Desde la restauración de la democracia, plasmada en la Constitución de 1978, pensamos, como otros muchos, que vivimos en una “democracia de baja intensidad”. Sistema que aceptó -después de cuarenta años de dictadura- un sistema de partidos políticos carentes de regulación legal y de democracia interna y gobernados por unas élites que favorecieron el cientelismo y casi de inmediato la corrupción. Partidos, el PP y el PSOE, que solo muy limitadamente favorecieron la creación de una “sociedad democrática avanzada” que reclamaba la Constitución. En consecuencia, estamos muy lejos de que valores como la libertad y la igualdad sean “reales y efectivos”, lo que constituye una traición a la Constitución, hoy acentuada a causa de las políticas represivas y neoliberales del actual Gobierno.
Desde 1978, los representantes políticos de IU e ICV-EUiA, han sido los únicos que, pese a su condición minoritaria, han mantenido un permanente esfuerzo en salvaguardar los elementos centrales de nuestra democracia: los derechos, núcleo básico del sistema, como instrumentos de control del poder y la defensa de los derechos sociales frente al “fundamentalismo de mercado” impuesto por las oligarquías.
Los ejemplos de esta lucha serían inacabables. Desde el 'No' de ICV a la Ordenanza del Civismo del Ayuntamiento de Barcelona hasta las numerosas propuestas parlamentarias de IU-ICV en defensa de las víctimas de la dictadura, la exigencia de regular los lobbies, las propuestas contra la corrupción y, entre otras, la exigencia de “garantizar los derechos de los ciudadanos frente a la especulación urbanística”. Siempre, para procurar a los ciudadanos, pese a los errores que cometiesen, “una digna calidad de vida”, ilustrando una auténtica política de izquierdas.
Desde que Podemos se constituye como partido político en marzo de 2014 ha ido perfilando un Programa, primero para a las elecciones europeas y luego ha ido adaptándose a las sucesivas convocatorias electorales. Como eurodiputado y ahora miembro de Podemos, siempre he tenido la convicción de pertenecer a un partido de izquierda, eso sí, con ciertos perfiles diferenciados de la izquierda histórica. El 15-M y su desarrollo generó, entre otros movimientos sociales reivindicativos, el partido Podemos, creado para incidir activamente en nuestro régimen democrático.
Ciertamente, nace con voluntad de romper los esquemas tradicionales del sistema de partidos procedente de la Transición. Pretensión absolutamente legítima dado que el sistema democrático vigente sufría un cierto bloqueo a causa del bipartidismo. Desde su inicio, mas allá de su específico lenguaje, Podemos, es y será un partido de izquierdas, por sus cimientos ideológicos, sus objetivos de profunda renovación y sus métodos de actuación sobre bases sociales más amplias y participativas.
Basta recordar su Programa para las elecciones europeas, su integración, como IU, en el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea, las iniciativas allí adoptadas en defensa del pueblo palestino ante las agresiones genocidas del Ejército israelí, la denuncia de la tortura aplicada en España y tantas otras. Además, en el ámbito de los derechos humanos, la denuncia, al igual que IU, de la política migratoria española y europea aplicada en Ceuta y Melilla. Y respecto al sistema capitalista, es constante en ambos la denuncia de la desigualdad económica y social como causa del paro, de la pobreza y, en definitiva, de la injusticia ya instituida en nuestra convivencia. Y, desde luego, las alegaciones contra la política como profesión y la temporalidad en los cargos públicos. Si es específico de Podemos la opción por la autofinanciación para no ser rehenes de las entidades financieras.
Ante esta realidad, entiendo más que justificada la coalición electoral de ambos partidos, por una evidente coincidencia, con todos sus matices, de una parte importante de sus programas y, finalmente, porque así lo exige la vigencia del actual sistema electoral. Ya lo analizaba brillantemente Alejando Ruiz-Huerta -sobreviviente de la masacre del despacho laboralista de Atocha-. El sistema electoral “provoca importantes distorsiones de la proporcionalidad, además de impedir el carácter igualitario del voto”. Ello, más la fórmula d’Hondt, “favorece a los partidos mas votados”. “Lo que refuerza el bipartidismo y margina a los partidos débiles”. Régimen que afecta negativamente a los partidos menores, por más que Podemos haya obtenido en las últimas elecciones unos estimables resultados. Ya es hora de entenderlo.
Es evidente que cada partido puede optar por concurrir conjuntamente o por separado a las elecciones generales, pero nuestra sociedad necesita una fuerza política sólida de izquierda, manteniendo como es obvio la identidad de cada partido, para avanzar hacia soluciones más justas tanto en el libre ejercicio de los derechos como en el reparto de la riqueza. La respuesta, antes que cualquier objetivo partidista, para beneficiar realmente a la ciudadanía, es la concordia y el acuerdo electoral.