Es urgente poder participar y votar online en nuestras comunidades de propietarios

Las comunidades de propietarios copaban un 4% de todos los procesos judiciales del país (unos 80.000 casos al año según CGCAF) en 2015, lo que generó unos costes económicos de 230 millones de euros (el 4% del presupuesto de justicia) y costes sociales como la sobrecarga del sistema judicial, comunidades que no pueden atender obras necesarias (accesibilidad, eficiencia energética, mantenimiento) y problemas de convivencia entre vecinos.

Una legislación obsoleta que contribuye al colapso del sistema judicial

La Ley de Propiedad Horizontal se publicó en el BOE núm. 176 de 1.960, en aquel entonces no existía la posibilidad de relacionarnos ni trabajar online. Se han introducido nuevos artículos en referencia a los nuevos tipos de propiedad y para la regulación de pisos turísticos (2019), pero muy poco se ha avanzado en la calidad democrática de las decisiones.

En 1999 se introdujo la posibilidad de tener mayorías suficientes en segunda convocatoria de la junta de propietarios sin necesidad de quórum (asistencia mínima) y la posibilidad de delegar el voto en otro asistente a la junta de propietarios, eso sí, por escrito.

Es necesaria una profunda reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, incidiendo en la necesidad de autorizar medios online para; las notificaciones, la firma electrónica, la asistencia en remoto a las juntas de propietarios y el voto online síncrono (al mismo tiempo de celebración de la junta) o asíncrono (antes de su celebración).

Voto síncrono vs voto asíncrono

Participar por videoconferencia en las juntas de propietarios solo se ha permitido en Catalunya a raíz de las circunstancias sobrevenidas del COVID. La Generalitat catalana aprobó un Decreto-ley, el 26/2020 que tiene como pre-requisitos: la identificación de los asistentes, la continuidad de la comunicación, la posibilidad de intervenir en las deliberaciones y la emisión del voto.

La junta de propietarios para ser eficaz no tiene porqué ser síncrona (al mismo tiempo), al margen del tremendo lío que puede producir una junta de vecinos online: “no me conecta el sonido”, “no puedo hablar”, “se han saltado mi turno”, etc... De hecho, las mejores decisiones se toman de forma asíncrona según la investigación liderada por Raquel Benbunan-Fich. En la comunicación asíncrona se genera más información útil, hay más tiempo para reflexionar y las decisiones son de mejor calidad.

Cada vez está más extendido grabar un mensaje de voz en lugar de llamar por teléfono, ya que es menos invasivo, se escucha cuando se desea y se puede reflexionar la respuesta. 

Calidad Democrática en las decisiones de las comunidades de propietarios

Una reciente encuesta de Supervecina.com entre más de 2000 propietarios de vivienda repartidos por toda la geografía, refleja que en el 75% de los casos la asistencia a estas juntas es inferior al 50% de los propietarios y en el 25% es incluso inferior al 30%, las decisiones con tan baja participación son necesariamente de peor calidad.

Muy destacable es la cantidad de propietarios que desean votar online según la consulta; a un 74% de los encuestados les gustaría la posibilidad de participar de esta forma de las decisiones de su comunidad.

Bingham Powell ya argumentaba que el aumento de participación en procesos deliberativos reduce los conflictos. El 65% opina que participar online en las decisiones de su comunidad aumentaría la participación en su conjunto y un 60% opina que el aumento de la participación reduciría los conflictos entre vecinos.

Al igual que sus señorías pueden expresar su opinión de forma remota desde sus escaños vacíos del Congreso de los Diputados en estos tiempos del COVID, en España, donde muchos ciudadanos son propietarios de una vivienda y la mayoría vivimos en una comunidad de propietarios, es hora de que podamos participar en las decisiones que nos afectan en el día a día.

La inacción tendrá consecuencias milmillonarias

Según el actual gobierno, gran parte de los 140.000 millones de Euros de los fondos estructurales que vendrán desde Europa para paliar la crisis que estamos padeciendo, se destinarán a la rehabilitación de vivienda. España ha ejecutado desde 2014 únicamente el 34% de los fondos estructurales Europeos, somos los penúltimos en ejecución de estos fondos de toda Europa.

La imposibilidad de tomar decisiones ágiles en las comunidades de propietarios, nos enfrenta a la posibilidad cierta de no poder ejecutar miles de millones en obras necesarias de reformas de viviendas, tan necesarias como la instalación de ascensores en los famosos “pisos cárcel” que condenan a personas con problemas de movilidad a no salir a la calle, o reformas energéticas de edificios que pueden reducir la pobreza energética, o mantenimientos necesarios para la salubridad o seguridad estructural de nuestras viviendas.

La COVID nos aleja de las calles y nos tiene más tiempo en nuestras viviendas, queremos poder decidir sobre su mejora, es urgente, necesario y existen los medios para hacerlo.

Las comunidades de propietarios copaban un 4% de todos los procesos judiciales del país (unos 80.000 casos al año según CGCAF) en 2015, lo que generó unos costes económicos de 230 millones de euros (el 4% del presupuesto de justicia) y costes sociales como la sobrecarga del sistema judicial, comunidades que no pueden atender obras necesarias (accesibilidad, eficiencia energética, mantenimiento) y problemas de convivencia entre vecinos.

Una legislación obsoleta que contribuye al colapso del sistema judicial