El Parlamento vasco, reunido en Vitoria el 30 de junio de 2015, aprobó a las 11:46 de esa mañana una ley que entrará en vigor a finales de septiembre y que establece la custodia compartida como prioritaria. Fue fruto de un acuerdo entre PNV y PP con la abstención del PSE y la oposición de Bildu. Ah, y el voto (uno) favorable de UPyD. Fue la última decisión de la última sesión. No ha debido de ser fácil, porque su redacción y aprobación se han demorado 4 años. Su tramitación venía precedida de 85.000 firmas recogidas en las calles a vuelapluma. Son muchos miles, muchos más que los 30.000 legalmente necesarios, pero solo el 5% del electorado.
La custodia compartida es una vieja ambición del feminismo, es decir, de la lucha por la igualdad: esa ‘suerte de paraíso’ en el que madre y padre se reparten los cuidados de la prole al 50% o en porcentajes acordados según la situación de cada cual. Y no solo porque el porcentaje de hombres que trabajan fuera sea mayor, también las madres lo hacen. Ese estado idílico de familia pasa por que, cuando el chiquillo llora, mamá y papá se tropiecen en el pasillo porque ambos han acudido a atenderlo; y que tanto papá como mamá sepan la razón por la que la criatura demanda atención; pasa por que la bebita no distinga los cuidados que sus progenitores le dispensan, que lo mismo le dé él la comida, que le cambie ella los pañales o cualquiera de los dos le regañe por algo, o se lo lleve a disfrutar de las horas libres en el parque. Es decir, la custodia compartida es una forma de vida que se establece cuando la familia convive y distribuye el cuidado de la prole de forma equitativa entre los dos progenitores. Y que se practica todos los días de la semana, no solamente las mañanas de domingo.
Pero, ¿qué sucede cuando la pareja se separa o se divorcia? Si la custodia compartida es real, una vez disuelta la unión, debería mantenerse el régimen de cuidados que ha reinado mientras ambos y sus hijos constituían una familia. Y para que ello se sostenga, debería valer con el acuerdo privado. No se necesita la intermediación de juez alguno. Porque abogados, procuradores, fiscales y jueces son unos absolutos desconocidos que, si tienen el propósito de lograr un acuerdo justo, necesitarán semanas para obtener la información necesaria.
Si no es así, si el cuidado de los hijos ha recaído sobre uno de los progenitores casi en exclusiva o primordialmente, ─por lo general, la madre─ y el otro ─por lo general, el padre─, lo reivindica en el momento de la separación, lo ratifique un juez o no, estamos ante un problema. Y de dimensiones colosales. Porque a las consecuencias traumáticas inherentes a la separación se sumarán los cambios que uno de los progenitores pretende introducir.
Socialmente (y también legal y judicialmente) se está planteando la lucha por la custodia compartida como una reivindicación de hombres agraviados por sus exesposas, como si ellas fueran usurpadoras que optan por la atención a los hijos con el único fin de aislarlos de los padres para quedarse con la casa y con parte de su salario. Puede ser así en algunos casos. ¿Quién lo descarta? Pero sucede que en nuestra sociedad los cuidados están en manos de las mujeres y son ellas quienes mayoritariamente los dispensan, no solamente a los hijos, también a su marido o compañero, a los padres e, incluso, a los padres de él.
Desde que se aprobó el divorcio, lo más habitual ha sido que los jueces determinaran que, cuando hay de por medio hijos, la madre se encargara de su cuidado en el hogar de siempre y que el padre asignara una parte de sus ingresos para colaborar a su manutención. A la vez, se establecía un régimen de visitas más o menos generoso. Eso obligaba al padre a desplazarse a un nuevo domicilio, con los gastos que ocasiona sobre un sueldo ya mermado por la asignación económica destinada al sostenimiento de los hijos.
Algunos hombres, por dinero o por incapacidad para gestionar su vida de forma independiente, vuelven a casa de sus padres, o sea, de su madre. Y ya de paso, cuando les toca la visita de los hijos, se garantizan que estarán tan bien atendidos como él mismo. No tengo para olvidar a un cuarentón que pidió en la frutería “tomates para comer”. Debió de sonarle tan mal, que rectificó: “Para comer solos. Es que me acabo de separar…”. Parecía ir gritando “Tengan paciencia conmigo, soy un inútil, una víctima de mí mismo”.
