Como mujer y ciudadana estoy muy preocupada con la llegada de la derecha y la ultraderecha al gobierno de España, pero como docente y como historiadora estoy horrorizada. En primer lugar, porque viendo las primeras medidas de esta alianza en ayuntamientos y comunidades autónomas, la vuelta de la censura al país es una realidad. La censura a la cultura, a la libertad de creación y a la libertad de expresión es un hecho objetivo. En segundo lugar, porque una de las primeras medidas de ese hipoténtico gobierno, con Feijóo de presidente y Abascal -dependiendo de los resultados- de vicepresidente o en otro cargo de influencia, derogaría la Ley de Memoria Democrática, una de sus obsesiones, que forma parte del llamado sanchismo.
Después de más de 40 años de la muerte del dictador Francisco Franco el Estado no había hecho sus deberes con su historia reciente y traumática. La aprobación de la mal llamada Ley de Memoria Histórica en 2007, en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y de la reciente Ley de Memoria Democrática en 2022 ha permitido que este país se reconcilie con ese pasado oculto y trágico. De este modo se está exhumando a cientos de las muchas víctimas que siguen tiradas en las cunetas, en fosas comunes de cementerios o en el monumento fascista de Cuelgamuros, se están eliminando nombres de enemigos de la democracia de las instituciones, y se está reconociendo a los luchadores de la libertad y represaliados por el régimen dictatorial.
Pero eso escuece mucho a un partido como Vox, abiertamente profranquista, y al PP, creado por siete exjerarcas franquistas, seis de ellos exministros. Les irrita que los vencidos en el 39 sean rehabilitados y que nuestra democracia enlace con la primera de este país, la de 1931, y más teniendo en cuenta que fue un régimen republicano, anatema para estos monárquicos de pata negra y autoritarios de todo pelaje. Debe ser muy peligroso y contribuir a abrir heridas, como dicen ellos, homenajear a los investigadores de la Junta de Ampliación de Estudios (JAE) que fueron represaliados y obligados al exilio. También debe ser gravísimo renombrar el Instituto de Química Física del CSIC con uno de los más ilustres investigadores de este país como Blas Cabrera y Felipe, amigo de Albert Einstein, que fue apartado de su cátedra mediante una orden ministerial en febrero de 1939 y obligado a exiliarse. En este sentido, recuerdo con nostalgia y orgullo haber formado parte de la primera cátedra universitaria sobre memoria histórica del país. En concreto me refiero a la 'Cátedra Extraordinaria de Memoria Histórica del siglo XX' de la Universidad Complutense, creada bajo el rectorado de Carlos Berzosa en 2005 y dirigida con maestría por el gran historiador Julio Aróstegui, mi querido profesor, hasta su fallecimiento en 2013.
Si se analiza el programa electoral de Vox es un espanto en general, pero en términos historiográficos es una aberración. Además niega la libertad de cátedra, emulando al marqués de Orovio en 1875, ellos que añoran tanto el modo e vida aristocrático. Y parece querer resucitar la Ley de Jurisdicciones de 1905 durante la monarquía oligárquica de Alfonso XIII.
En el apartado segundo, punto 15, afirman: “Dotaremos de la máxima protección jurídica a los símbolos de la nación, especialmente la Bandera, el Himno y la Corona. Las penas por las ofensas y ultrajes a España y sus símbolos o emblemas deben agravarse para que ninguna afrenta a ellos quede impune”. Y en el 23: “Difundiremos y protegeremos la identidad nacional y la aportación de España a la civilización y a la historia universal, con especial atención a las gestas y hazañas de nuestros héroes nacionales dentro y fuera de nuestras fronteras”. Me he tomado la molestia de copiarlo literalmente para que no me acusen de manipulación. Como se observa, sólo conciben la historia bélica de reyes y soldados, aunque incluya desastres como la guerra de Marruecos, aparte de Annual. Al mismo tiempo hablan de España como si esa realidad hubiera existido desde Atapuerca, ignorando las complejidades y diversos procesos que desembocaron en la construcción del estado nacional en el siglo XIX.
En este sentido Vox plantea una Proposición de Ley Orgánica “para exigir una respuesta penal contundente frente a los ataques contra la unidad nacional solicitando la modificación del Código Penal añadiendo la pena de pérdida de la nacionalidad española; incorporando los delitos contra la unidad de la Nación e incrementando las penas por los delitos de ultrajes a España”. Además, añade otra Proposición de Ley Orgánica para ilegalizar a los partidos políticos separatistas y terroristas. Y otra PNL en Comisión de Interior “para la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución por la dejación de la Generalidad”.
Asimismo, cuestiona y arremete contra la libertad de cátedra, un derecho básico, garantizado por la Constitución del 78, esa que dicen respetar tanto. Pero está claro, que sólo contemplan aquellos artículos que les interesa o conviene a su ideario. En el apartado 4, titulado “Nuestra libertad”, señalan: “Los hijos no son del Estado ni de los organismos supranacionales. Son de sus padres. Por ello, recuperaremos la legítima autoridad de los padres y su protagonismo en la educación de sus hijos, empezando por garantizar el conocimiento previo y aceptación de los padres de cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico que puedan recibir sus hijos en el aula. Derogaremos la Ley Herodes y todas las leyes que vulneran los derechos de los padres a educar a sus hijos en libertad. Empezaremos por revertir una de sus más graves consecuencias: la presencia en el aula de activistas y asociaciones que pretendan adoctrinar ideológicamente a los niños pasando por encima de la autoridad de sus padres”. Este fragmento parece una traducción de un texto del ala más radical del Partido Republicano, del Tea Party, que son negacionistas del darwinismo y que se niegan a escolarizar a sus hijos. Y para combatir esta situación activarán el pin parental, que es el término que eufemísticamente utilizan para denominar esa censura, y que han colocado en la agenda mediática y política desde hace años.
