La defensa de la unidad de España es uno de los principales y reiterativos ejes discursivos de Vox. Un eje que se materializa en su programa electoral 100 medidas para la España Viva, dentro de las 10 incluidas en el apartado “España, unidad y soberanía”.
El Estado Autonómico: un problema para Vox
Se puede inferir que, si llegara al gobierno ahora, lo primero que haría la formación liderada por Santiago Abascal, y así aparece como primera de sus 100 propuestas, sería suspender la autonomía catalana. Pero... ¿hasta cuándo? De acuerdo con su programa: “hasta la derrota sin paliativos del golpismo y la depuración de responsabilidades civiles y penales”. Tras la de Catalunya, vendría no ya la suspensión, sino la eliminación de todas las autonomías, pues Vox aboga por “transformar el Estado autonómico en un Estado de Derecho unitario”. En concreto, se trata de la sexta medida de su programa electoral y de uno de los compromisos “estrella” de sus dirigentes. Ahora bien, como parecen asumir que este cambio estructural tomaría su tiempo, proponen “como paso previo: la devolución inmediata al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia limitando en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica”.
¿Y cuáles son las razones por las que Vox justifica la necesidad de modificar el modelo de organización territorial del Estado español consagrado en la Constitución de 1978? Más allá de exponer, en su programa, que el Estado unitario promovería “la igualdad y la solidaridad en vez de los privilegios y la división”, encontramos una justificación más detallada en su manifiesto fundacional. En éste, se afirma que “el Estado de las Autonomías no ha cumplido los fines para los que fue concebido y su coste ha alcanzado proporciones alarmantes. La descentralización política, que se ha llevado a extremos dudosamente compatibles con la Constitución, lejos de apaciguar la cuestión nacionalista en Catalunya y en el País Vasco, ha agudizado las tensiones centrífugas y ha puesto a España al borde de la desintegración. Nuestro Estado autonómico es políticamente inmanejable y financieramente insostenible”.
¿Recentralizar equivale a menor burocracia y gasto?
Ahora bien, en lo que a eficiencia económica se refiere, el planteamiento de Vox no parece estar fundamentado en los datos, pues los Estados descentralizados no son más costosos que los centralizados. En un interesante artículo (¿Nos sale muy caro el Estado Autonómico?¿Nos sale muy caro el Estado Autonómico?) publicado el pasado marzo, el economista Juan Ramón Rallo puntualizaba que “centralizar no es lo mismo que desburocratizar”. Por ejemplo, por el mero hecho de que desaparecieran las autonomías, el número de efectivos policiales o de personal sanitario, o incluso de cargos políticos, que están adscritos a Administraciones Autonómicas pasarían a depender del Estado central, pero no tendrían por qué verse reducidos automáticamente.
En su artículo, Rallo aclaraba que para saber si un modelo de Estado es más caro que otro lo que debemos hacer es comparar cuál es el “coste de la burocracia” en cada uno de ellos. A partir de la información proporcionada por Eurostat, este economista señalaba que, mientras España dedica el 2,6% de su PIB al gasto burocrático o gerencial (en el que se incluye tanto los gastos de órganos asociados a la Administración, como el coste de personal), un país tan centralizado como Francia destina el 3,5%. Asimismo, también indicaba que el gasto burocrático del Estado español es ligeramente inferior a la media europea (2,8%). Algo que le llevaba a concluir que el Estado autonómico español no está “especialmente sobreburocratizado en relación con otros Estados europeos más centralizados” y, por tanto, advertía que “si de lo que se trata es de eliminar burocracia (…), podemos hacerlo con o sin descentralización”.
