensionista recibe una media de 597,21 euros mensuales, mientras que su equivalente masculino cobra alrededor de 971,92 euros. Casi la mitad de mujeres que viven en la Unión Europea afirma sufrir acoso laboral.
El Artículo 14 de la Constitución Española dice que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Es la misma constitución donde se establece que la sucesión del Jefe de estado “seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer”.
Esta esquizofrenia no es la excepción; ser mujer en España está castigado por norma, a menudo por costumbre y, en algunos casos, hasta por ley. Cifuentes asegura que “quien tan siquiera sugiera que yo tengo actitudes machistas, miente descaradamente y, desde luego, me conoce muy poco”. No hace falta conocerla para entender lo que hace cuando dice que “la igualdad legal ya existe”: se estaba haciendo la rubia porque con eso consigue mucho más.