¿Nos ha cambiado la pandemia?

Oficialmente el coronavirus se convirtió en una enfermedad epidémica el 11 de marzo de 2020. Ese día la Organización Mundial de la Salud utilizó por primera vez el calificativo de pandemia para referirse a este virus. Tres días después, el 14 de marzo, el gobierno español decretaba el estado de alarma en todo el país, limitando el derecho de movimiento de los ciudadanos a actividades esenciales con un estricto confinamiento domiciliario que duraría 42 días, para después pasar a aplicarse un plan gradual de desconfinamiento y entrar en la “nueva normalidad”.

Desde entonces han pasado más de 15 meses y cuatro olas de contagios en España en las que, según los registros del Ministerio de Sanidad, cerca de 81.000 personas han perdido la vida y más de 3,8 millones se han infectado. Un tiempo en el que el gobierno de Sánchez ha aplicado, a nivel nacional, dos veces el estado de alarma (una primera vez entre marzo y junio de 2020, y una segunda entre octubre y mayo de 2021) con las consiguientes restricciones a las libertades ciudadanas. Y en el que hemos incorporado a nuestra realidad cotidiana términos epidemiológicos como “tasa de incidencia” (acumulada por 100.000 habitantes en 14 días) o “inmunidad de rebaño”, de la misma manera que hicimos con la terminología económica (“prima de riesgo” o “deuda pública”) en la crisis financiera de 2008.

Como si estuviéramos dentro de un edificio, hemos sufrido una fuerte “sacudida” con diferentes ramificaciones de las que, personalmente, nos hemos podido ver más o menos afectados. El shock sanitario ha ido acompañado en España de un importante shock económico, materializado en una caída del PIB del 10,8% en 2020, cuyo impacto social ha sido amortiguado por las medidas de protección aprobadas por las diferentes Administraciones públicas (como el ingreso mínimo vital por el gobierno central). Asimismo, con la pandemia, se ha producido en España un shock demográfico, con un fuerte aumento del número de defunciones y una brusca caída de los nacimientos en 2020.

A nivel global también ha habido un shock democrático, como se puso de manifiesto en la última medición de la calidad de la democracia realizada por The Economist en 2020, al verse también los sistemas democráticos resentidos por “las mayores restricciones a las libertades civiles impuestas en tiempos de paz” debido a las políticas sanitarias para combatir la propagación del coronavirus y evitar muertes. Un shock que, por otra parte, también habría afectado a la democracia española, con un descenso respecto a 2019 de seis puestos (del decimosexto al vigésimo segundo de un ranking de 167 países) en ese índice en el que, además de las libertades civiles, se tienen en cuenta otras cuatro dimensiones (participación política; funcionamiento del gobierno; cultura política; proceso electoral y pluralismo).

De este modo, todos los datos que se van conociendo del balance anual del pasado año certifican que 2020 será recordado como el año de los registros históricos negativos.

Iniciada ahora la segunda mitad de 2021, cuando parece que hemos dejado atrás lo peor de la crisis sanitaria y albergamos la esperanza de que la vacunación nos devuelva a la “vieja normalidad”, se ha empezado a poner el foco de atención en otros “efectos” causados por la pandemia. Tras las cifras macro, hemos encontrado que se ocultaban las preocupaciones laborales y personales, así como las consecuencias negativas que han producido los cambios de hábitos y la reducción del contacto social por las medidas sanitarias. Todo ello ha derivado, entre otros, en problemas de estrés, insomnio, ansiedad o depresión, que han tenido su correlato en el aumento de la demanda de tratamientos psicológicos, así como del consumo de ansiolíticos y antidepresivos. Especialmente se ha visto afectado el bienestar emocional de la población infantil y adolescente.

La pandemia aún no ha terminado y seguiremos conociendo nuevas y variadas cifras que den cuenta de la magnitud de las consecuencias que está teniendo ésta a todos los niveles. Por ejemplo, sabemos que han aumentado los accidentes de tráfico, lo que parece explicarse por la pérdida de pericia al volante y una conducción más agresiva vinculada al estado emocional, así como al efecto de un mayor consumo de ansiolíticos y antidepresivos. También sabemos que, a la vez que ha crecido la confianza social en los expertos (ver aquí), se ha visto acrecentado el pensamiento conspirativo con la difusión de teorías infundadas a las que porcentajes nada desdeñables de la población dan credibilidad. Así, encontramos que, de acuerdo con el último estudio realizado por la Fundación española para la Ciencia y la Tecnología sobre las actitudes hacia la vacunación y cumplimiento de las medidas anti-Covid-19, casi un tercio de los ciudadanos considera que las mascarillas son malas para su salud.