Los ciudadanos ante el modelo de organización territorial
En cualquier caso, la propuesta de suprimir las autonomías ha sido, de acuerdo con los resultados de una encuesta postelectoral realizada por la empresa demoscópica 40dB, uno de los principales motivos esgrimidos por los votantes de Vox para apoyar a esta formación en las recientes elecciones andaluzas. Además, otros sondeos de ámbito nacional también apuntan a que el rechazo a las Comunidades Autónomas es uno de los factores que explican el auge de esta formación. De acuerdo con una reciente encuesta realizada por Metroscopia, 8 de cada 10 entrevistados que declaran ahora su intención de votar a Vox consideran que se ha llegado demasiado lejos en el proceso de transferencias autonómicas.
Por ello, cabe preguntarse en qué medida el funcionamiento del Estado Autonómico es percibido actualmente como un problema por la sociedad y cuáles son las preferencias ciudadanas sobre la forma de organización territorial. Del análisis de los datos del CIS para el conjunto nacional, se puede obtener la siguiente instantánea demoscópica:
- Con la última información disponible (barómetro de noviembre), no se puede decir que la organización territorial (mal funcionamiento o insatisfacción con el Estado autonómico) sea, por el momento, una cuestión prioritaria para la ciudadanía. Ni siquiera el desafío independentista catalán (mencionado por un 9,7% de los ciudadanos como un problema), ni los nacionalismos (1,1%) ocupaban, a principios de noviembre los primeros puestos del listado de problemas, que a ojos de la ciudadanía, tiene España. Por el contrario, lo que más inquieta a la sociedad es el paro (58,5%), los políticos, los partidos y la política (31,3%), la corrupción y el fraude (29,4%) y los problemas de índole económica (22,4%).
- Preguntados por las diferentes opciones de organización territorial del Estado, encontramos que es hoy predominante, aunque no mayoritaria (39,2%), la opinión de los que son partidarios de mantener “un Estado con Comunidades Autónomas como en la actualidad”.
- Entre los que optarían por cambiar el modelo de organización territorial, hay una considerable división de opiniones: un 20,6% preferiría un Estado con un único gobierno central sin autonomías (en línea con la propuesta lanzada por Vox), otro 12,5% apostaría por un Estado en el que las autonomías tuvieran un mayor nivel de autonomía, un 10,6% optaría por reconocer a las Comunidades Autónomas la posibilidad de convertirse en Estados independientes y a otro 10,3% le gustaría que las Comunidades Autónomas tuvieran un menor nivel de autonomía.
- Por electorados, encontramos que los más favorables a un Estado centralizado son los del PP (40,8%), mientras en el electorado del PSOE, son mayoría (50,7) los que prefieren la fórmula del actual Estado Autonómico. También entre los votantes de Ciudadanos (38,7%) y de Podemos (32,6%) la opinión predominante es la de aquéllos que se muestran a favor del statu quo, si bien los que se inclinarían por un cambio, en uno y otro electorado, lo harían en una dirección opuesta. Entre los votantes de Ciudadanos, prevalecen las preferencias procentralistas, mientras entre los electores de Podemos, predominan las preferencias proautonomistas/independentistas.
- Por Comunidades Autónomas, las actitudes más procentralistas las encontramos en Castilla-León, Castilla-La Mancha, La Rioja y Madrid. Y las más proindependentistas, en Catalunya, País Vasco y Navarra.
Si tratamos de comparar estas preferencias con las que tenían los electores en 1984 -año en que el CIS empezó a preguntar por esta cuestión-, observamos algunas similitudes y diferencias. Por un lado, hace treinta y cuatro años también la ciudadanía mostraba una gran división o pluralidad de pareceres a la hora de posicionarse sobre la forma de organización territorial con la que estaba más de acuerdo. Así, un 33% se mostraba a favor del Estado autonómico tal y como se había diseñado, un 22% era partidario de aumentar el nivel de autonomía, otro 13% prefería un Estado centralizado y un 5% veía con buenos ojos la posibilidad de que las autonomías pudieran convertirse en Estados independientes. En el cuestionario del CIS, no se incluía, entonces, la opción de reducir el nivel de autonomía.
