2023, el año que las togas jugaron a hacer política

Más de una treintena de leyes han pasado durante el año que está a punto de terminar el filtro de su tramitación en el Congreso. 17 de ellas fueron aprobadas, otras decayeron por falta de apoyos o por el adelanto electoral. Pero hay una que, como ninguna otra, ha soliviantado al tercer poder del Estado incluso antes de que se conociera su literalidad.

La ley de amnistía —y los acuerdos de investidura que la acompañan— han encontrado un inédito movimiento impulsado por sectores conservadores de la judicatura y la fiscalía, determinados como nunca antes en democracia a combatir decisiones de los otros dos poderes, el Ejecutivo y del Legislativo, con todos los altavoces imposibles. Y obviando, de paso, su obligación de mantener la apariencia de imparcialidad en el debate partidista. 

Ataviados con las togas que tienen la obligación de vestir durante los actos procesales, jueces y fiscales se han manifestado ante las sedes de juzgados y tribunales; sus salas de gobierno —dominadas por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM)— han emitido contundentes comunicados contra una ley cuando ni siquiera se conocía, y los portavoces de las principales asociaciones del ámbito judicial, e incluso jueces y fiscales a nivel particular, se han prodigado en entrevistas, artículos o mensajes en redes sociales alertando sobre la supuesta “aniquilación de la separación de poderes”. 

En el centro de la respuesta está un órgano caducado, cuya renovación bloquea el Partido Popular desde hace un lustro. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano al que corresponde la organización de los juzgados y tribunales, hizo un pronunciamiento contrario a la ley de amnistía cuando no se conocía ni una sola palabra del texto. Antes de que hubiera trascendido borrador alguno, la mayoría de vocales elegidos en su día a propuesta del Partido Popular logró sacar adelante una resolución que advertía de que la futura norma iba a suponer “la abolición del Estado de Derecho”. 

De ese acuerdo se apearon los miembros del minoritario bloque progresista y el presidente interino del órgano, Vicente Guilarte, que sí se ha mostrado muy beligerante ante las alusiones a las comisiones parlamentarias de investigación que recoge el acuerdo de investidura suscrito entre el PSOE y Junts. El documento no contempla la inclusión automática en la ley de amnistía de los casos que el independentismo considera 'lawfare' —o persecución judicial por motivos políticos—, pero sí abre la puerta a que este tipo de asuntos se aborden en comisiones de investigación en el Congreso.

Finalmente, las comisiones aprobadas son tres: una sobre la Operación Catalunya, las maniobras urdidas desde el Ministerio del Interior en la época del PP, para buscar información contra el secesionismo; otra sobre el espionaje a independentistas a través del software Pegasus, entre ellos al president Pere Aragonés; y la más controvertida, sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils. Todo apunta por tanto, a que ese supuesto juicio político a miembros de la judicatura —alentado por ERC y Junts— no va a tener lugar. Las comisiones están centradas en la cloaca policial y la actuación del CNI, el organismo al que se dirigieron todas las miradas tras estallar el escándalo de Pegasus. 

Las comisiones y el 'lawfare'

Pese a ello, las alusiones al ‘lawfare’ en el acuerdo entre PSOE y Junts indignaron sobremanera al mundo judicial y todas las asociaciones de jueces y fiscales —también las progresistas— lanzaron comunicados de reproche al entender que implicaba una “intromisión en la independencia judicial y una quiebra de la separación de poderes”. A elevar el suflé en las semanas posteriores contribuyó el señalamiento por parte de dirigentes de Junts a jueces con nombres y apellidos. Tanto es así, que el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín, llegó a cancelar un encuentro institucional con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que ya estaba agendado por la Moncloa. 

La versión oficial sostuvo que la suspensión se debió a “circunstancias sobrevenidas”, pero las fuentes consultadas en el Alto Tribunal encuadraron el plantón en el profundo malestar existente entre sus magistrados después de que la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, llamara “indecentes” a Pablo Llarena, instructor de la causa del procés; o Manuel Marchena, cara visible del juicio que terminó en condenas de hasta 13 años de cárcel desde la tribuna del Congreso. 

Estas andanadas han obligado a Bolaños a emplearse a fondo para tratar de pacificar las relaciones con un importante sector de la judicatura. Desde que asumió la cartera ha aprovechado casi cada vez que se le ha puesto un micrófono delante para reiterar su respaldo a los jueces. La actitud del ministro es valorada en sectores del Supremo —donde celebran la reunión finalmente mantenida con su presidente, Francisco Marín—, aunque también hay quien le reprocha cierta tardanza en su reacción. 

Es una crítica a la que se ha sumado el presidente interino del CGPJ, que desde que resultó elegido por ser el vocal de más edad del órgano tampoco ha escatimado en pronunciamientos públicos y reprimendas a los políticos por los “ataques” a los jueces. “Bienvenidas esas acertadas palabras, que defendidas en otro momento y escenario quizás hubieran evitado plasmar el perturbador anglicismo [en alusión al 'lawfare'] en documento alguno y, a buen seguro, nos hubiéramos ahorrado las tensiones que hemos vivido”, afirmó en referencia al posicionamiento público del PSOE en contra de convocar a jueces a esas comisiones, tal y como pretenden los independentistas.  

