En los últimos seis años, el debate sobre la sostenibilidad del Estado del bienestar ha estado muy presente en España y en la Unión Europea al calor de unas políticas de austeridad que se han traducido en drásticos recortes en la financiación de servicios públicos y prestaciones sociales. En España, con dos hitos en mayo de 2010 y en julio de 2012 en lo que ajustes presupuestarios se refiere, el rechazo social a los recortes primero llevó a colectivos de diferente índole y a miles de ciudadanos a protagonizar multitudinarios actos de protesta. Posteriormente, contribuyó al exitoso salto a la arena política e institucional de plataformas ciudadanas y de Podemos, como principales abanderados contra los recortes sociales.
Bien es cierto que el debate sobre la situación de los servicios públicos y las prestaciones sociales ha quedado diluido en los últimos meses por la combinación de tres factores. En primer lugar, por la entrada en las instituciones de esos nuevos actores políticos que han canalizado el malestar contra los recortes sociales. En segundo lugar, por la relajación de las políticas de ajuste fiscal y de la que el gobierno de Rajoy hizo ya gala meses antes de las elecciones generales con la finalidad de que los ciudadanos lo notaran en sus bolsillos antes de ir a votar. Y, por último, por los efectos colaterales de una agenda política y mediática que desde el pasado 20 de diciembre está centrada en el incierto proceso de formación de un nuevo gobierno.
Pero este último trimestre de impasse político a nivel nacional no oculta que la ciudadanía se muestra preocupada por la situación de los servicios públicos o, al menos, de algunos de ellos. Así, desde enero, y de acuerdo con los barómetros del CIS, la sanidad y la educación aparecen, tras el paro, la corrupción, la situación económica, la clase política y los problemas de índole social, en el ranking de problemas que, a juicio de los ciudadanos, tiene España. Si, además, analizamos la serie de datos del CIS sobre la percepción de los tres problemas principales que existen en España, disponible desde mayo de 1985, encontramos que nunca había sido tan elevada la preocupación por la sanidad como la que se viene registrando desde la segunda mitad de 2012.
En este contexto, y bajo el supuesto de que el nuevo gobierno que se forme en España, sea del signo político que sea y se constituya más tarde o más temprano, tendrá que aplicar un nuevo paquete de ajustes para cumplir con los objetivos de reducción del déficit público marcados por la Unión Europea, cabe preguntarse qué percepción tienen hoy los ciudadanos del funcionamiento de los servicios públicos y en qué medida la crisis y los recortes han repercutido negativamente en esa percepción.
Lo primero que llama la atención al “bucear” en los datos del CIS es que nos encontramos con una opinión pública polarizada cuando se formula la pregunta de cómo funcionan los servicios públicos que prestan el Estado, las CC.AA. y los Ayuntamientos en su conjunto. De este modo, y de acuerdo con los últimos datos disponibles referidos a junio de 2015, mientras un 49,2% de los ciudadanos considera que dichos servicios funcionan de forma poco o nada satisfactoria, otro 48,5% cree que lo hacen de forma satisfactoria. Entre septiembre de 2009 y junio de 2011, en plena crisis económica, lejos de verse resentida la valoración que tenían los ciudadanos sobre el funcionamiento de los servicios públicos, ésta mejoró (gráfico 1). No fue hasta la segunda mitad de 2012 cuando se produjo un punto de inflexión negativo y comenzó a ser mayoritaria la opinión de que los servicios públicos funcionaban de forma insatisfactoria; opinión que siguió siendo mayoritaria hasta junio de 2014 y que mejoró en 2015 (quizás influida por una valoración ciudadana menos negativa de la situación económica y por el mensaje del gobierno del PP sobre la recuperación económica con la aplicación de rebajas fiscales incluida).
Por otra parte, cuando se les pide a los ciudadanos su opinión sobre el funcionamiento de algunos servicios públicos en concreto, se observan notables diferencias en las valoraciones. De acuerdo con el último estudio de “opinión pública y política fiscal” realizado por el CIS en julio de 2015, los ciudadanos están mayoritariamente satisfechos con el funcionamiento del transporte público y de la seguridad ciudadana (gráfico 2). En lo que se refiere a las obras públicas encontramos que las opiniones negativas superan muy ligeramente a las positivas. La insatisfacción social es abrumadora respecto al funcionamiento de la Administración de Justicia y la ayuda a personas dependientes. Asimismo, los ciudadanos se muestran claramente insatisfechos con el funcionamiento de la enseñanza, los servicios sociales y la gestión de las pensiones.
En 2007, antes de que comenzara en España la crisis económica y de que se empezaran a aplicar las políticas de ajuste fiscal, los ciudadanos tenían una mejor percepción que ahora de cómo funcionaban los servicios públicos. Sin embargo, en los últimos tres años ha mejorado la opinión sobre algunos servicios públicos, aunque también ha emporado la de otros. Si tomamos como punto de comparación 2012, se observa que ha mejorado la opinión sobre el transporte público y la seguridad ciudadana (gráfico 3). Por el contrario, ha empeorado sensiblemente la valoración sobre la enseñanza, la asistencia sanitaria y la ayuda a personas dependientes. Es significativo también que pese a la mala valoración que tienen los ciudadanos del funcionamiento de la Administración de Justicia, ésta sea menos negativa que en 2012. La repercusión mediática que ha tenido el papel jugado en los últimos años por algunos jueces en las demandas contra los abusos de las entidades bancarias y en la paralización de desahucios puede haber tenido un efecto positivo en la opinión que tiene la ciudadanía de la Administración de Justicia.
