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El fin del Gobierno de Rajoy

La calculada estrategia de Luis Bárcenas de dosificación de informaciones que afectan al PP y a sus principales líderes está poniendo al Gobierno en grandes apuros. Tras las publicaciones de los SMS de Rajoy y su declaración ante el juez Ruz, empiezan a oirse voces sobre mociones de censura, dimisiones y, en definitiva, una caída del Gobierno. Pero, ¿es posible que el Gobierno de Rajoy acabe desmoronándose por el caso Bárcenas?

Como los lectores sabrán, en los sistemas parlamentarios, los ciudadanos no escogemos directamente al Gobierno, sino que lo hacemos de forma indirecta. En realidad, los ciudadanos elegimos a nuestros representantes en el Parlamento y son estos últimos los que votan en investidura al jefe de Gobierno. Es por este motivo que los gobiernos no son responsables directamente ante el ciudadano, sino ante el Parlamento.

¿Eso quiere decir que cuando el Parlamento deja de confiar en el Gobierno éste se ve obligado automáticamente a dimitir? No exactamente. En algunos países (por ejemplo en algunos del norte de Europa) los gobiernos suelen dimitir cuando pierden alguna votación importante en el Parlamento. Aún no siendo una regla escrita, sí es una costumbre. Incluso en algunos países los Gobiernos pueden condicionar de forma explícita la supervivencia del Gobierno a ganar una votación en el Parlamento.

En cambio, en otros países como en el nuestro o Alemania (en esto vamos juntos), la cuestión se complica, pues no es suficiente que el Parlamento pierda la confianza en el Gobierno sino que también debe proponerse a un candidato a jefe de Gobierno alternativo. La evidencia comparada nos muestra que cuando esto ocurre, los gobiernos suelen ser más estables. Y es que entre la oposición es más fácil ponerse de acuerdo en estar en contra del Gobierno de turno que en proponer un Gobierno que le sustituya. De este modo, en paises como el nuestro un Parlamento puede haber perdido la confianza en el Gobierno y, sin embargo, ser incapaz de destituirlo.

Debido a este motivo y a otros (como la fragmentación del parlamento), podemos observar que España se encuentra entre las democracias parlamentarias con gobiernos más longevos del mundo, sólo superado por Luxemburgo y Moldavia (véase el gráfico 1). Los gobiernos españoles suelen durar de media tres años (1087 días en concreto) y, en cambio, la duración media de las 39 democracias parlamentarias que se muestran en el gráfico 1 es de 663 días. Así, los gobiernos españoles tienen una esperanza de vida que supera en más de un año la media de las democracias parlamentarias.

Desde esta perspectiva parece claro que el Gobierno de Mariano Rajoy parte de una situación muy ventajosa, pues no parece nada probable que el ejecutivo caiga debido a una pérdida de confianza del Parlamento. Rajoy no sólo cuenta con una sólida mayoría en la cámara legislativa sino también con un grupo parlamentario altamente disciplinado. Pero aún produciéndose una poco probable rebelión dentro del grupo popular, el fin del Gobierno de Rajoy tampoco estaría asegurado, pues parece aún menos probable que los diputados populares díscolos fueran capaces de acordar con el PSOE un candidato a Presidente alternativo.

Así, por la vía de la pérdida de la mayoría parlamentaria es muy poco probable que el Gobierno de Rajoy acabe desmoronándose. Pero no vayamos tan rápido: en realidad, la mayoría de los gobiernos no acaban cayendo por este motivo. El caso español es un buen ejemplo de ello. En nuestras tres décadas de democracia hemos visto cómo numerosos gobiernos no han podido agotar toda la legislatura. Ni Suárez (1981), ni González (1989, 1996) ni Rodríguez-Zapatero (2011) sobrevivieron al mandato de cuatro años que tenían encomendados. Pero ninguno de ellos, se fueron a causa de una moción de censura.

La imposibilidad de que se produzca una moción de censura no conlleva necesariamente que sea imposible que el Gobierno de Rajoy termine antes de tiempo. Hay otras vías que pueden provocarlo, pero estas pasan por una decisión del propio Gobierno. El Presidente podría decidir dimitir y fomentar que hubiera una nueva investidura o podría disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones.

De entre estas vías, la más destacable (por su frecuencia) es que el propio Gobierno decida dimitir y disolver las Cortes. El motivo para hacerlo suele ser la expectativa de que esta opción ofrece al Gobierno mejores resultados en las urnas que la opción de esperar y agotar la legislatura. En otras palabras:podría producirse una dimisión y adelanto electoral si el propio PP prevé que el desgaste del Gobierno al final de la legislatura (noviembre de 2015) será superior al que sufre en estos momentos.

En este sentido puede que haya algunos factores que podrían aconsejar una dimisión y adelanto electoral (por ejemplo, aprovechar la precaria situación que vive hoy el PSOE, o sospechar que Bárcenas tiene mucha munición y de gran calibre para una guerra larga y dolorosa para altos cargos del gobierno), pero otros factores podrían aconsejar esperar a agotar la legislatura (por ejemplo, creer que la mejora de la economía está cerca, o tener la expectativa de que Bárcenas no puede dilatar esta situación). En definitiva, en este cálculo intervienen demasiadas incógnitas como para que me atreva a hacer un pronóstico fiable. Pero ante las dudas sobre qué acabará decidiendo Rajoy, quizás podamos hallar algunas interesantes pistas tras sus famosos SMS: “al final la vida es resistir”, “tranquilidad… es lo último que se puede perder” y, mi favorito, “sé fuerte”.

La calculada estrategia de Luis Bárcenas de dosificación de informaciones que afectan al PP y a sus principales líderes está poniendo al Gobierno en grandes apuros. Tras las publicaciones de los SMS de Rajoy y su declaración ante el juez Ruz, empiezan a oirse voces sobre mociones de censura, dimisiones y, en definitiva, una caída del Gobierno. Pero, ¿es posible que el Gobierno de Rajoy acabe desmoronándose por el caso Bárcenas?

Como los lectores sabrán, en los sistemas parlamentarios, los ciudadanos no escogemos directamente al Gobierno, sino que lo hacemos de forma indirecta. En realidad, los ciudadanos elegimos a nuestros representantes en el Parlamento y son estos últimos los que votan en investidura al jefe de Gobierno. Es por este motivo que los gobiernos no son responsables directamente ante el ciudadano, sino ante el Parlamento.