El caso Acuamed, denominado técnicamente “Operación Frontino”, que investiga el posible desvío de fondos públicos en la construcción de infraestructuras hidráulicas, amenaza con sembrar la desconfianza de la sociedad hacia uno de los sectores más importantes del medio ambiente en nuestro país: el del agua.
Como la manzana que se pudre en el fondo del cesto, los casos de corrupción que afectan a una gran empresa pueden acabar dañando a todo un sector. Por eso conviene aclarar de quién estamos hablando para determinar las responsabilidades y evitar injustas generalizaciones.
Para empezar dejemos muy claro que la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) es una sociedad anónima gestionada exclusivamente por altos cargos ministeriales. Su consejo de administración lo forman secretarios de estado, directores generales, jefes de unidad, asesores de la Presidencia del Gobierno y otros. Se trata de cargos políticos elegidos a dedo.
Respecto a su razón de ser, la propia sociedad estatal dice que “La principal actividad de Acuamed es la fabricación de agua”. Y ya vamos mal. De hecho no podíamos empezar peor. Esa frase denota el profundo desconocimiento de sus responsables sobre la materia que les ocupa.
Considerar al agua un producto, cosificarla, desnudarla de su alto valor medioambiental y social, desnaturalizarla hasta entenderla como “lo que corre por las cañerías” es la base de ese error. Ese posicionamiento de partida marca la diferencia entre el concepto “negocio” aplicado al agua como mercancía y el concepto “servicio” aplicado a su condición de recurso natural cuyo acceso está reconocido por Naciones Unidas como un derecho humano.
Acuamed se encarga de construir infraestructuras, no de gestionar el agua: ahí está la clave. Esta empresa estatal, que ha generado graves impactos ambientales con su actividad, maneja un presupuesto anual de más de 3.500 millones de euros destinado en buena parte a la construcción y puesta en marcha de plantas desalinizadoras. Parecen estar obsesionados con ellas.
Según la propia empresa, su objetivo principal es “incrementar los recursos hídricos disponibles desde Málaga a Girona”. Para ello parten de una mentira conceptual: “Nuestro aliado más valioso para conseguir agua, donde hay escasez -dicen en su presentación- es la desalación, la alternativa más económica, flexible y limpia para garantizar el suministro independientemente de las condiciones meteorológicas”. Mentira tras mentira: la desalinización de agua marina ni es económica, ni es flexible, ni es limpia. Son ineficientes energéticamente, inamovibles y generan un residuo con un alto impacto ambiental: la salmuera. Otra cosa es que con el paso del tiempo nos veamos obligados a recurrir a esta tecnología. Pero a la hora de afrontar los retos de suministro que nos plantea el cambio climático existen otras herramientas mucho más sostenibles y eficaces.
Una de las principales es el fomento de la concienciación ciudadana para avanzar hacia un modelo de consumo más responsable y eficiente. Un modelo basado en el ahorro y la responsabilidad ambiental de la sociedad a la hora de relacionarse con el agua. Lo que debemos hacer es gestionar mejor la demanda, no multiplicar la oferta a base de desalinizadoras y trasvases. Esa es una respuesta tan fácil como irresponsable.
Aunque claro, con la educación, la eficiencia, el conocimiento compartido, el trabajo en red y la transparencia en la gestión no se puede especular con ella. Por eso pensándolo bien a lo mejor no erraron tanto a la hora de definirse como “fabricantes de agua”. Solo así, entendiendo el agua como negocio, se pueden dar irregularidades tan graves como las que investiga la justicia.
Aquí lo que ha ocurrido es que gente sin escrúpulos decidió meter sus sucias manos en el agua para lucrarse con ella. Pero sería injusto alargar la sombra de la sospecha a todos los que trabajan en su gestión de manera honesta y responsable.
En este país son muchos los centros de investigación, las universidades, las empresas, las instituciones y los profesionales que desde diferentes ámbitos, públicos y privados, gestionan el acceso al agua desde la responsabilidad social, el respeto al medio ambiente y la protección de la naturaleza. Malditos sean los que han enturbiado su labor: quitad vuestras sucias manos del agua.