Casi nada es casualidad en política. No es fácil demostrar cómo se han fraguado los hechos que en cada momento determinan el panorama. Pero cabe sospechar que puede haber intenciones muy articuladas detrás de dos acontecimientos que prácticamente han coincidido en el tiempo y que están poniendo seriamente en cuestión el futuro del Gobierno de coalición de izquierdas sólo tres meses después de su nombramiento: la decisión del Tribunal Supremo de abrir causa contra Puigdemont por terrorismo agrava el impacto del escándalo de Koldo García y abre todas las hipótesis sobre el inmediato futuro político.
Si es cierto lo que se dice de que el juez Marchena dirige todos los movimientos del Supremo, cabe concluir que el conocido magistrado ha jugado bien sus cartas. Menos de una semana después de que los tribunales suizos dijeran que no veían motivos para acusar de terrorismo a Marta Rovira por el caso Tsunami y de que la fiscal jefe del Supremo se pronunciara en ese mismo sentido, los jueces de Marchena, con él a la cabeza, han sancionado exactamente lo contrario.
Y lo han hecho justamente el día en que las informaciones periodísticas abundaban en el sentido de que las posiciones de Junts y del PSOE se habían acercado mucho en sus negociaciones sobre la ley de amnistía y de que se empezara a pensar seriamente que esa ley vería la luz la semana que viene. Rompiendo así el bloqueo parlamentario en que se encontraba el Gobierno. Y abriendo la posibilidad de que en breve se pudieran iniciar las discusiones para la aprobación de los Presupuestos y con ello garantizar la supervivencia del Gobierno de coalición para, al menos, dos años más.
El Tribunal Supremo quiere impedirlo. Aunque numerosos expertos hayan dicho que es imposible condenar por terrorismo a Puigdemont y Rovira. Aunque el futuro de la causa que ha abierto sea incierto o directamente condenado al fracaso. Lo único que les interesa a Marchena y los suyos es que Puigdemont no pueda ser amnistiado, cuando menos a corto o incluso a medio plazo, y que con esa perspectiva Junts no se decida a dar el paso de apoyar la ley de amnistía. Y la impresión generalizada es que si esa ley no es aprobada, tampoco lo serán los Presupuestos y por tanto el futuro de la legislatura quedará en entredicho.
Si las cosas ocurren según ese guion, el poder judicial realmente dominante habrá dictado una vez más la suerte política del país. Cabe esperar sin embargo que haya reacciones que lo impidan, aunque estas puedan provocar un conflicto abierto en el poder ejecutivo y el judicial, que de manera larvada ya se viene produciendo desde hace algún año, pero que si se manifiesta con toda su crudeza tendría enormes consecuencias: en España ha dejado de haber riesgos de un golpe castrense, pero parece que una institución tan poderosa como la justicia quiere asumir el amenazante papel que durante cerca de dos siglos y hasta hace poco han tenido los militares.
Ante un desafío tan grave como el del Supremo, el 'caso Koldo' García parece algo menor. Y lo es, en buena medida. Porque por mucho que se esfuerce el PP y la prensa de derechas, el escándalo tiene dimensiones y repercusiones bastante más reducidas que otros que le han precedido y, además, el Gobierno y el PSOE han respondido con rapidez y contundencia contra sus responsables.
Pero el asunto ha enrarecido seriamente el ambiente político. Y en ese contexto, no muy favorable al Gobierno, llega la decisión del Supremo. Sin esa dramática intervención judicial, dentro de unos días el 'caso Koldo' iría perdiendo fuerza, un acuerdo sobre la ley de amnistía volvería a dar la iniciativa a Pedro Sánchez y, si luego empezara la tramitación del presupuesto, las cosas podrían volver a su cauce.
Ahora todo puede pasar.