Se escucha estos días que las declaraciones de Mariano Rajoy a favor de emprender una reforma ¿limitada? de la Constitución son puramente electoralistas. Este sábado, sin ir más lejos, lo dijo la secretaria general adjunta del grupo socialista, Isabel Rodríguez. Y seguramente lo son, como lo es la subida de un par de euros mensuales a los pensionistas, la rebaja mínima del IRPF o la devolución en diferido de la paga extra que se les quitó a los empleados públicos. Es época electoral y el Gobierno se muestra generoso para tratar de frenar la sangría de votos del PP e incluso para intentar recuperar a ese millón y medio de electores que, según sus cálculos, no le votó el 24 de mayo pasado pero no se fue a otro partido sino que se refugió en la abstención.
Pero una cosa es la piñata de chuches con los que los dirigentes peperos pretenden engatusar a los votantes y otra muy distinta admitir una posible reforma constitucional que han estado negando durante toda la legislatura. Cuatro años perdidos, que de haberse utilizado para abordar ese cambio de la Carta Magna habrían ofrecido la oportunidad, por ejemplo, de encarrilar el problema catalán, porque habrían abierto la posibilidad de alcanzar con la mayoría de los ciudadanos catalanes un trato político, económico y cultural en el que se sintieran reconocidos y de restarle, de paso, fuerza al proceso soberanista.
En estos años, sin embargo, el Gobierno del PP ha desoído todas las peticiones de iniciar una reforma que le han llegado del PSOE y de otros partidos de la oposición, y de los empresarios, las asociaciones y los partidos catalanes que no respaldan la independencia. Incluso los ruegos que le han planteado en persona algunos dirigentes históricos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido en el que milita Artur Mas, y de Unió Democràtica (UD), que ha terminado por romper CiU.
El Ejecutivo no solo ha hecho oídos sordos a esas demandas, las ha despreciado. Por eso no deja de ser sorprendente que después de poner un candidato del sector más duro para las elecciones catalanas del 27 de septiembre, el exalcalde de Badalona Xavier García Albiol, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, haya salido esta semana con la idea de la reforma constitucional y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le haya secundado. Más aún sabiendo que la composición del parlamento español en la próxima legislatura será más plural, lo que, en teoría, haría más difícil alcanzar el consenso.
Aunque también puede ser que el PP, consciente de que si gana ya no tendrá mayoría absoluta, piense que se va a ver forzado por el resto de las fuerzas parlamentarias a abordar la reforma constitucional y haya decidido adelantarse y plantearlo como una cosa suya. Claro que, en vísperas de unas elecciones catalanas en las que la lista de Artur Mas y Oriol Junqueras busca la mayoría absoluta para ir a una proclamación unilateral de la independencia, queda la duda de si esta propuesta de reforma constitucional no llega ya demasiado tarde.