El perfil sociodemográfico del parlamento ha cambiado. Como bien nos contaba el profesor Xavier Coller y su equipo de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), si comparamos con los anteriores, este es un Congreso más joven, con más mujeres (aunque los hombres siguen siendo mayoría), con más titulados universitarios (un 95%) y en el que los licenciados en derecho y los profesores siguen siendo la mayoría aunque los parlamentarios sin profesión declarada es el más alto: 19%.
Probablemente, aunque no he visto datos al respecto, en el caso de muchos de estos diputados serán los primeros de su familia o entorno en tener una responsabilidad política. Esto, a mi juicio, es algo positivo: que personas que nunca han accedido a la política o al espacio de toma de decisiones, se conviertan en representantes públicos son buenas noticias. Dicho de otro modo, aunque nuestro sistema de selección de políticos no es perfecto –se ha escrito mucho sobre la vida interna de los partidos aunque algo menos sobre el proceso de confección de listas-, a la luz del último Congreso dicho proceso permite altas tasas de renovación y que accedan a puestos de representación personas que hace dos años estaban rodeándolo o que ni se habían planteado optar a un cargo representativo. De nuevo, si los representantes no lo hacen bien, los ciudadanos pueden ‘juzgarlos’ y echarlos.
Pero, ¿qué sabemos de los altos cuerpos de la administración del estado? En tanto que estos puestos son de por vida y no están sometidos a la voluntad popular –y probablemente es bueno que así sea-, se hace necesario analizar la calidad del proceso de selección de estos miembros. Hasta hace relativamente poco, no disponíamos de trabajos que contrastasen la calidad y eficiencia del proceso de selección. Sin embargo, el excelente trabajo del profesor Manuel Bagües que mencionan Felix Martinez y Jordi Oliveres en su libro “Los Intocables”, debería hacernos reflexionar a todos.
Bagües analiza los factores que explican el éxito de cerca de 40.000 opositores a los principales cuerpos del Estado: Abogados del Estado, Cuerpo Diplomático, Inspectores de Hacienda, Carrera Judicial y Fiscal, Notarios, Registradores y Secretarios Judiciales. Son las oposiciones del grupo A, en las que se exige que los candidatos estén en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
Lo interesante del estudio es que los datos que ha recopilado Bagües son exhaustivos. Por ejemplo, en las oposiciones a Juez y Fiscal se presentan más de 5000 candidatos para 120 plazas, mientras que para Notarios o Secretarios, 1500 candidatos compiten por 100 plazas. En cambio, para Abogado del Estado o Diplomáticos, las cifras son de 251 y 342 candidatos para menos de 30 plazas, aproximadamente. El ratio entre candidatos y plazas varía entre los 9,7 candidatos por plaza a Abogado del Estado o 10,8 a Diplomático por los 40 candidatos por plaza entre futuros jueces y fiscales. También hay variación en la frecuencia y la duración de los cuerpos. Así, mientras las oposiciones para Notarías y Registros se celebran cada dos años y duran casi un año, para las demás, la oposición se suele celebrar anualmente: la duración del proceso oscila entre los 5 meses y medio (Diplomática) a los diez (Jueces y Fiscales).
Bagües también detalla en qué ejercicios eliminatorios consisten cada una de las oposiciones: para la Carrera Diplomática hay una primera prueba test, seguida de cuatro ejercicios orales y escritos; en cambio para jueces y fiscales, hay dos pruebas, todas ellas orales[1]. Lo importante de la estructura del examen es que “provoca variaciones en las condiciones en las que es evaluado cada candidato” (página 12). Por ejemplo, en las pruebas escritas varía el orden y el momento en que se corrige cada examen, pudiendo suceder que dentro de una misma oposición, haya diferencias en las condiciones de la evaluación, independientemente de la calidad del candidato.