En consonancia con el elevado grado de insatisfacción que muestran los ciudadanos con el funcionamiento de muchos servicios públicos, no es de extrañar que exista una amplia percepción de falta de dotación presupuestaria de los mismos. En julio de 2015, siguiendo los datos del CIS, de un listado en el que se incluían un total de 15 servicios públicos, los ciudadanos de forma mayoritaria solo señalaron dos de ellos (los transportes y la seguridad ciudadana) como aquéllos que están financiados adecuadamente. También es predominante (aunque no mayoritaria) la opinión de que las obras públicas cuentan con una dotación presupuestaria adecuada. Por el contrario, la mayoría de los ciudadanos considera insuficientes los recursos que las Administraciones Públicas destinan a financiar la ayuda a personas dependientes, la sanidad, la investigación en ciencia y tecnología, la enseñanza, las pensiones, la protección al desempleo, la cultura y la vivienda (gráfico 4). En la misma línea, la opinión predominante (sin ser mayoritaria) es que la justicia, la protección al medio ambiente y la cooperación al desarrollado cuentan con muy pocos recursos. En el extremo opuesto, estaría el gasto público en defensa que predominantemente es considerado excesivo por la ciudadanía.
En general, la valoración que tienen los ciudadanos de los servicios públicos a los que se deberían destinar más recursos y aquellos que están bien financiados ha seguido el mismo patrón en los últimos años, aunque se han acentuado las opiniones. De esta forma, es más acusada la percepción de que se destinan muy pocos recursos a la dependencia o la sanidad, así como la opinión de que es adecuada la dotación asignada a los transportes y a la seguridad ciudadana. La única excepción la encontramos en el ámbito de la cooperación al desarrollo, en el que los recortes presupuestarios parecen haber hecho mella en la sociedad o en una parte de la misma, ya que si en 2012 el porcentaje de los que pensaban que los recursos destinados a este ámbito eran pocos (el 34,6%), superaba ligeramente al de los que opinaban que los recursos eran adecuados (31,1%), en julio de 2015, por el contrario, la balanza se inclina a favor de los que piensan que la dotación es claramente insuficiente (41,3%, frente a un 28,5% que considera que se dedican los recursos justos). Es posible que ahora, ante la crisis de los refugiados sirios, esta opinión sea incluso más elevada.
Si, como apuntan los datos del CIS, se ha acentuado la opinión de que se destinan pocos recursos a financiar servicios públicos y prestaciones sociales consideradas básicas, cabe preguntarse si hay ahora una mayor predisposición de los ciudadanos a pagar más impuestos. Llama la atención que, a pesar de que la mayor parte de la opinión pública se muestre muy crítica con los beneficios recibidos por el pago de los impuestos, la sociedad sigue mostrándose más partidaria de mejorar los servicios públicos (aunque haya que elevar la presión fiscal) que de pagar menos impuestos (y reducir los servicios públicos).
Incluso en los últimos años esta corriente de opinión se ha visto reforzada, pues la media donde se sitúan los ciudadanos ha pasado de desplazarse del 4,68 en julio de 2012 al 4,34 en julio de 2015 en una escala de 0 a 10, donde 0 significa mejorar los servicios públicos, aunque haya que pagar más impuestos, y 10 pagar menos impuestos, aunque haya que reducir los servicios públicos. Si bien, son los ciudadanos más acomodados los que se muestran más partidarios de mejorar los servicios públicos aun a costa de pagar más impuestos y, por el contrario, son los ciudadanos menos acomodados los que se muestran más reticentes a hacerlo; algo que puede explicarse por la opinión más negativa que tiene este segundo grupo sobre la cantidad de impuestos que se pagan, la justicia con la que se cobran y los beneficios y contraprestaciones obtenidos de la contribución fiscal.
En cualquier caso, parece que ni los recortes sociales, ni los numerosos escándalos de fraude fiscal, corrupción y comportamientos poco ejemplares protagonizados por representantes políticos, han “conseguido” (o, al menos, de momento) socavar las actitudes favorables de la sociedad española hacia el Estado del bienestar. Probablemente ello se debe a que la indignación social en este ámbito se ha encauzado en los dos últimos años a través del voto y se espera que los nuevos actores políticos canalicen institucional y políticamente las demandas de una gestión más eficaz y justa de lo “público”.
Por todo ello, y a pesar de la importancia que tienen en esta área la Administración Autonómica y Local, serán fundamentales los pasos que se den en la arena nacional en los próximos meses y, en particular, que las expectativas no se vean frustradas, pues existe una clara insatisfacción social con el funcionamiento de algunos servicios públicos. Por el momento, y ante un contexto marcado por la parálisis política, la ciudadanía parece mantenerse pacientemente a la espera.