La custodia compartida no es una revelación que el padre súbitamente tiene en el mismo instante de la separación. Y si es así, los jueces deberían preguntarle, despacito y con el interés de obtener una respuesta verdadera, por las razones de que desee ejercer la paternidad de una forma tan inusualmente activa. La custodia compartida no es una reivindicación, sino una actitud de cuidados ejercidos desde el mismo instante del nacimiento de las criaturas.
Claro que puede haber hombres que, hasta la separación, han confiado en su esposa para que prodigue todo tipo de atenciones a los hijos mientras ellos se deleitaban en la mera observación de su crecimiento. Los seres humanos apreciamos mucho más las cosas cuando las hemos perdido o no podemos gozarlas en plenitud. Y ese padre que ve que la convivencia con sus hijos se verá interrumpida, pega un respingo y se promete hacer por ellos todo aquello que antes hacía casi en exclusiva la madre: cuidarlos durante 24 horas al día los 365 días del año. Se lo proponen y lo hacen. Y puede ser que en la promesa encuentren el acuerdo con su ex. Y la satisfacción de cuidar y sentirse necesarios.
Otras parejas, ya ex, llegan a tal deterioro de las relaciones, que son incapaces de acordar régimen alguno y acuden a los tribunales. En esos casos, si la solicitud de la custodia compartida entra en el capitulo de revelación de última hora, es cuando jueces y fiscales deben hacer con tiento su trabajo, para que los hijos no se conviertan en instrumento de tortura. La custodia compartida es la baza que se juega en esa maldita partida: “Mientras están conmigo, te los arrebato”. Se trata de una forma de violencia vicaria ejercida mediante la instrumentalización de los hijos.
En esos casos de desacuerdo entre los padres, si la solicitud prospera, puede convertirse en una maldición, no solo para la madre, también para los hijos. Debería ser razón para negar la custodia compartida e, incluso, considerarla una forma de maltrato psicológico. El fiscal debiera investigar si se trata de una táctica machista para seguir ejerciendo el control sobre la pareja.
Luego, lo de la casa: Un día, un juez tuvo una ocurrencia: en lugar de acomodarse los hijos al nuevo hogar, que sean papá y mamá quienes vaya rotando. En muchos casos, la decisión contiene en sí su propio fracaso. Además, los niños se acomodan muchísimo mejor a un cambio drástico que a una situación que prolonga el conflicto. Porque compartir vivienda es una forma de convivencia, aunque los progenitores no coincidan nunca en su interior.
Papá y mamá conviven con los hijos por turnos en lo que fue el hogar familiar: Cuando se produce el relevo, la despensa está vacía, los enchufes desencajados y hace semanas que nadie ha limpiado los cristales. Llega el otro a su periodo de disfrute de la custodia compartida en el hogar, donde reinan los chiquillos. El frío es helador, han desaparecido todos esos objetos que convierten una choza en hogar. La desolación es tan descomunal que, como dice Miguel, observador de esta situación en el caso de unos amigos, “los niños convierten su cuartito en hogar”.
En esos periodos en que los padres no tienen la suertaza de convivir de nómadas en el hogar familiar, deben buscarse un segundo domicilio, lo que hace un total de tres viviendas: La nueva de mamá; la nueva de papá; y la de siempre, esa desde la que los chiquillos van a diario al colegio y en la que, en ciertos rincones, aún habitan las angustias y desencuentros que provocaron la separación. Tres casas, tres facturas de agua, luz, calefacción, tres frigoríficos, tres vajillas, tres, tres, tres. Todo por triplicado.
Bildu se opuso a la aprobación de la ley y Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer, mostró su descontento y advirtió de que requiere un gran acuerdo entre los padres. Además, importantes sectores del feminismo muestran sus reticencias. ¿Por qué? Porque el edificio de la custodia compartida, al que tanta solidez pretende darse con un articulado de detalle que habla de mediación, vivienda, opinión de los hijos… está construido sobre un terreno de una orografía muy desigual. Y eso todavía 34 años después de la aprobación del divorcio.
¿Se habrían recogido esos 85.000 apoyos a la ley aprobada en Vitoria si el documento se hubiera pasado a la firma después de un debate de dos horas bien organizado y celebrado en cada uno de los 259 municipios de la Comunidad Autónoma Vasca, como más o menos se hizo con el fracking? Por cierto, en esa misma sesión, unos minutos antes, se aprobó la ley que prohíbe la fractura hidráulica.
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