Despolitizar la Justicia, sí, pero… ¿y las asociaciones judiciales?

Parece que la cuestión de la reforma de la Justicia por fin se ha instalado en nuestro debate público. Las críticas sobre la politización de nuestras instituciones judiciales, que ya habían calado en amplios sectores de la sociedad, han acabado por hacerse un hueco en los discursos y las agendas de gran parte de los actores políticos. Ahora todo se pone en cuestión, desde el Tribunal Constitucional hasta el Consejo General del Poder Judicial o incluso la Fiscalía. Sin embargo, existen unos actores que tiene un papel nuclear en nuestra Justicia y del que no se habla tanto: las asociaciones judiciales.

La judicatura española se caracteriza por una vida asociativa relativamente intensa, donde aproximadamente la mitad de nuestros jueces y magistrados pertenece a alguna asociación. Al mismo tiempo, esa vida asociativa tiene unas características peculiares. Como aclaró Bell, en muchos países de nuestro entorno las asociaciones judiciales tienen un carácter más estrictamente profesional, no pretenden representar corrientes ideológicas y, en general, actúan como un grupo de presión en defensa de los intereses de los jueces como colectivo, en lugar de representar a facciones o sectores. Nuestro país sigue sin embargo un modelo distinto. En España, existe una pluralidad de asociaciones. Algunas de ellas, además, tienen orientaciones ideológicas relativamente claras. Los más optimistas dirían que las asociaciones judiciales en España representan la pluralidad de sensibilidades sobre política judicial, y aún sobre política general, que existen dentro de la judicatura. Los más escépticos, sin embargo, han considerado que las asociaciones –o al menos algunas de ellas- reproducen lógicas de politización partidista. Por una cuestión de rigor, es preciso destacar que no todas las asociaciones judiciales en España son iguales, ni tienen todas perfiles ideológicos igual de nítidos y que, por tanto, las generalizaciones deben tomarse siempre con precaución. En todo caso, y hecha esta matización, cabe preguntarse qué impacto tiene en su conjunto el modelo asociativo general de nuestro país sobre la independencia judicial.

 

Gráfico 1. Porcentaje de jueces que afirma que su asociación judicial no ha respetado su independencia, por países

 

 

El gráfico 1 utiliza datos de un reciente informe de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial, que realizó una encuesta a jueces de distintos países europeos (Reino Unido está descompuesto en sus naciones integrantes). Cuando se pregunta a los jueces si sienten que su asociación judicial ha respetado su independencia en los últimos años, el porcentaje de los que afirman que no es así encuentra una llamativa variación por países. Lamentablemente, los datos para España (en rojo) están entre los peores de todos los países analizados. Un 10 por ciento de los jueces y juezas de España afirma que sus asociaciones judiciales no han respetado su independencia en los últimos años. Al margen de si se considera que un 10 por ciento es mucho o poco en términos absolutos, lo que resulta llamativo es que en términos relativos España sea el segundo caso con peor puntuación, empatado con Irlanda del Norte. Con un porcentaje peor que el de España se sitúa solamente Italia que, por cierto, tiene un modelo asociativo en Justicia relativamente similar al nuestro. De nuevo, permítanme que insista en que cada una de las asociaciones de nuestro país es distinta y que por tanto la responsabilidad de este resultado no tiene por qué distribuirse de forma homogénea. Sin embargo, a falta de saber qué opinan nuestros jueces sobre cada asociación en particular, la cifra sobre el panorama asociativo general apunta a un escenario claramente sub-óptimo.

Es difícil saber cuáles son las causas de esta mala puntuación de las asociaciones españolas, aunque su fragmentación a lo largo de líneas ideológicas o el fuerte papel que tradicionalmente han tenido en el CGPJ son hipótesis interesantes. Sobre lo que sí sabemos un poco más es sobre las consecuencias. La encuesta citada también preguntaba a los jueces si percibían que su Consejo del Poder Judicial respetaba su independencia. Al cruzar estos datos con los de las asociaciones, vemos que existe una alta correlación entre unos y otros.

 

Gráfico 2. Correlación entre falta de respeto a la independencia por parte de asociaciones judiciales y falta de respeto a la independencia por el Consejo del Poder Judicial

 

  

El Gráfico 2 muestra la correlación entre los porcentajes de jueces de cada país que perciben una falta de respeto a su independencia por parte de las asociaciones judiciales y por parte de su Consejo del Poder Judicial. Un primer dato llamativo es el pésimo resultado obtenido por España (en rojo) también en esta segunda dimensión. Más de un 30 por ciento de los jueces encuestados afirmaron que el CGPJ no había respetado su independencia en los últimos años. Es, muy de lejos, el porcentaje más alto de todos los países incluidos, lo cual proporciona un fuerte respaldo a la idea de que dicha institución necesita en nuestro país de una reforma en profundidad. Pero además, el Gráfico 2 muestra que en los países en los que las asociaciones son percibidas como una amenaza a la independencia judicial, los Consejos tienden a ser percibidos también como irrespetuosos de la autonomía de los jueces. Aunque para establecer una relación causal hará falta evidencia más concluyente, la información preliminar apunta a que se trata de dos problemas interrelacionados. Máxime cuando, descendiendo a los detalles, vemos que las asociaciones de algunos de los países con peor puntuación, como España e Italia, tradicionalmente han jugado un rol central en sus Consejos del Poder Judicial -pese a ser probablemente algo menor en nuestro país tras la última reforma-. Será, por tanto, difícil reducir la desconfianza de los jueces en sus Consejos del Poder Judicial si no se reduce en paralelo la desconfianza en las asociaciones judiciales, al menos en la medida en que éstas jueguen un importante papel en el funcionamiento de aquéllos.

Las asociaciones judiciales españolas se encuentran en la actualidad inmersas en una interesante campaña en favor de la independencia judicial y la despolitización de la Justicia. Lo cierto es que los indicadores objetivos apuntan a que esta es una causa urgente y justificada, pues la desconfianza hacia las instituciones judiciales es inaceptablemente alta entre los miembros de la carrera y la ciudadanía en su conjunto. Sin embargo, los datos mostrados también apuntan a que, paradójicamente, las asociaciones judiciales podrían formar parte del problema que ellas mismas denuncian. Es hora de que todos comprendamos que las asociaciones judiciales no son meramente observadoras de los problemas que atenazan a nuestra Justicia, sino una pieza central del funcionamiento, bueno o malo, de las instituciones judiciales, y en esta medida deben ser también objeto de reflexión y escrutinio público.