Érase una vez un hombre que confundía política y justicia. O hacía creer que las confundía. Cuando debía hacer política solía pedir que le sustituyesen quienes impartían justicia. Pero no sólo no las confundía, sino que daba prioridad a poder disponer del aparato de justicia antes que al de la política. Resultado: Érase una vez un presidente del Gobierno que consideraba más conveniente que hubiese ministros de Justicia del perfil moral y ético de Federico Trillo, durante la etapa de Aznar, y luego Alberto Ruiz Gallardón o Rafael Catalá en la suya, que la idoneidad de los titulares de Economía, Interior o Asuntos Exteriores. Cuando se analiza la trayectoria de Mariano Rajoy se comprueba que consideraba más trascendentes las maniobras estratégicas y los nombramientos bien calculados en el área judicial que lo referente a nuestra representación diplomática en Bruselas o Washington.
Gracias a ese cuidado y a la fuerza y la inducción de temores que rodean al hecho de ostentar el poder, Rajoy ha vivido revestido de una sólida coraza defensiva en relación a sus responsabilidades legales tanto como máximo dirigente del Partido Popular como en su condición de persona individual. Esa armadura hasta ahora ha sido buena, más buena que la justicia española. Porque a pesar de algunas sentencias concretas llamativas y admiradas, la justicia española ni está bien estructurada ni es eficiente, independientemente de que a muchos ciudadanos les parezca poco imparcial. ¿Y aquellas sentencias aplaudidas? A veces la mala justicia para perpetuarse no tiene más remedio que hacer algo visible, que le salve la cara, en los casos perdidos en que existen evidencias irrebatibles que son de dominio público gracias a los medios de comunicación.
Por ahí han ido las cosas en el caso Gurtel. El tribunal no ha llegado a todo el fondo de las cosas, pero que se convirtió en un tema incontrolable desde la confesión pública de un conserje descontento de Majadahonda con la parte del pastel que le atribuían. Reunió papeles y grabaciones decisivas y no se arrugó cuando fue presionado.
Aun así, la sentencia no condenó a Rajoy. Pese a sus indiscutibles méritos para caer, a la vista de cómo es nuestra justicia hay que reconocer que se ha hundido casi por casualidad o accidente. Lo tenía todo bien atado y los magistrados no han dictaminado que fuese técnicamente responsable de delitos. De momento -el caso sigue abierto porque deben juzgarse aún diversas ramificaciones- el tribunal ha sentenciado a algunos malhechores; pero su aportación principal a la justicia fue hacer constar que los testimonios de Rajoy no eran convincentes pese a que tenía la obligación de no mentir. Si la mayoría de la opinión pública le considerase inocente los partidos escandalizados -discrepantes entre sí casi en todo- moralmente no habrían podido aunarse para que prosperase moción de censura.
Aunque políticamente haya sido un golpe seco y en la nuca, la justicia en realidad no fue muy lejos. Ni siquiera sabemos si esos testimonios no convincentes se investigarán. Ante eso, sólo el futuro dirá si por Gürtel acabarán yendo a la cárcel todos los que deben ir, si Rajoy estará entre ellos, si pagarán todo (y no sólo parte) de lo que han hecho y si luego cumplirán de manera efectiva todas las condenas. No sean ingenuos: hay situaciones en que cuando la justicia hace Algo se nos quiere hacer creer que lo ha hecho Todo cuando eso no es verdad.
La llamémosla ‘independencia judicial’ diseñada por los Trillo, Gallardón y Catalá ha presidido la actuación de los tribunales en la etapa del destape de la corrupción generalizada del PP. Amagando y dando o no dando desde la fiscalía, moviendo continuamente peones decisivos para la composición de los tribunales, el Gobierno popular y su muy próxima cúpula del poder judicial habían conseguido que los tribunales hasta actuasen -muy poco a iniciativa propia, por cierto- con lo que se podría definir con la palabra habilidad ante las evidencias que iban rodeando a Mariano Rajoy sin mancharle. En los tribunales pasaba de todo salvo dos cosas: no se cargaba la mano contra los que suministraban ilícitamente el dinero al partido (eso habría cortado en seco la continuidad delictiva) y las exigencias de responsabilidades que se decían probadas no llegaban nunca hasta arriba del todo.
Érase una vez Álvaro Lapuerta, que acaba de fallecer, quien con los otros tesoreros del PP (Rosendo Naseiro y Luis Bárcenas) supieron ser tan decisivos como aquel trío de ministros de Justicia para forjar la solidez de la muy bien diseñada coraza. Para Rajoy el problema es que ahora ha perdido su capacidad de elección y mando sobre el Fiscal General del Estado. Es lo más peligroso de su salida de la presidencia porque le deja solo cuando hay por delante muchos juicios que pueden comprometerle. Su situación recuerda a la de Francia, donde los verdaderos problemas con la Justicia les llegaron a Chirac y Sarkozy cuando perdieron las corazas del poder. Lo que le pase no puede llamarse revanchismo. Su nombre es justicia, eso que algunos no confunden, sino que ningunean cuando están en lo más alto de la política.