También dedican lindezas a la universidad, fijación obsesiva de todos los conservadores y reaccionarios desde los tiempos de Jovellanos. En el punto 59 de este mismo apartado afirman: “La Universidad debe ser rescatada de todas las imposiciones ideológicas totalitarias y su cultura de la cancelación, recuperando su vocación como espacio de libertad y búsqueda de la verdad y la belleza. Garantizaremos la libertad de cátedra de los profesores en las aulas frente a las imposiciones de la corrección política”. Algún despistado me dirá que defienden la libertad de cátedra, pero lo que pretenden es tomar el control de la universidad para propagar postulados imposibles, negacionistas y acientíficos. Recordemos solamente que quieren eliminar las agencias meteorológicas, porque son tan simplistas que deben creer que, si no se habla del cambio climático, igual desaparece el problema.
En el punto 63 afirman vuelven sobre las supuestas gestas heroicas y los símbolos: “Incluiremos en los currículos contenidos sobre la historia de España, la identidad nacional y la aportación de España a la civilización y a la historia universal, con especial atención a las gestas y hazañas de nuestros héroes nacionales, así como a los símbolos de la Nación, especialmente la Bandera, el Himno y la Corona. Se promoverá también el conocimiento de las manifestaciones culturales propias de nuestra Nación y de la Hispanidad”. De este modo impondrán en las clases de historia el combo completo de la historia neofranquista, mal llamada revisionista, que se asemeja a las crónicas y a los valores de la historia oficial de la dictadura.
Pero, afortunadamente, las ciencias sociales y la historiografía han avanzado mucho en este país en los últimos años con investigaciones serias y rigurosas, abordando cuestiones espinosas de nuestro pasado traumático. Estos ya no son los tiempos en que Ricardo de la Cierva era director de Cultura Popular, con los archivos que implicaban el estudio de la guerra y la posguerra cerrados a cal y canto. Y donde para leer algo diferente a la historia franquista había que acudir a los libros de la mítica editorial Ruedo Ibérico de José Martínez y a los hispanistas anglosajones.
El Partido Popular no se pierde en tantas disquisiciones en su programa, es más pragmático. Sólo señala dos veces la Ley de Memoria Democrática, que quieren suprimir, en la página 66 y 70. En su propuesta número 222 exponen: “Impulsaremos, derogando la mal llamada Ley de Memoria Democrática, una nueva norma consensuada que refuerce los principios democráticos y la reconciliación nacional que fundamentaron el pacto constitucional durante la Transición, así como la convivencia democrática de una sociedad, la española, que aspira a la justicia y al reconocimiento de la verdad”. Parece que sólo les interesa la historia de España desde la Transición, aunque recordemos que el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, inauguró en noviembre de 2022 una estatua que homenajeaba a la Legión de Franco y Millán Astray. Si no fuera real parecería una broma de mal gusto, ya que esa escultura, ataviada con las ropas y complementos de 1920, evoca un pasado infausto por las brutales prácticas empleadas que se importaron en la guerra civil. Esos legionarios, curtidos en la cruenta guerra colonial, arrasaron localidades y violaron mujeres en la península a partir de 1936. Además se encuentra en pleno Paseo de la Castellana, no muy lejos del monumento a la Constitución de 1978. Los espacios simbólicos son muy relevantes y las casualidades no existen.
Asimismo, el PP ha consentido la destrucción a martillazos de la placa dedicada al ministro de Trabajo y presidente del Gobierno durante la República en guerra, Francisco Largo Caballero, con la complicidad de Vox y Ciudadanos. Muchos españoles deberían conocer los enormes avances en derecho laboral que este viejo sindicalista, curtido en mil batallas, aplicó al país y en particular al campo en los años 30. Aprovecho para recomendar la colosal biografía de este personaje de la historia de España, Largo Caballero. El tesón y la quimera (Barcelona, Debate) que publicó Julio Aróstegui en 2013, poco antes de fallecer, y a la que consagró buena parte de su vida investigadora. La placa estaba colocada en el edificio donde naciera en el madrileño barrio de Chamberí, y los Tribunales de Justicia han condenado y desautorizado recientemente su infame retirada. Demasiado tarde para la placa destrozada a conciencia por los operarios del ayuntamiento, obedeciendo órdenes superiores, y cuyos fragmentos se encontraban en dependencias municipales.
Por último, lanzo una última reflexión de cara a las elecciones del próximo domingo. Aunque muchos nos quieran hundir en la noche de los tiempos más oscuros de ignorancia y represión, no lo consintamos. Este 23J nos jugamos mucho los ciudadanos, los profesores de todos los niveles educativos, los profesionales de la cultura, los científicos y, en particular, los historiadores.