Cuando todo acabe y la marea se retire, seremos capaces de valorar qué ha cambiado o no, y sobre todo, qué cambios serán efímeros y cuáles vendrán para quedarse. Especialmente, porque al comienzo de la pandemia se generó, a nivel global, la expectativa de que nuestra forma de vida y el mundo en el que vivimos serán totalmente diferentes en la etapa post-Covid. Una expectativa alimentada por la proliferación de ensayos, debates y reflexiones colectivas (ver aquí, aquí y aquí) sobre las transformaciones sociales vinculadas al coronavirus.

En cualquier caso, ha pasado ya un tiempo suficientemente largo para preguntarnos si esta crisis sanitaria está teniendo algún efecto en España en la forma en que pensamos y en cómo valoramos el clima político. Para conocer las respuestas vamos a utilizar varios estudios y series de datos del CIS.

Evolución de las preocupaciones sociales

En febrero de 2020, cuando la sociedad española seguía percibiendo como lejano el virus que se había originado en China y llegado a Italia, las preocupaciones colectivas eran principalmente de carácter socioeconómico (desempleo y problemas económicos). De acuerdo con el barómetro realizado en los primeros diez días de ese mes, las opiniones sobre la situación económica del país se dividían entre los que calificaban ésta como regular (46,6%) y los que decían que era mala o muy mala (46%). Si bien, en relación con la situación económica personal, la ciudadanía se mostraba más optimista, pues más allá de que casi la mitad (47%) la calificara como regular, un 36% creía que era buena o muy buena, frente a un 16,7% que la valoraba de forma negativa.

Lógicamente ya en abril, en pleno confinamiento, el coronavirus pasó a convertirse en el principal problema del país a ojos de la ciudadanía, seguido de los problemas económicos y del paro. Quizás motivado por la gravedad del momento, con la paralización de la actividad económica, aumentó de forma significativa el porcentaje (casi el 70%) de quienes consideraban que su situación económica personal era buena o muy buena. Un aumento que se debe a que muchos dejaron de valorarla como regular, para calificarla de forma positiva. Algo que, por otro lado, también pudo verse avivado por el acusado empeoramiento de la valoración sobre la situación económica del país, percibida en junio del pasado año como mala o muy mala por el 80% de la población.

De este modo, por comparación con la valoración de la situación del país, muchos ciudadanos pasaron a mostrarse más optimistas (o sentirse (más) afortunados) sobre su situación económica. No obstante, con el paso del tiempo, ese optimismo se ha ido reduciendo hasta caer en junio de 2021 al 58,4% el porcentaje de ciudadanos que consideran que su economía personal es buena o muy buena, mientras que ha aumentado casi hasta el 25% la cifra de los que la valoran de forma negativa. En consonancia con estos datos, el paro y la situación económica son percibidos ahora como los dos primeros problemas que tiene España, seguidos, en el tercer lugar, por el coronavirus.

Asimismo, a largo de este tiempo, ha disminuido la preocupación por los efectos que tiene la pandemia sobre la salud, mientras ha aumentado la preocupación por los efectos económicos (ver gráfico). 

Impacto de la pandemia en la vida diaria

Pero ¿en qué medida la ciudadanía se ha visto afectada por la pandemia? En los estudios del CIS, se distinguen dos dimensiones: vida personal y vida social. En octubre de 2020, la primera vez que este organismo público preguntó por estas cuestiones, casi un 60% de los encuestados respondió que lo que estaba ocurriendo con la crisis sanitaria le estaba afectando mucho o bastante a su vida personal. Y el 64% dijo lo mismo sobre su vida social. Ocho meses después, la cifra de los que consideran que su vida personal se ve afectada mucho o bastante por la pandemia se ha reducido al 51%, mientras que apenas ha habido variaciones en el porcentaje (62%) de los que opinan que ésta afecta a su vida social.

Por otro lado, es llamativo que las restricciones y la falta de libertad de movimientos hayan sido percibidas, de forma recurrente, como el segundo motivo, después del distanciamiento con los seres queridos, por el que los ciudadanos se han visto más afectados en su vida personal por la crisis sanitaria. Un motivo que parece haber tenido más peso que otros como el miedo al contagio o el estado anímico negativo. Una opinión que, además, se vio acentuada con el paso de los meses, hasta llegar en marzo de 2021 a ser similar el porcentaje de los que, habiendo respondido que la pandemia les estaba afectando en su vida personal, apuntaban al distanciamiento con los seres queridos (38,7%) como una de las causas principales y el de los que, en cambio, señalaban las restricciones y falta de libertad de movimientos (37,6%).

¿Cambios en la forma de pensar?

