Hace años que la política extendió su contienda a la Justicia. Más allá de los choques por las investigaciones de casos de corrupción, desde hace tiempo algunos partidos y organizaciones han encontrado en los tribunales una vía para hacer oposición: han inundado con denuncias a sus adversarios políticos para generar el ruido suficiente como para que las sospechas difundidas tuvieran más eco que el archivo de esas causas. En algunas ocasiones, los propios jueces han colaborado en esa estrategia.
Es el conocido como ‘lawfare’ o guerra judicial, un concepto nacido en Latinoamérica y que en España saltó a todos los titulares cuando el acuerdo de investidura entre PSOE y Junts hizo referencia a su existencia en España.
Más allá del ruido de aquel debate, la encuesta de Simple Lógica señala que una mayoría de españoles afirma que en nuestro país existe el ‘lawfare’ en alguna de sus manifestaciones: ya sea como judicialización de la política o como su instrumentalización de la justicia, y un 44% señala directamente que hay casos de persecución judicial.
Todo ello influye directamente en la percepción de los jueces. La encuesta señala que un 60% de los españoles tiene poca o ninguna confianza en ellos, mientras que un 38% tiene bastante o máxima confianza.
Los resultados por partidos dejan a los votantes del PP como los únicos entre los que hay una confianza generalizada en los jueces (59% tiene bastante o máxima). En el resto, prima la desconfianza: en Vox un 61% tiene poca o ninguna, en el PSOE ese porcentaje es del 68% y, en Sumar, alcanza el 73%.
Esos datos son consecuencia directa de la percepción entre los ciudadanos de que los caminos de la política y la justicia se entrelazan en demasiadas ocasiones. Un 66% de los encuestados considera que en España existe instrumentalización de la justicia, entendida como que los partidos utilizan la justicia como un medio para conseguir un fin político o electoral.
Además, un 62% afirma que en nuestro país se dan casos de judicialización de la política. Es decir, que se llevan a los tribunales asuntos políticos que podrían resolverse por vías no judiciales.
En cuanto a la persecución judicial (el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política), los encuestados se muestran más divididos. Un 47% cree que esas situaciones se dan poco o nada, mientras que un 44% cree que se dan bastante o mucho.
Por partidos, los votantes de Sumar son quienes más creen en las existencia de casos de persecución judicial (69%), seguidos de los del PSOE. En el PP, solo un 26% afirma que existan este tipo de casos en España.
Pero en lo referente a la instrumentalización de la política o su judicialización, en todos los grupos de votantes superan el 50%. Por ejemplo, los de Vox son quienes en mayor porcentaje (73%) creen que la justicia es un medio para conseguir un fin político o electoral. Es paradójico porque es precisamente su partido uno de los que ha hecho de la querella contra los rivales un arma política.