Este artículo es el tercero de la serie conjunta sobre el 20D con nuestros amigos de Politikon. Hoy escribimos a la par que Pablo Simón, quien revisará las propuestas de reforma electoral de los partidos a la vez que aquí se llama la atención sobre un efecto pocas veces notado de las reglas y se bosqueja una solución. Seguimos también en las redes (#20DPolitikonPdP). PolitikonPablo Simónlas propuestas de reforma electoral de los partidos
En las elecciones al Congreso de los Diputados Cataluña elegirá 47 diputados, con 5,5 millones de electores. En esas mismas elecciones, la suma de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y La Rioja elegirán a 70, con 5 millones. Solo las comunidades de la meseta eligen a 53 diputados para 3,7 millones. No es un desequilibrio menor, y no carece de consecuencias.
Como muestra el gráfico de apertura, las Comunidades Autónomas del interior son también las más centralistas, medido en este caso por la proporción de personas que preferirían una involución en el sistema autonómico, o su supresión. No es Madrid el lugar más centralista, aunque también está en el grupo de cabeza, con las cuatro ya citadas. Las Comunidades Autónomas más adversas al centralismo tienden a tener menor representación relativa en el Congreso. No es el mejor sistema de incentivos institucionales que se me ocurre para organizar la competición política en España.
Puede observarse que la “nueva política” también corre sobre estos raíles, lo que no es raro. Según los pronósticos de reparto de escaños disponibles, Podemos estará prácticamente ausente de las Comunidades Autónomas del interior peninsular, salvo Madrid; Ciudadanos estará representado en la gran mayoría de las provincias españolas (40 según el CIS), pero si falla en algún sitio no será en el interior, sino en el País Vasco, Navarra o Galicia. El partido más centralista de los dos será reforzado, de acuerdo con los pronósticos más fiables, por el sistema electoral. Evidentemente, el sistema electoral no ha fabricado la ventaja en votos de Ciudadanos sobre Podemos que las encuestas anticipan, pero sí la ampliará en los escaños.
Que el sistema electoral español beneficia, en general, a los votantes más conservadores es cosa bien conocida. Esto se debe a la suma de dos factores: una distribución de escaños entre las provincias que refuerza la representación de los votantes de zonas de menor densidad de población, que son más conservadoras; y la existencia de un premio añadido de mayoría, por exclusión de las minorías, en los distritos de menos escaños, que coinciden con los anteriores. Esto hace que el PP obtenga ventaja relativa sobre el PSOE en condiciones iguales (obviamente, no puede confundirse con la que obtiene simplemente por ganar, cuando lo hace), pues casi siempre es más fuerte en estos distritos, y, por eso, lo llamamos sesgo conservador.
Es el momento de notar que también es un sesgo centralista. El 39,5% de los votantes potenciales de Ciudadanos el 20D son centralistas (según la anterior definición: desean limitar o suprimir el estado autonómico) frente al 22,4% de Podemos. El PP sigue siendo, por cierto, el partido preferido por los centralistas, el 45,7% de sus votantes potenciales, según el CIS, lo son; y el PSOE, el menos: el 20,9%. Ambos partidos centralistas, medido esto de forma aproximada por su distribución en las Comunidades Autónomas, se benefician, a su vez, de la sobrerrepresentación del interior, donde este clima de opinión es más fuerte.
¿Se puede cambiar?
Siempre que se habla de reformar el sistema electoral es para hacerlo más proporcional o, a veces, para hacerlo menos proporcional (dejando aparte las propuestas de intervenir en la selección de las personas, para no complicar ahora el cuadro). Yo les propongo no cambiar nada de eso, solo equilibrarlo para que sea igualmente proporcional en todas partes (moderadamente proporcional) y que todos los ciudadanos y todos los partidos tengan las mismas oportunidades. El sistema electoral español tiene buenas cualidades que deberían conservarse o transformarse de forma gradual. Es un sistema que, con sus siete escaños por distrito como media, puede hacer que se sientan cómodos partidos que superen, más o menos, el 12%-15% de los votos (si es que están distribuidos por todo el país; mucho menos si no lo están). Al mismo tiempo, puede suprimir los incentivos para la dispersión por debajo de esa barrera, lo que favorece la gobernabilidad y todas las cosas buenas que de ello se siguen, sin dejar de ser muy representativo. Por eso se dice, a veces, en la literatura académica, que está en el “punto dulce” entre estos dos objetivos. Y así es, o así sería si todos los distritos fueran parecidos al distrito medio.
Esas mismas cualidades se pueden mantener reformándolo en la dirección de suprimir su falla más flagrante, la desigualdad en la representación de los ciudadanos, y su sesgo a favor de ciertas ideas, no por ser más votadas (nadie en su sano juicio se puede quejar de que un partido más votado obtenga ventajas sobre uno menos votado, el único debate es cuántas), sino por ser de donde son. Para ello deberían mantenerse distritos de igual promedio, de unos siete escaños, pero eliminando tanto los más pequeños como los grandes, y asignando los escaños de forma porporcional a la población que representan. Naturalmente, habría que fusionar provincias por un lado, y, por otro, dividir otras en varios distritos electorales. Castilla y León debería tener, por ejemplo, 20 y no 32 escaños, que podrían repartirse en tres o, como mucho, cuatro grandes distritos. La demarcación provincial es una simple conveniencia en este caso. Cataluña, por tomar otro ejemplo, debería elegir 53 escaños, no 47, repartidos en siete u ocho distritos electorales, la mayoría de ellos en Barcelona, como es lógico.
De hacerse así, lo normal es que tuviéramos un sistema de cuatro partidos “nacionales” y un buen número de minorías, normalmente periféricas, todos con voz e influencia en el Congreso. Los gobiernos serían típicamente de coalición o en minoría, pero serían estables, lo que es muy bueno. Podría haber alternancia, pero también negociación y pacto.
Y, para todo lo demás, podríamos acudir a la Comunidad Autónoma. Que el Congreso se conciba, retóricamente, como lugar para compensar supuestos “olvidos” del territorio interior, en un foro que lo que hace es nombrar gobiernos -yo nunca he visto a los proverbiales diputados de Soria votar juntos- no solo es una desviación del natural orden autonómico de las cosas, sino una falsificación que ofende al entendimiento.