El cuarto y último estudio realizado por el CIS sobre los efectos y consecuencias del coronavirus, cuyo trabajo de campo se realizó en la segunda quincena del pasado mes de mayo, reflejaba que, tras catorce meses de pandemia, los principales cambios que habían experimentado los ciudadanos eran los que tenían que ver con sus hábitos sociales (el 74% decía que éstos se habían visto alterados mucho o bastante) y su forma de vivir (69%). Cambios relacionados fundamentalmente con la limitación de la vida social, del tiempo de ocio y de las libertades para moverse y reunirse.

Pero, en mucha menor medida, la pandemia ha servido para cambiar el modo de ver las cosas. Tan sólo un 49% de los ciudadanos reconoce que, como consecuencia de esta crisis sanitaria, su forma de pensar ha variado mucho o bastante. Incluso uno de cada cinco afirma que su forma de pensar no se ha visto modificada nada o casi nada.

Entre los que sí reconocen que su forma de pensar ha cambiado, resulta significativo que las transformaciones hayan afectado principalmente a la esfera personal. De acuerdo con las respuestas de los encuestados, la pandemia ha hecho, fundamentalmente, que los ciudadanos valoren “otras cosas” (la familia, la salud, lo que es importante), vivan con intranquilidad, adopten nuevos comportamientos (más precavidos) y se den cuenta de la fragilidad de la vida. Mientras, por el contrario, otros aspectos relacionados con el modelo de sociedad parecen haber quedado en un segundo plano. Así, por ejemplo, dentro de los que responden que su forma de pensar ha cambiado como consecuencia del Covid-19, apenas un 1,5% señala que ahora valora más el sistema sanitario y la importancia que tiene la ciencia.

No obstante, la encuesta del CIS sobre los efectos y consecuencias del coronavirus no permite indagar en otros aspectos relacionados con la valoración del sistema político y social. En este sentido, no sabemos si ahora ha cambiado la forma de pensar que tienen los ciudadanos sobre el papel que juega el Estado en la sociedad o sobre la importancia que tienen los impuestos. Por el momento, también desconocemos si la percepción social sobre el Estado autonómico es diferente después de que hayamos experimentado con esta crisis sanitaria, y por primera vez en la democracia, cuál es el alcance del modelo autonómico, con la visibilidad de la co-gobernanza y el protagonismo de los gobiernos regionales en la gestión de la pandemia. Si bien es cierto que los resultados de otras encuestas del CIS apuntan a que la descentralización política puede tener ahora más adeptos que antes del Covid. Si en septiembre de 2020, apenas un 4,9% de los ciudadanos mostraba su preferencia por que los gobiernos autonómicos se hicieran cargo de la lucha contra la pandemia, en junio de 2021 ese porcentaje casi se ha doblado (9,5%).

También podemos preguntarnos hoy si las políticas de estímulo económico aplicadas desde la Unión Europea, a través de los fondos para la recuperación NextGenerationEU de los que nuestro país recibirá más de 140.000 millones de euros entre 2021 y 2026, conllevará un mayor europeísmo de la sociedad española, a diferencia de lo que ocurrió durante la crisis financiera de 2008 con las políticas de austeridad (ver aquí). Por el momento, sabemos que, de acuerdo con una reciente encuesta realizada por el Parlamento europeo, los españoles se sienten más insatisfechos (62%) con la solidaridad mostrada por los Estados miembros para luchar contra la pandemia, que el conjunto de la opinión pública europea-UE (53%).

Valoración política

La valoración y la confianza que tienen los ciudadanos en la clase política y en las instituciones políticas nunca se han caracterizado por ser muy elevadas en España. Particularmente bajas ha sido en la última década, como consecuencia del punto de inflexión que se produjo con la crisis financiera de 2008. Los efectos de esa crisis económica, junto a la aplicación de unas políticas que implicaron fuertes recortes sociales en un momento marcado por escándalos de corrupción y de falta de ejemplaridad pública, derivaron primero en una crisis política y después en una transformación del sistema de partidos. No obstante, la nueva política, con la aparición de nuevos partidos, no se tradujo en una mayor satisfacción, ni confianza ciudadana en las élites políticas. La dificultad de los viejos y nuevos partidos para alcanzar y mantener acuerdos, así como la inestabilidad política derivada de esa dificultad, comenzaría a ser percibida por la ciudadanía como un problema en la nueva etapa política.

En este contexto cabe preguntarse si la crisis del coronavirus ha supuesto algún cambio en la percepción que tienen los ciudadanos de la política a nivel nacional.

Volvemos la vista atrás para situarnos en febrero de 2020. La actual legislatura acababa de echar a andar con la formación, un mes antes, del nuevo gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Casi 6 de cada 10 ciudadanos valoraban de forma negativa la situación política. En el listado de problemas del país aparecía el mal comportamiento de los políticos en el tercer puesto, seguido respectivamente en el cuarto y quinto lugar, por los problemas políticos en general y por la corrupción y el fraude.

