El 11 de mayo de 2011 se “abrió a la firma” el Convenio de Estambul, un acuerdo adoptado por el Consejo de Europa para la lucha contra la violencia hacia las mujeres. ‘Abrirse a la firma’ significa que los estados miembros podrían hacerlo cuando conviniera a sus políticas en materia de igualdad. Fueron necesarios 3 años para que lo firmaran el mínimo de 10 estados que exigía el artículo 75 del propio documento. No se dieron mucha prisa.
Una de las novedades de este convenio es que amplía el concepto de 'violencia de género' que en su momento inspiró la Ley Integral aprobada por unanimidad en el Congreso en diciembre de 2014. Una de las formas que adopta la violencia machista, y que se registró en Estambul, son los matrimonios forzosos y así lo planteó Ángeles Carmona, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género cuando el 15 de febrero compareció ante la subcomisión del Congreso encargada de lograr eso que se ha llamado 'Pacto de Estado contra la violencia de género'. Todo muy rimbombante: grandes nombres para comisiones, subcomisiones, pactos y convenios.
Pacto de Estado contra la violencia de género. Miguel Lorente, que fue delegado de lucha contra todas estas formas de violencia hacia las mujeres durante la existencia del Ministerio de Igualdad, se muestra en desacuerdo con los términos de ese Pacto de Estado. En su opinión, “no debe ser contra la violencia de género, sino contra el machismo”. Porque lo que genera la violencia es el machismo y no se pueden evitar las consecuencias si no se actúa sobre las causas. Planteado así, es tan evidente, que resulta impensable que todo un Parlamento con 350 escaños ocupados por otras tantas personas no haya reparado en ello.
Matrimonios forzosos. Acerquémonos a la fotografía de ese momento crucial para los contrayentes. De un lado, tenemos a un hombre, probablemente maduro, heterosexual, mayor de edad, con el poder suficiente como para decidir con quién se casa y que en esa decisión participe solamente él. No es necesario que tenga mucho poder, basta con que tenga más, un poquito más, que la persona a la que ha elegido. No se trata de un matrimonio concertado con los fines que sean, sino de un matrimonio forzoso, esto es, inevitable, en contra de la voluntad de alguien.
Ese alguien es la otra persona de la foto: una mujer pobre a la que se priva de uno de sus derechos: “Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio”, según dice el artículo 16 de los Derechos Humanos. ¿Iguales derechos? Veamos por territorios. Bangladesh, el 73% de las mujeres casadas lo fueron de niñas. Niger, la media de edad de ellas a la hora de casarse es de 16 años. Si 16 es la media, es obvio que buena parte no tiene ni esa edad cuando su cama ya es un lecho conyugal. Y no son dos excepciones.
Los matrimonios forzosos de niñas son una realidad muy extendida: el 14% de las niñas en países en desarrollo ha sido casada antes de los 18 años. En Malawi, por ejemplo, solamente una de cada 5 niñas casadas sigue en la escuela. En Indonesia, el 45% de la población se muestra de acuerdo en que si una niña se casa antes de los 18 debe tener alguna ventaja. En Mali, el código familiar, aprobado en 2011 establece que “las mujeres deben obedecer a sus esposos”. De modo que si él dice que no hay escuela, no la hay; si decide que hay sexo, lo hay.
Los matrimonios infantiles son una grave violación de los derechos de la infancia: impiden la libertad de imaginar otros futuros. Son el fruto de realidades en las que se dan pobreza, falta de protección y desigualdad. Sus consecuencias son gravísimas: al casarse, sus amorosos esposos las tratan como adultas y les obligan al cuidado de la casa, la familia, ellos mismos. Se transforman en sus amos, les prohíben ir a la escuela, les obligan a relaciones sexuales forzadas y violentas, a abusos. Además, sin ningún tipo de protección, de modo que están expuestas a enfermedades y a embarazos precoces. La principal causa de muerte de niñas de entre 15 y 18 años son los partos. Si la embarazada es menor de esa edad hay más de un 60% de posibilidades de que además, el bebé muera. Si sobrevive, sufrirá desnutrición y su desarrollo físico y cognitivo serán deficientes.
Ni el cuerpo ni la mente de de una niña están maduros para sobrellevar el embarazo y el parto. Antes de la pubertad el riesgo de aborto espontáneo es elevado, porque ese cuerpito no ha crecido lo suficiente, ni siquiera para relaciones sexuales con penetración.
Los matrimonios forzosos exponen a las niñas a la desprotección, los abusos y la violencia de sus maridos, las aboca a la pobreza, a una vida sexual obligada, a las enfermedades sexuales y a una espiral de la que difícilmente podrán salir, porque están obligadas a renunciar a la escuela, a la formación. Es una forma de esclavitud tolerada socialmente que incide sobre las personas más vulnerables de la sociedad, aquellas que más protección requieren: las niñas.
“Cada año, millones de niñas son forzadas a casarse, forzadas a renunciar su derecho a la educación, a la atención sanitaria y a su bienestar y desarrollo físico y emocional. Forzadas a abandonar su infancia, forzadas a dejar de ser niñas. Para finales de esta década se calcula que 142 millones de niñas habrán sido obligadas a casarse”, advierte la ONG Save the Children. Y los estados europeos tardaron más de tres años en estampar las firmas suficientes para que el Convenio de Estambul entrara en vigencia.
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