Pero además de la estructura del examen, hay otros factores que afectan a la tasa de éxito de los opositores. Algunos de los resultados más impactantes de la investigación de Bagües son:
- Primero: las condiciones en las que se evalúan al candidato -día de la semana, hora, aplazamientos, orden de convocatoria- afectan significativamente a las calificaciones. Si al candidato, le toca al comienzo de la lista –y esto se decide por sorteo- las probabilidades de éxito aumentan en un 55% respecto a los candidatos que van al final de la lista.
- Segundo: “los candidatos poseedores de un apellido compuesto similar al de algún miembro del Cuerpo de Estado al que aspiran -parientes- tienen de media unas posibilidades de éxito que superan en más de un 100% -significativamente- las posibilidades de los demás candidatos” (página 33) . La importancia, sin embargo, varía según las oposiciones: mientras que el coeficiente es significativo en las oposiciones a Abogado del Estado (donde los parientes tienen un 205% más probabilidades de aprobar); en la Carrera Diplomática (un 149%) ; y en Notarías (un 112%), en el resto no lo es.
- También afectan las características de los evaluadores: si los tribunales están compuestos por miembros relativamente más jóvenes, las posibilidades de éxito de los candidatos hombres son mayores. Sucede lo contrario cuando los evaluadores tienen relativamente más edad.
- Por último, los candidatos procedentes de Madrid tienen mayores tasas de éxito. Ahora bien, cuando las evaluaciones se realizan fuera de Madrid, el éxito desaparece.
En definitiva, el trabajo de Bagües muestra que las posibilidades que tiene un opositor de aprobar una oposición dependen de una serie de elementos ajenos a su calidad. Estos factores los podemos diferenciar entre aquellos de carácter puramente aleatorio y aquellos que se derivan de un comportamiento aparente discriminador por parte de algunos evaluadores.
¿Cómo se puede solventar esta disfunción? Hay dos problemas: uno que viene del mero diseño del proceso de selección y otro sobre el origen de los candidatos. Respecto a lo primero, Bagües propone tres reformas. En algunas oposiciones las primeras pruebas son exposiciones orales (por ejemplo, para Abogados del Estado). Si en lugar de estas pruebas, se realizara un examen test al comienzo de la oposición, esto garantizaría la anonimidad en al menos uno de los ejercicios. Además esta forma limita la importancia del orden en los ejercicios posteriores. En segundo lugar, y más importante, la introducción del anonimato y la doble evaluación en los ejercicios escritos. Por último, sugiere que tanto el diseño como la implementación de la evaluación sean controlados por parte de algún órgano externo de supervisión.
Por otro lado, también debemos fijarnos en el origen socioeconómico de los candidatos. En tanto que para superar las oposiciones superiores se requiere dedicación exclusiva durante más de un año (no voy a hablar de los preparadores), no se presentan ni todos los mejores ni todos los que quisieran: no todos los buenos candidatos a una de esas plazas pueden permitirse vivir de ahorros o ser mantenidos por sus familias mientras las preparan. Además, con todo lo apuntado arriba, los candidatos con mayores recursos pueden insistir en la oposición durante más tiempo que el resto, sesgando aún más el grupo de los elegidos. Algunas comunidades tienen programas de becas para que los candidatos se puedan preparar estas oposiciones. Pero esto no es una práctica extendida al conjunto del país.
Me permito hacer una pregunta más general respecto al proceso: ¿de verdad es el mejor sistema del que nos podemos dotar? ¿Tiene sentido tener a un grupo de (normalmente) jóvenes comprometidos con el sistema público estudiando durante varios años para enfrentarse a un resultado incierto? ¿Qué sucede con ese talento (y recursos invertidos) si no lo obtienen? No parece un sistema eficiente ni muy justo a la luz de los resultados. Tampoco es creíble que en un mundo en el que gastamos ingentes cantidades en procesos de selección de personal, el mejor sistema que tengamos para la selección de servidores públicos sea el actual.
[1] Nota: el trabajo de Bagües se publicó en 2005. Algunas oposiciones han variado el procedimiento. En la carrera judicial se ha introducido un test. El resto de las pruebas, se mantienen. En cambio, para Abogados del Estado y el procedimiento sigue siendo el mismo que en 2005.