Unas citaciones que, de producirse —lo que parece muy improbable dada la negativa de los socialistas— el CGPJ ya ha avisado de que no va a autorizar. Y que, según su presidente, abrirían un “choque” institucional. No es el único asunto sobre el que se ha pronunciado Guilarte, que también ha pedido al Gobierno que no propicie “desencuentros desclasificando, para su espuria difusión” documentos como los relacionados con el uso de Pegasus por parte del CNI después de que el Gobierno dijera que  si un juez “pedía la desclasificación y no afectaba a la seguridad nacional” se procedería a la misma.

“El principio del fin de la democracia”

En todo caso, en el ámbito de la judicatura, las críticas más intensas al alivio penal del procés y a esas comisiones de investigación han llegado desde la APM, de tendencia conservadora y mayoritaria en la carrera. La Asociación cuenta con 1.355 afiliados de un total de 5.408 jueces y magistrados en activo. Antes incluso de que se registrara la norma, esta asociación auguró “el principio del fin de la democracia” y afirmó que es una medida que rompe las reglas de la Constitución de 1978 y “vuela por los aires el Estado de Derecho”.

Su presidenta, la jueza María Jesús del Barco, se ha prodigado en entrevistas y en los últimos días ha elevado el tono hasta el punto de afirmar que tras el “señalamiento” a jueces por parte de Junts, lo siguiente será colocar a los magistrados “la estrella de brazalete”, en alusión al que imponían los nazis a los judíos.

En el ámbito de la Fiscalía, las principales objeciones a la amnistía han llegado desde la Asociación de Fiscales (AF), de tendencia conservadora y mayoritaria en la carrera, que llegó a pedir por carta a la Comisión Europea que interviniera para frenar cualquier iniciativa de despenalización del 1-O señalando de forma expresa los mecanismos utilizados por la UE para tratar de sancionar a Polonia y Hungría. Su presidenta, Cristina Dexeus, también ha concedido varias entrevistas en las que ha cargado duramente contra el alivio penal del procés. No obstante, la actuación de la AF ha ido especialmente dirigida al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al considerar que ha tenido una actitud tibia ante el asunto de la amnistía y el ‘lawfare’.  

García Ortiz ha mostrado en varias ocasiones en público el respaldo expreso a la actuación de los miembros de la Fiscalía en todos los procedimientos vinculados o derivados del denominado 'procés', pero ha renunciado a pronunciarse sobre la amnistía al entender que no entra dentro de sus competencias. “No emitiré ninguna declaración política partidista. De ningún partido. No me corresponde a mi juzgar ni explicar acuerdos de naturaleza política”, afirmó el pasado 21 de diciembre en el Congreso. 

Del presidente “psicópata” al “apesebrado” fiscal general

Más allá de las críticas desde el ámbito asociativo —que tienen reconocida una mayor protección— también hay jueces que a nivel particular se han cobijado bajo las redes sociales o las páginas de opinión de medios de la derecha mediática para cargar contra el Gobierno. Quizá el caso más paradigmático es el del juez de Madrid Manuel Ruiz de Lara, que utilizó sus redes para llamar “psicópata sin límites éticos” al presidente del Gobierno o “personificación del deshonor” al fiscal general del Estado. Cerró su cuenta en Twitter después de que el CGPJ le abriera un expediente. 

Pero hay más. El mismo día que trascendía la sentencia del Supremo que anulaba el ascenso de la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado, uno de los firmantes de esa resolución, José Luis Requero, firmaba un artículo en La Razón en el que acusaba a la izquierda y al nacionalismo de “haber propiciado una guerra civil o practicar el terrorismo de Estado” y tildaba de “apesebrados” al Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado. Afirmaciones que parecen el ejemplo perfecto de la “politización de la justicia” que denuncian los mismos togados que se manifiestan ante juzgados y tribunales o auguran “el principio del fin de la democracia” si se aprueba definitivamente la despenalización de los hechos que derivan del ilegal referéndum independentista. 

Algunas de las decisiones más controvertidas no tienen tanto que ver con posicionamientos públicos, sino con la propia actividad judicial. Y ahí ha sobresalido el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, quien en vísperas de la negociación del PSOE con Carles Puigdemont y Junts impulsó la causa de Tsunami, abierta hace cuatro años, para ahora imputar un delito de terrorismo al expresidente catalán. Para alcanzar esa acusación, el juez tuvo que vincular a Puigdemont con la supuesta organización Tsunami, algo que ni hacía la Guardia Civil en su informe final, y después responsabilizar a los manifestantes de haber provocado la muerte por infarto de un turista extranjero que tuvo que alcanzar a pie el aeropuerto de El Prat. El movimiento de García Castellón ha sido denunciado por los partidos independentistas como un signo evidente de 'lawfare' en la justicia española.