En marzo de 2020, los whatsapp de ciudadanos, responsables políticos o funcionarios reproducían peticiones desesperadas de búsqueda de mascarillas para trabajadores de la sanidad, transportistas de trenes, periodistas que cubrían la pandemia o trabajadores de supermercados. Algunos bazares hacían donaciones solidarias de tapabocas llegados de Asia y el mundo era un mercado persa donde los que tuvieran contacto con China tenían la llave de la salvación para centenares de personas y también la llave de los contratos. Contratos que fueron legales según el Tribunal de Cuentas –el ministro Óscar Puente ha anunciado una auditoría que ya en parte se ha hecho en el sistema público– aunque tuvieron menos pestillos de seguridad: no se exigió que hubiera varias ofertas ni se publicaron, de manera que se podía invitar directamente a una sociedad a prestar el servicio. Pasó igual con los test covid y los respiradores, aunque en este último caso se consiguió desarrollar en tiempo récord la tecnología para fabricarlos aquí.
El marzo de 2024, la resaca del momento más incierto del mundo en este siglo deja en la orilla un cadáver político, el del exministro José Luis Ábalos. El PSOE de Sánchez, que ya lo dejó caer una vez y nunca aclaró exactamente por qué, lo vuelve a dejar caer tras un comité que tomó este lunes una decisión con pocos antecedentes. Conocido el caso que implica a Koldo García y una veintena de personas más, al PSOE solo le quedaba distinguirse en la gestión que el “partido que vino a acabar con la corrupción” hacía del mismo. Aunque Ábalos se haya ido al Grupo Mixto –el escaño pertenece al diputado y ha decidido no dejarlo– ha perdido su futuro político y será esta su última legislatura. El Gobierno ha perdido un voto favorable seguro en un hemiciclo en el que no va sobrado de síes. La asertividad con la que el partido de Sánchez ha actuado se entiende porque Koldo existió, mandó y pudo forzar a contratar a una empresa concreta únicamente gracias a que José Luis Ábalos lo convirtió en su sombra (también contrató escandalosamente a su mujer). También se entiende porque el PSOE tiene un desgaste con la amnistía, acaba de perder las gallegas y vienen otras dos elecciones, vascas y europeas. Arrastrar el caso con una oposición dispuesta a cambiar amnistía por mascarillas es algo que no se iba a permitir.
Caído Ábalos del PSOE –aunque en el hemiciclo convivirá con sus excompañeros y en su grupo con los diputados agraviados de Podemos– los socialistas creen que el ariete de las mascarillas se desinflará en la proa del PP. La apuesta estratégica de los populares, basada en que caiga el Papa de Roma si es posible, es delicada porque Feijóo heredó de Pablo Casado su puesto por aclamación gracias precisamente a un caso de mascarillas, el del hermano de Ayuso, aunque ambos casos tienen diferencias. Por ejemplo, Koldo García estaba dentro de la administración, contratado con sueldo público, mientras supuestamente se llevaba comisiones fuera. El hermano de Ayuso y su amigo de juventud (el que tenía la empresa intermediaria) estaban fuera de sistema público. Tenían vínculos con la presidenta de Madrid de sangre pero no de tinta, y no se pudo demostrar que ella interfiriera en la contratación por escrito ni con ninguna orden. Otra diferencia es que el exasesor de Ábalos quiso camuflar sus ingresos y presuntamente blanqueó ese dinero con pisos comprados a precio de risa; el hermano de Ayuso cobró su jugosa comisión y la declaró (más de 230.000 euros), pero no escondió el dinero. Paradójicamente, aunque el caso se desestimó al no apreciarse delito, el negocio para las arcas públicas del caso de la Comunidad de Madrid fue mucho más sangrante: cada mascarilla para sanitarios madrileños salió a 6 euros; en el caso de Koldo García, las mascarillas costaron poco más de dos euros. Las comisiones en el caso del hermano de la presidenta fueron estratosféricas: un millón para los conseguidos e intermediarios por un lote de 500.000 euros de mascarillas, el doble de comisión que de producto. En el 'caso Koldo', 16 millones de un total de 53 de negocio. Pero si hablamos de garantes de contratos y de dinero público, la palma se la llevaría el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por José Luis Martínez Almeida, que fue estafado dos veces ya que pagó por material defectuoso, una de las cuales ha llegado a juicio y que tiene como comisionista al hermano del Duque de Feria. Tampoco ahí se pudo demostrar que hubiera trato de favor personal aunque los estafadores lograron una dirección de correo clave para hacer el negocio a través de un primo del alcalde.
Los casos de mascarillas son diversos y poliédricos y sus responsabilidades penales, variadas. Pero ahora no se habla de la gestión de 2020, sino que se está dilucidando la responsabilidad política de 2024, y esa es subjetiva de cada partido, cada persona e incluso puede ser variable dentro del mismo partido o el mismo sujeto según el momento y los intereses. La avaricia es detestable pero no es delito, como no es delito aferrarse a la presunción de inocencia para no marcharse pese a que se ha confirmado que has metido al lobo en casa. Tampoco es delito que te estafen porque no has hecho bien el proceso o hacer un muy mal negocio para la empresa pública que gobiernas mientras en la privada se están forrando incluso familiares. No es delito, pero en todos los casos hay responsabilidades éticas o políticas, más altas o más bajas, más o menos drásticas. Inevitables y forzosas en el caso de Ábalos y ausentes en todos los demás.