Un derecho constitucional. Un negocio. Un refugio financiero. Un asunto de confrontación política. Y, sobre todo, una cruda realidad que excluye a las nuevas generaciones del acceso en propiedad y les obliga a enfrentarse a un mercado de alquiler cada vez más tensionado. Todo eso es la vivienda. Además, claro, del motivo por el que este domingo una treintena de organizaciones, encabezadas por el Sindicato de Inquilinos de Madrid, han convocado una manifestación entre Atocha y la plaza de Callao, bajo el lema “la vivienda es un derecho, no un negocio”.
La vivienda y sus inalcanzables precios se han instalado en la agenda pública en medio de un cruce de reproches entre partidos, comunidades autónomas y hasta entre socios de Gobierno sin que se vislumbren en el horizonte inmediato medidas efectivas que frenen el incontrolable alza de los precios. La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, dice que porque hay comunidades, especialmente la de Madrid, que se niegan a aplicar el índice de precios de la ley de vivienda por “dogmatismo ideológico”. Y desde el gobierno regional defienden que porque las políticas de la izquierda son “ineficaces e intervencionistas” y porque el índice de precios es un “suicidio inmobiliario” que favorece la economía sumergida.
Lo cierto es que España, cuyo Gobierno aprobó la primera ley de Vivienda de la democracia en la anterior legislatura, forma parte del club de países de la UE con menor porcentaje de viviendas sociales construidas. Ocupa la posición número 18. En la parte baja del ranking se encuentran Rumania, con un 1,5%; Estonia, con un 1,7%; Croacia, con un 1,8%; Portugal, con un 2% y España, con un 2,5%. Todo ello frente a Países Bajos, con un 30%, seguido de Austria, con un 24%, y Dinamarca, con un 20,9%. Y los españoles se encuentran cada vez más divididos entre quienes acumulan propiedades y obtienen ingresos por el alquiler y ciudadanos que, con trabajo estable, no pueden acceder a una vivienda ni en propiedad ni en alquiler por los desorbitados precios.
Que derecha e izquierda estén en desacuerdo sobre cómo afrontar el problema no es ninguna sorpresa, pero la novedad es que la izquierda haya encontrado en la vivienda un motivo para confrontar incluso entre socios de gobierno. Tanto que este domingo Sumar estará presente, igual que Podemos, en una manifestación en la que se pedirá la dimisión de la ministra del ramo, del PSOE.
Y eso que Isabel Rodríguez, que no comparte muchas de las propuestas intervencionistas de sus socios como la de prohibir la compra-venta durante un periodo de tiempo como propuso Yolanda Díaz, está razonablemente satisfecha con el grado de cumplimiento de los compromisos en materia de vivienda adquiridos en el acuerdo de coalición.
Por ejemplo, destaca entre lo ya cumplido el desarrollo de las medidas contempladas en la Ley por el Derecho a la Vivienda para la contención de los precios, incluyendo tanto los incentivos fiscales como el índice de precios de referencia que permite identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas, para impulsar la puesta en marcha de la regulación. Pero, también la ampliación hasta la renta media (37.800€) del umbral para acceder a las medidas de apoyo a los afectados por la subida de tipos de interés de las hipotecas, la consolidación del Bono Alquiler Joven como elemento esencial para facilitar el acceso al alquiler asequible y o el impulso de un registro de viviendas vacías, a partir de la definición e información publicada por el INE en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
De los 453 millones de Rajoy a los 3.500 en 2024
Es precisamente con las comunidades autónomas con las que el ministerio mantiene una guerra abierta no por la falta de recursos sino por el relato sobre la responsabilidad del desajuste entre la oferta y la demanda y los elevados precios. Desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno se han multiplicado por ocho los presupuestos para este capítulo, pasando de los 453 millones que destinaba el Ejecutivo de Mariano Rajoy a los 3.500 actuales. De hecho, las políticas de vivienda que aplican las comunidades autónomas están financiadas en un 70% por la Administración General del Estado, pese a que las competencias son compartidas.
El Ministerio de Vivienda entiende que desde el Gobierno de España no han faltado ni faltarán recursos, pero también instan a las comunidades a que destinen más dinero en sus presupuestos a este capítulo, siguiendo el ejemplo de Catalunya, cuyo president, Salvador Illa, acaba de anunciar que complementará con 1.100 millones cada año de recursos propios la ayuda que recibe del Estado.
Los datos de los diferentes presupuestos autonómicos ponen negro sobre blanco el porcentaje de dinero que cada administración ha destinado en los últimos cuatro años a políticas de vivienda. En algunas ocasiones la proporción es bastante elocuente.
Andalucía ha presupuestado en los últimos cuatro años un total de 1.688 millones de euros, de los cuales 859, un 50,87%, fueron transferidos por el Gobierno de España en el marco del Plan Estatal de Vivienda, subvenciones nominativas y el Bono de Alquiler Joven. Aragón, por su parte, recibió entre 2021 y 2024 un total de 168 millones de los 240 presupuestados, lo que representa el 70% de los fondos destinados a vivienda, incluyendo en este caso también la aportado desde el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Asturias destinó a políticas de vivienda 269 millones de euros, de los cuales un 53,5% fueron transferidos desde el Estado (144 millones) mientras que la proporción en Balears creció hasta el 63,7%, en Canarias, al 51,26%, y, en Cantabria, al 88,86% (90 millones de los 102 presupuestados).
Castilla y León, por su parte, presupuestó 174 millones entre 2021 y 2024 mientras la cantidad que le transfirió el Gobierno de España ascendió a 327, lo que representa un 187% de sobrefinanciación por parte del Estado. La de Alfonso Fernández Mañueco es la región que menos dinero dedicó a vivienda. El esfuerzo en Castilla-La Mancha fue mayor por parte de la Junta, ya que de los 673 millones tan sólo el 39% fueron transferencias del Estado, mientras que en Catalunya la proporción fue de un 50,67% de los 1.971 millones presupuestados.
En la Comunitat Valenciana, que junto a Catalunya y Andalucía fue de las autonomías que más dinero destinó a políticas de vivienda hasta alcanzar los 1.459 millones, menos de la mitad (43,70%) llegaron de los programas de la Administración General del Estado. Extremadura fue de las que menos se benefició de fondos del Gobierno de España, ya que de los 432 millones destinados sólo un 36% salió de las transferencias del Estado. Bastante menos que lo que asumió en Galicia, donde la cantidad transferida por el Estado supiso un 62% de los 564 millones presupuestados por la Xunta.
Madrid, con uno de los gobiernos más críticos con las políticas de vivienda de la coalición que preside Pedro Sánchez, destinó 1.400 millones, de los cuales casi el 67% fueron financiados con transferencias del Estado, mientras que en Murcia el porcentaje entre lo que presupuestó la comunidad y lo que recibió del Gobierno de España superó el 102%. Navarra fue en proporción a la autonomía a la que menos fondos llegaron del Estado, tan sólo un 18,7% de los 328 millones que aparecen en sus presupuestos entre 2021-2024, seguida de País Vasco, donde el porcentaje entre lo presupuestado y lo transferido fue del 33%, mientras que en La Rioja rozó el 43%.
En ninguna comunidad se dispone de información sobre lo ejecutado cada ejercicio ni sobre el dinero traspasado en los presupuestos de un ejercicio a otro. Pero lo que en ningún caso se puede decir es que el problema sea por falta de financiación.