Entre las propuestas de algunos de la campaña electoral y las conversaciones posteriores estaba la reforma de la Constitución. Pero el enfoque diferente de los partidos ya hacía predecir que realmente no sería etapa de cambios. Ello estaba marcado por el inmovilismo y el bloqueo que se preveía del partido mayoritario. También por la inviabilidad numérica para sacar adelante algunas propuestas de todos y que eran un mix de brindis al sol y ocurrencias.
En todo caso, no voy a tratar de las supuestas pretendidas “reformas” ni menos de las impresentables propuestas de hacerlas sumarísimas, exprés, sin debate. Me parecen lo más contrarias al espíritu constitucional. Que quien lo proponga se presente como reencarnación del dirigente más triturado por la derecha como fue Adolfo Suarez o como emulación de Sir Winston Churchill (que escribió ocho volúmenes de su biografía y sus ideas), me parece un insulto a la inteligencia. Por ello, aviso que me ocuparé en estas reflexiones de temas menos frívolos.
La Constitución de 1978 diseñó un marco de convivencia en la que, junto a elementos característicos de ideología de derecha, se contenían multitud de normas y pautas claramente progresistas. Desde la idea del Preámbulo de avanzar en una “sociedad democrática avanzada”, son numerosos los principios que así podrían calificarse.
Valores superiores de igualdad y justicia (entendida como equidad) al mismo nivel que la libertad y el pluralismo, la interdicción en la arbitrariedad de los poderes públicos, un amplio y profundo tratamiento y reconocimiento de los derechos humanos, una interpretación amplia e internacional de estos, el control del poder por los tribunales de justicia, un régimen de garantías para los ciudadanos, etc.
En aquel tiempo fue, sin duda, una conquista para los demócratas. Muchos sentimos que España empezaba a recuperar el tiempo perdido y salir del estancamiento e incluso retroceso histórico de los años grises. En el contexto de un país que estrenaba traje de etiqueta y diseñaba las bases para el futuro, se avanzaba pese un alud de problemas muy severos, en casi diario terrorismo, crisis económica gravísima, asonadas golpistas etc. Pero, además de otros factores, se tenía la ilusión de construir el futuro aunque los lastres de un franquismo sociológico se mezclarían con los virus de una partidocracia nueva mal configurada.
Sin embargo, con el paso de los años, sobre todo desde finales de los ochenta se generó un retroceso de cuyas larvas viene esta carcoma. Aplicándolo a nuestro país, como una vez escribí, podemos rememorar el mejor Vargas LLosa en Conversaciones en la Catedral en la pregunta inicio del libro “¿Cuándo se jodió el Perú?”
De una manera poco perceptible se fueron desvirtuando numerosos principios constitucionales, y el proceso de involución o de relectura ha generado una decepción en numerosos sectores sociales. La segunda legislatura del anterior presidente y la última que hemos sufrido (en el sentido más real), han acelerado las alarmas que algunos ya expusimos hace tiempo. Quizás aquellos que estuvimos dentro vimos especialmente deteriorarse el sistema.
En estos lustros, pero más intensamente en lo últimos ocho años, se ha producido una reforma encubierta de la Constitución. Nuestro texto es de los que se definen como “rígidos”, haciendo muy difícil una modificación siguiendo los cauces previstos en la propia Norma básica. Para algunos asuntos, está, además, agravada tal reforma, haciéndola más de difícil, casi imposible.
Sin embargo, de modo torticero se ha producido una modificación de las esencias de la Carta Magna. Es lo que en Derecho Constitucional se denomina “mutación”. Esta puede ser de diversos tipos y entre ellas están las debidas a prácticas políticas en oposición abierta a preceptos constitucionales. También las producidas por reinterpretación de los artículos de la Constitución, haciendo los preceptos obtener un contenido real distinto de aquel con el que en principio fueron pensados y diseñados.
Algún jurista como Jellinek y otros distinguen entre mutaciones constitucionales, lógicas por la elasticidad que debe tener una Norma básica tendente a la permanencia, y las inconstitucionales o ilegítimas en las cuales lo que parece ab initio inconstitucional pretende hacerse pasar, más tarde, conforme a la Constitución. Y habría que distinguir bien entre la necesaria flexibilidad de un texto y las manipulaciones fraudulentas de un “poder constituyente difuso” (Burdeau) que han venido asumiendo gobernantes posteriores y recientes.
Ese relectura o, peor aún, reescritura de nuestra Constitución, prolongada como un goteo pero intensa estos ocho años en España se produce en un contexto de neoconservadurismo global, europeo y español. Ni el PSOE es socialista ni el PP es de centro derecha. Han mutado hacia la derecha. Entre ambos y con varios cómplices, nos han cambiado la Constitución.
Lo que juristas llamamos “mutación constitucional”, el brillante sociólogo italiano Luciano Gallino, desaparecido hace pocos meses, lo calificaba, acaso exagerada como brillantemente, como “golpe de Estado a plazos”. Hace poco lo recordaba el magistrado Perfecto Andrés Ibáñez en eldiario.es. Y es una realidad lo que se ha producido aquí. Como alguna vez literalmente he escrito, cuando los ladrones quieren apoderarse del botín, empiezan por desactivar alarmas.
En este sentido, primero se produjo la ocupación por los partidos de las instituciones de control que empezaron a ser desvitalizadas y controladas en vez de controladoras. Desde el Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas y un largo etcétera. Una vez hecho esta labor haciendo otra lectura apropiadora de la Constitución en “la parte orgánica” ya se estaba en condiciones de acometer la segunda parte de la mutación y la más grave que afecta a la denominada en Derecho Constitucional “parte dogmática”.
Me refiero a la reinterpretación del eje y los cimientos de una Constitución moderna y democrática: los derechos fundamentales. En estos últimos ocho años ha sido intensa. Resuenan todavía en los corazones de numerosos diputados y militantes del partido gobernante entonces el anuncio presidencial en el Congreso un 12 de mayo 2010 de una batería de medidas profundamente regresivas y alejadas de las teorías socialistas. Una claudicación total ante los poderes financieros y ajenos a la soberanía nacional cuyo titular es el pueblo español (artículo 1.2 CE)
En agosto del año siguiente se produciría una reforma constitucional en escasos días entre el gobierno que marchaba y los que se disponían a llegar. El nuevo artículo 135, impuesto desde fuera de España y fuera de poderes políticos, suponía blindar los recortes sociales. Era dar toda la primacía a la economía sobre las personas y la política.
Con el año nuevo de 2012 llegaría lo aún más viejo y retrógrado. Cuatros años donde la reinterpretación y mutación de la Constitución en materia de derechos ha sido intensa, avalada siempre por un Tribunal Constitucional controlado (acaso con las tasas judiciales, desaparecido aquel ministro de Justicia, puedan dar cobijo al sentido común, o la anulación parcial de la reforma del régimen local).
La crisis económica fue una coartada para el neo conservadurismo. Ha tenido reflejo en una catarata de normas que dejan minado y bastante atado, para un Parlamento fragmentado, el desmontaje. Por ello, aunque no se reforme la Constitución, hay que recuperar lo bueno que tenía antes de los mutantes.