Pikara Magazine es una revista digital que practica un periodismo con enfoque feminista, crítico, transgresor y disfrutón. Abrimos este espacio en eldiario.es para invitar a sus lectoras y lectores a debatir sobre los temas que nos interesan, nos conciernen, nos inquietan.
Putas, fontaneras y periodistas
En todas las ciudades hay una calle o plaza con un nombre oficial ninguneado por la ciudadanía, que se empeña en llamarla de otra forma. Por ejemplo, en Bilbao oficialmente la estación de trenes se llama Abando Indalecio Prieto. Ahí es nada. Para cuando se lo dices al taxista, has perdido el tren. Así se llama en los papeles; coloquialmente, la llamamos Abando o estación del Norte. A secas. No se trata de que en esta villa seamos personas obstinadas. Es solamente que ya la llamábamos así cuando uno de los gobiernos de Zapatero decidió alargarle el nombre. Preferimos lo breve: al vaso pequeño de cerveza lo llamamos ‘zurito’ y a la copa de vino, ‘chiquito’. Y así vamos ganando tiempo. Somos gente de pocas palabras y, además, cortas.
Algo parecido ha sucedido hace unos días cuando el Ayuntamiento de Madrid hizo pública su ‘Guía de recursos para periodistas: el abordaje de la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual’. Deberíamos haber intuido que si para titular el folleto necesitaron 21 palabras, el contenido no le iría a la zaga.
Efectivamente. La guía propone llamar a las prostitutas ‘mujeres en situación de prostitución’. Y para que no se haga reiterativo, se les puede llamar también ‘víctimas de explotación sexual’ y ‘víctimas de trata’. Supongo yo que la precisión periodística exigirá que está última se use solamente cuando en rigor hay víctima y hay trata, y no cuando el ejercicio de la actividad es voluntario. La trata es un delito perseguido y prueba de ello son las últimas actuaciones policiales, mientras que la prostitución se tolera siempre que no moleste demasiado.
Descartada pues la tercera opción, quedan las otras dos para llamar a esas mujeres. ‘Puta’ tiene 4 letras, mientras que las propuestas del Ayunta (con permiso) suman 36 y 30 caracteres, respectivamente. Por más buena voluntad que ponga un periodista, titular con un circunloquio de 36 caracteres cuando lo puede escribir en 4 letras es un esfuerzo ímprobo. En los titulares periodísticos se imponen las palabras cortas, como en Bilbao.
Eso para denominarlas a ellas. Pero para que ellas lo sean, se necesita un segundo elemento: ese hombre que las busca para, por un dinero, obtener un servicio; coloquialmente, ‘quitar el cuidado’. A éste, el Ayuntamiento propone que se le llame ‘putero’, ‘prostituidor’ o ‘demandante de prostitución’. Afortunadamente, a la prostitución le podemos llamar ‘prostitución’. Una fatiga menos.
Al hacerse público, el colectivo Hetaria y la Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo salieron a los medios con un comunicado. Ellas, que son quienes se dedican a ello, prefieren llamarse ‘putas’ y a la otra parte la denominan ‘cliente’. Puro pragmatismo, que por otro lado, son las palabras que usa la mayor parte de la gente.
Estos colectivos se quejaban de que la guía no permitiera que “las mujeres, en este caso putas, se autodenominen como deseen”. Ahí dan un paso demasiado largo: El Ayuntamiento no ha regulado en materia de lenguaje –porque ni tiene competencia–; ha elaborado una guía de recursos orientada a periodistas, pero a disposición de quien la precise. Nadie está obligada a usarla, salvo el personal del propio Ayuntamiento, es de esperar, porque exagerado sería que propusiera a terceros aquello que en su casa se desecha.
Quieren llamarse y que las llamen ‘putas’ y no ‘mujeres en situación de prostitución o explotación’. El comunicado decía que a las “fontaneras no las llaman mujeres en situación de fontanería”. Mira que hay profesiones y oficios y tuvieron que elegir uno relacionado con las cañerías. Y mal traído porque la prostitución es la acción y el efecto de prostituir –y prostituye el cliente–, mientras que la fontanería es el arte del fontanero. En este caso, fontanera.
El Ayuntamiento de Madrid se ha metido innecesariamente en camisa de once varas. Los medios de comunicación y quienes trabajan en ellos manejan unos códigos que tienen que ver con la economía de espacio y la eficacia en la comunicación. Nada hay de malo, ni de raro, en que la Corporación municipal desee inducir una reflexión sobre el modo en que se aborda la prostitución en los medios. Pero el procedimiento no es en absoluto encargar una guía a una consultoría privada que demuestra desconocer los procedimientos periodísticos, o los acomoda a un objetivo distinto al de informar y hacerlo con eficacia.
El Ayuntamiento madrileño habría obtenido muchísimos mejores resultados si hubiera convocado a periodistas con el objetivo de poner en común cómo producen la información y cuáles son las necesidades y particularidades de los distintos medios. La única regulación que da resultado en los medios es la autorregulación y, dependiendo de cuál se trate, ni eso.
En las redacciones, hay decálogos de casi todas las materias imaginables, hay propuestas para buenos usos, códigos éticos y, en algunas de ellas, hasta libros de estilo. Se conciben, se encargan a consultorías o colectivos de afectados, se editan y envían a los medios y, bien por curiosidad bien por permeabilidad, los profesionales las miran. Algunas de ellas contienen propuestas de difícil encaje: la de Madrid, por ejemplo.
En el País Vasco, por iniciativa de la Comisión Begira para una comunicación y publicidad no sexistas, adscrita a Emakunde, hemos desarrollado durante la legislatura recién extinguida un proceso de autorregulación que se ha extendido durante dos años largos. En él han participado entre periodistas, profesionales de la publicidad, propietarios y directores de medios y agencias, además de formadores, un centenar de personas.
El resultado han sido tres documentos: un código ético para el tratamiento igualitario, un decálogo para evitar sexismos en la información y otro aplicable a la publicidad. El proceso culminó en febrero cuando 55 organizaciones se adhirieron a los documentos y se comprometieron públicamente a su cumplimiento. Más de medio centenar en un territorio de 2 millones de habitantes.
Todo ello está expuesto con total transparencia en este enlace. En él, no solo se accede a los documentos finales, se puede revisar todo el proceso y los documentos de autoevaluación que generamos a petición de quienes participaron. Dicho de otro modo, se puede propiciar la autorregulación y se puede lograr. Queda pendiente contrastar los usos –buenos o malos– de los medios, con las propias personas afectadas (en este caso, al ser más del 50% de la población, con colectivos que defiendan sus derechos), que es lo que aconseja el compromiso ético con una sociedad que debiera ser mucho más exigente.
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