Frente al “sálvese quien pueda” hay una alternativa: el “sálvese a quien pueda”. Solo una letra, una preposición, hace falta para darle un vuelco a la situación. La cuestión es cómo, y para eso hay que hablar de que una gran parte de la población está cargando sobre sus hombros las consecuencias de una crisis global que no afecta a todos por igual. Y que, por justicia social y en favor de la convivencia, no puede seguir así durante mucho más tiempo.
El expresidente Mariano Rajoy ha “resucitado” sin quererlo el “viejo debate de ricos-pobres”. En un foro -que, por cierto, carecía de la representación femenina que debería tener- afirmaba que no hay que enfrentar a los que más tienen y los que menos, ni caer en la demonización de los primeros. En eso de que ricos y pobres están conectados tenía razón. Sí, pero en una balanza que no está equilibrada y deja recaer el peso de la crisis en una mayoría que mira con cada vez más pavor su cuenta a final de mes. Negar que el incremento disparado de las rentas altas tiene una implicación en el crecimiento de la desigualdad es hacer trampas al solitario.
Lo cierto es que, si hay algo que demonizar, esa es la avaricia mientras crece la miseria. Y sí. La desigualdad ya enfrenta a pobres y ricos. Basta con ir a los datos. El número de millonarios batió todos los récords en 2020. Año en el que la renta del 20% más rico de la población fue 5,8 veces más elevada que la del 20% más pobre, según el informe AROPE 2021.
El mismo informe alerta de que, en términos europeos, “la desigualdad en España es la sexta más alta de la Unión Europea”. Y recuerda lo que debería ser una evidencia de un debate superado: que “la pobreza es una expresión extrema de la desigualdad” y que “ambos son conceptos inseparables”. Destaca, además, que la lucha contra la desigualdad está reconocida en el ordenamiento constitucional de la mayoría de los países desarrollados y en la propia Constitución Española, que dice en su artículo 40: “Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa en el marco de una política de estabilidad económica”.
El expresidente Rajoy dijo que “los gobiernos no pueden jugar a dividir a la gente, a distinguir entre unos y otros”. Estamos de acuerdo. Por eso las autoridades deben enfrentar la desigualdad, que implica a ricos y pobres. También dijo que “un gobierno tiene que intentar sumar, fijar un objetivo claro y a ser posible un objetivo que coincida con lo razonable, sensato y moral”. ¿Qué hay más sensato que garantizar una vida digna para la mayor parte de la población? La gran cuestión es cómo.
“Aquí hay algunos que parece que creen que gobernar es acabar con los ricos. Acabe usted con los pobres, hágalos ricos”, dijo el expresidente. Pero ¿cómo se consigue sin que esto tenga consecuencias sobre el bolsillo de los que más tienen? ¿Subiendo el SMI? Esto interpela a las empresas. Como también lo hace la cesta de la compra, que ha registrado su mayor subida en 34 años, según la OCU. El peso está recayendo sobre una mayoría social que cada vez tiene menos margen de maniobra para vivir dignamente, algo que debería estar garantizado para cualquier ser humano.
El debate es precisamente ese: ¿quién tiene más margen para vivir un poco peor: los que más tienen o los que menos? Evidentemente, los primeros. Y, si el objetivo es que el grueso de la población no caiga en una situación de miseria a cambio de que quienes más tienen se aprieten el cinturón, no debería haber discusión. No estamos hablando de que los ricos se hundan en la pobreza, hablamos de que renuncien a ciertos privilegios en favor de la mayoría de la sociedad con la que conviven y que tiene más riesgo de caer en la exclusión que ellos.
Un informe del Banco de España, citando datos de Eurostat, subrayaba que el 48,7% de la sociedad que vivía en alquiler a precios de mercado en 2020 estaba en riesgo de pobreza o de exclusión social. Para que nos hagamos una idea, “es el porcentaje más elevado de la UE, donde la tasa media es del 32,3%”.
Lo dice el propio Banco de España. La sociedad se ha enfrentado a “unos precios del alquiler elevados, en comparación con las rentas del trabajo, que aumentan la proporción de población en riesgo de exclusión social y de hogares con capacidad de gasto restringida en otros bienes y servicios”.
En este contexto, resulta poco convincente el discurso que apela a tener empatía por quienes más tienen. La muestra es que el 62% de la población española está a favor de subir los impuestos a los ricos para hacer frente a la crisis económica. Esa mayoría es consciente de que no estamos en el “viejo debate entre ricos y pobres”, sino en uno entre avaricia y miseria. Entre el sálvese quien pueda o el sálvese a quien pueda.