Sus señorías ya han tomado posesión de sus escaños en el Congreso y el Senado y la XII legislatura ha quedado formalmente inaugurada. La configuración de la mesa del Congreso y la elección de la persona que asumirá la presidencia han hecho públicos los primeros acuerdos entre el PP y otros grupos políticos. Algunos de esos acuerdos son expresos, como el que ha brindado Ciudadanos para garantizar que la candidata del Partido Popular, Ana Pastor, se impusiera en segunda vuelta a Patxi López y retuviera para el PP un puesto no sólo de significada fuerza representativa, sino también de importancia estratégica en un Parlamento fragmentado en el que la competencia legislativa y la función de control al gobierno adquirieren una relevancia extraordinaria tanto para quien está en el Gobierno, como para quien asume el papel de oposición.
La recién elegida Presidenta del Congreso acredita una dilatada trayectoria política tanto en el Gobierno como en el Parlamento. Dicen, quienes la conocen, que su carácter es favorable al entendimiento lo que, sin duda, habrá contribuido a lograr el apoyo de Ciudadanos frente a otras candidaturas que estuvieron en la terna y que fueron, finalmente, vetadas. Conviene no olvidar que Ana Pastor es una mujer de probada confianza y férrea lealtad al Presidente con el que guarda una sólida relación de amistad. Lo ha demostrado en muchas ocasiones, la más reciente al aceptar una interpretación jurídica y políticamente inaceptable en virtud de la cual se negó, junto a otros ministros, a acudir al Parlamento amparándose en que el Congreso resultante de las elecciones del 20-D no podía ejercer su función de control político sobre un gobierno (en funciones) que aquél no había elegido. Desde la teoría de la separación de poderes resulta una interpretación lo suficientemente estrambótica como para que la Presidenta del Congreso pueda aceptar como válido un plantón político como el que ella protagonizó hace apenas unos meses. Nada de esto, sin embargo, ha supuesto un obstáculo para que su candidatura sumara el apoyo de los diputados del PP y el de quienes se creen con la misión de regenerar democráticamente el sistema. Curiosa manera de hacerlo.
Con todo, ha sido en el momento de conocerse los resultados de las votaciones secretas para la elección de los miembros de la mesa del Congreso cuando ha salido a la luz también la existencia de un acuerdo implícito con partidos nacionalistas del que se desconoce su verdadero alcance y significado. Veremos en los próximos días si el do ut des propio del reparto de puestos en los órganos de la cámara se traslada también a un arranque de legislatura con compromiso de continuidad en lo que se refiere a la gobernabilidad del país. En los próximos días los ciudadanos deberán conocer, con cierto detalle, el contenido de los acuerdos que vayan lográndose. Las fuerzas políticas que participen en dichos acuerdos pondrán especial cuidado en hacerlos digeribles para sus votantes y, especialmente, para sus militantes. También es un desafío para los partidos que decidan permanecer en la oposición encontrar el relato que legitime ante los suyos una decisión en términos de abstención o voto negativo al candidato a presidir el Gobierno.
La constitución de las Cortes, el acuerdo en torno a la composición de la mesa del Congreso y su presidencia han puesto en marcha ya el proceso que concluirá con una sesión de investidura, al parecer, durante los primeros días de agosto. Le corresponde ahora el turno al Jefe del Estado. Felipe VI abrirá, en las próximas horas, una primera ronda de consultas con los representantes de los grupos políticos con el propósito, según determina la propia Constitución, de poder designar a la persona que tendrá el encargo de someterse a una sesión de investidura por estar en condiciones de lograr los apoyos necesarios que le permitan superar las mayorías requeridas para ser elegido Presidente. Tres semanas después de las elecciones, Mariano Rajoy no tiene más confianza que aquella que le dieron sus votantes la noche del 26-J. 137 escaños que son insuficientes para ser elegido y que, por sí solos, hacen inviable un gobierno estable para España. 137 escaños que, sin embargo, otorgan al PP el derecho y el deber de llegar a acuerdos que hagan posible ese gobierno y, en consecuencia, le obligan a Rajoy a aceptar la invitación del Rey para someterse a la sesión de investidura. Fiel a su forma de entender la (in)acción política, Mariano Rajoy ni ha creado un equipo de negociación en estas semanas, ni ha explicado la forma en la que quiere transitar el camino hasta garantizarse una mayoría suficiente para comenzar a gobernar, ni ha concretado una agenda política sobre la que poder pactar, ni ha desvelado fórmulas posibles de gobernabilidad.
Nada de todo eso parece hacerle falta al actual Presidente en funciones para llegar a su objetivo: conservar el poder. Si como parece evidente, en esta nueva legislatura el poder real se ha desplazado del Palacio de la Moncloa a la Carrera de San Jerónimo, resulta razonable concluir que quien aspire a conservar ese poder o, en su caso, a llegar a él debería primero tomar posiciones firmes en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto hacerse con la mayoría en la mesa y asumir la presidencia del Congreso no eran cuestiones menores. El reparto de poder al que se ha llegado finalmente en la mesa del Parlamento y la elección de Ana Pastor como Presidenta confirman que el PP no ha dejado pasar la ocasión para hacerse con el mando que permitirá ordenar la forma en la que el Congreso ejercerá sus funciones. No todos lo han entendido así, tan ensimismados como están en esa nueva manera de hacer política que, sin embargo, tan pocos cambios genera. Mariano Rajoy sí y quizás por eso ha vuelto a ganar.