Pero estos no eran los únicos aspectos de índole política que preocupaban a la sociedad, sino que se sumaban otros como “lo que hacen los partidos políticos”, “el gobierno y políticos concretos” y la “falta de acuerdos”. En total el 70% de los ciudadanos apuntaba, de un modo u otro, al ámbito político como foco de problemas. Algo que no era de extrañar porque, en ese momento, la mayoría de los ciudadanos percibía mucha crispación política. Por otro lado, ningún líder político de ámbito nacional conseguía el aprobado de los ciudadanos. El 67% tenía poca o ninguna confianza en Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Y casi el 80% desconfiaba de Pablo Casado como líder de la oposición.

Ante la incertidumbre y el temor suscitados por el estallido de la crisis sanitaria, inicialmente parece que los ciudadanos dieron un cierto margen de confianza a la clase política. Así, en abril de 2020, de acuerdo con los datos del CIS, se observa una cierta mejora de los indicadores de valoración política. Los líderes vieron mejorada la puntuación que les otorgaban los ciudadanos, llegando Pedro Sánchez a alcanzar el aprobado. Asimismo, la confianza suscitada por Sánchez y Casado mejoró ligeramente, al descender el porcentaje de los que confiaban poco o nada en ellos.

No obstante, con el paso de los meses, esa mejora acabaría por disiparse. Así, por ejemplo, y siguiendo los resultados del barómetro de junio de este año realizado por el CIS, observamos que los ciudadanos valoran peor que antes de la pandemia tanto al presidente del gobierno, como al líder de la oposición. Y si bien ha descendido la preocupación por la corrupción y el fraude, las cuestiones de índole política siguen siendo consideradas por una parte importante de la población como un problema del país. Se ha intensificado la percepción de que la falta de acuerdos y unidad política constituye un problema. En la misma línea encontramos ahora que los extremismos y la falta de confianza en los políticos son nuevas derivadas políticas que están dentro del ranking de problemas del país. Es probable que hoy la percepción de la situación política sea incluso peor que antes de la pandemia. Una premisa que no podemos confirmar, ya que el CIS dejó de preguntar por la valoración de la situación política en abril del pasado año.

Entonces… ¿qué cabe esperar?

Por tanto, de los datos analizados, podemos extraer la conclusión de que a los quince meses de que comenzara la crisis del Covid, no parece que la pandemia haya provocado un cambio de percepción política, ni de mentalidad en España. En lo que más se han visto afectados los ciudadanos es en sus rutinas diarias, por lo que es previsible que, cuando la pandemia termine, éstas vuelvan a normalizarse. Asimismo, la crisis sanitaria ha contribuido a que muchos ciudadanos valoren, sobre todo, la libertad en el sentido más primario (para desplazarse, para reunirse con personas, para salir, para viajar, etc.) debido a las restricciones impuestas a lo largo de este tiempo.

Es posible que, en un primer momento, primase el sentimiento de solidaridad y la preocupación por las personas más vulnerables, para pasar, posteriormente, a priorizarse el bienestar individual. En este sentido, esta crisis sanitaria lo que parece haber despertado en España son “ansias libertarias”, entendidas como el deseo de ejercer una libertad individual absoluta para hacer lo que se quiera en cada momento, sin ningún tipo de límite. Pero no en un deseo de transformación del modelo social.  

Oficialmente el coronavirus se convirtió en una enfermedad epidémica el 11 de marzo de 2020. Ese día la Organización Mundial de la Salud utilizó por primera vez el calificativo de pandemia para referirse a este virus. Tres días después, el 14 de marzo, el gobierno español decretaba el estado de alarma en todo el país, limitando el derecho de movimiento de los ciudadanos a actividades esenciales con un estricto confinamiento domiciliario que duraría 42 días, para después pasar a aplicarse un plan gradual de desconfinamiento y entrar en la “nueva normalidad”.

Desde entonces han pasado más de 15 meses y cuatro olas de contagios en España en las que, según los registros del Ministerio de Sanidad, cerca de 81.000 personas han perdido la vida y más de 3,8 millones se han infectado. Un tiempo en el que el gobierno de Sánchez ha aplicado, a nivel nacional, dos veces el estado de alarma (una primera vez entre marzo y junio de 2020, y una segunda entre octubre y mayo de 2021) con las consiguientes restricciones a las libertades ciudadanas. Y en el que hemos incorporado a nuestra realidad cotidiana términos epidemiológicos como “tasa de incidencia” (acumulada por 100.000 habitantes en 14 días) o “inmunidad de rebaño”, de la misma manera que hicimos con la terminología económica (“prima de riesgo” o “deuda pública”) en la crisis financiera de 2008.