Por otro lado, en los primeros años de la democracia, había una mayor proporción de ciudadanos que no expresaban una opinión. De este modo si en julio de 1984 un 26% de los ciudadanos contestaba con un no sabe a la pregunta sobre sus preferencias territoriales, actualmente esa cifra es inferior al 6%. Ahora, con un mayor porcentaje de personas que expresan su opinión sobre este tema, hay más partidarios del centralismo, pero también del independentismo y de mantener el actual Estado de las Autonomías.
Por tanto, aunque la supresión del Estado Autonómico cuente ahora con más adeptos que en los años 80 del siglo pasado, no parece que resulte hoy una opción muy popular. Tampoco se registra ahora un récord en el porcentaje de partidarios del centralismo. De acuerdo con la serie del CIS que incluye las observaciones realizadas entre abril de 2009 y noviembre de 2018, la cifra más elevada en cuanto a preferencias centralistas se produjo en noviembre de 2012, al calor de la crisis económica, la aplicación de duros ajustes presupuestarios y el comienzo del conflicto catalán (con la demanda, por parte del entonces Presidente de la Generalitat, Artur Mas, de un nuevo pacto fiscal para Catalunya).
La ausencia de información y debate sobre el estado de las autonomías
No obstante, no se puede descartar que haya un nuevo repunte de las actitudes favorables al centralismo y, sobre todo, aumente el descontento con el funcionamiento del Estado Autonómico, si Vox continúa haciendo proselitismo contra las autonomías. Y si esta formación consigue marcar el paso, por la derecha, al PP y a Ciudadanos en la pugna por aparecer como el partido que mejor defiende la unidad de España, frente a la amenaza del secesionismo.
El actual contexto de elevado malestar social, deterioro institucional, polarización política y exacerbación de los nacionalismos (español y catalán) favorece a Vox a la hora de señalar la forma de organización territorial como “culpable”. En un momento de elevado descontento político, para muchos resulta atractivo el discurso de quien plantea una medida para “acabar con el despilfarro, los cargos políticos, las duplicidades, los políticos que viven de las Administraciones…”. En un momento de polarización extrema, a muchos les resulta también atractivo el discurso de quien propone medidas radicales. En un momento de desconcierto, a muchos puede resultarles tranquilizador el discurso de quien señala al Estado autonómico como como origen del conflicto territorial, y por ende, como solución (con su potencial eliminación).
También pueden jugar a favor de Vox, en este ámbito, las actitudes ambivalentes que tienen muchos ciudadanos sobre el Estado Autonómico. Según los datos del último barómetro autonómico realizado en 2012 por el CIS, encontramos que hace seis años, en un contexto marcado por la crisis económica, algo menos de un 40% de los ciudadanos consideraba que la “creación y el desarrollo de las Comunidades Autónomas” había sido algo más bien positivo para España, mientras un 37,1% opinaba que había sido más bien negativo y otro 12,1% que no había sido ni positivo, ni negativo. Unas Administraciones más cercanas y una mejor atención y conocimiento de los problemas ciudadanos eran percibidas, entonces, como los principales fortalezas del Estado Autonómico. Por el contrario, el aumento del gasto público y de la burocracia eran consideradas como las principales debilidades. Es posible que ahora se ponga más la atención en los aspectos negativos, que en los positivos.
Precisamente, cuando el modelo del Estado Autonómico es cuestionado -entre propuestas contrapuestas de recentralización de algunas competencias, eliminación de las autonomías e independentismo-, es cuando la opinión pública puede ser más influenciable por argumentos propagandísticos. En este sentido, podría resultar muy útil que el Senado, definido en la Constitución como cámara de representación territorial, llevara a cabo una campaña institucional, con carácter divulgativo, para dar a conocer el funcionamiento, coste y balance del Estado Autonómico, ya que éste es un tema sobre el hay un elevado desconocimiento y desinformación. También sería muy deseable que en 2019 tuviera lugar en el Senado el debate sobre el estado de las autonomías, que (recordemos) se celebró, por última vez, en 2005.