La Abogacía del Estado logra imponer su tesis sobre el 1-O tras una campaña de ataques desde la derecha

Lo que ocurrió en Catalunya en el otoño de 2017 encaja en el delito de sedición: el Tribunal Supremo considera que hubo algunos episodios de violencia, pero muy alejados de los que exige el delito de rebelión. No hubo violencia “instrumental, funcional y preordenada de forma directa”; no tuvo la entereza para forzar una independencia, ni siquiera era ese el objetivo. “La inviabilidad de los actos concebidos para hacer realidad la prometida independencia era manifiesta”, escribe en la sentencia dictada por unanimidad el ponente Manuel Marchena.

Lo que dice ahora el Tribunal Supremo, pero cuando fue la Abogacía del Estado -un órgano dependiente del Gobierno- la que apostó por esa calificación delictiva en su escrito para el juicio se desató una tormenta política contra Pedro Sánchez. PP y Ciudadanos usaron la acusación que ahora se ha convertido en condena para denunciar un supuesto pacto secreto entre el PSOE y los partidos independentistas. 

“España se manda desde los barrotes de una cárcel”, dijo el presidente del PP Pablo Casado. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, acusó a Sánchez se beneficiar a “los que dieron un golpe a la democracia” desde el poder Ejecutivo. De hecho, el abogado del Estado que defendía que había que acusar por rebelión - y fue apartado por el Ministerio de Justicia- acabó en las filas de Ciudadanos y ha estado meses haciendo campaña contra el gabinete de Sánchez: “Ha protagonizado una de las más tristes páginas de su centenaria historia”.

Cambio de acusación con el nuevo Gobierno

La Abogacía del Estado defiende los intereses del Ejecutivo en el proceso judicial. Al principio entró en la causa del 1-O solo por el delito de malversación de caudales públicos, pero luego -aún bajo el Gobierno de Mariano Rajoy- amplió su acusación al de rebelión. Se adhirió así a las tesis que ha esgrimido la Fiscalía durante toda la instrucción.

Pero el cambio de Gobierno por la moción de censura trajo también cambios en la administración de Justicia. La nueva ministra, Dolores Delgado, situó a María José Segarra al frente de la Fiscalía y a Consuelo Castro como abogada general del Estado. La primera mantuvo la acusación por un delito de rebelión, pero la segunda lo rebajó a sedición, un delito castigado también con penas muy severas: de 10 a 15 años para cargos públicos.

Castro fue la encargada de firmar el escrito de acusación que se conoció a principios de noviembre de 2018, en lugar de Edmundo Bal, que hasta ese momento había representando los intereses del Estado en la causa y defendía que la acusación se hiciese por rebelión. El documento que se presentó en el Supremo hablaba de “altercados”, “disturbios”, “tumultos” o “incidentes contra el orden público”, pero no de un “levantamiento generalizado”, como defendía la Fiscalía.

La Abogacía pidió en ese escrito 12 años para Junqueras y 8 para los 'Jordis', solo uno menos de los que al final les ha impuesto el tribunal. Sin embargo, el escrito desató una campaña de la derecha contra el Gobierno, que en esa época sondeaba apoyos en el Congreso para presentar unos presupuestos que necesitaban sí o sí del apoyo de los independentistas. PP y Ciudadanos usaron en el documento de la Abogacía para denunciar un intento de recabar sus votos para sacar adelante las cuentas plegándose a sus exigencias.

“España se manda desde los barrotes”

“Es indecente que el Gobierno humille a España forzando a la Abogacía del Estado a desmarcarse de la Fiscalía y a no acusar por rebelión a los golpistas. Sánchez está inhabilitado para seguir al frente de Gobierno y debe convocar elecciones ya”, dijo Casado el mismo día que se presentó el escrito. Consideró también que España “se manda desde los barrotes de una cárcel” y “quien dice qué es lo que tiene que hacer la Justicia son los independentistas”.

Rivera también convirtió inmediatamente el cambio de calificación en munición contra Sánchez: “Está utilizando el poder ejecutivo para beneficiar a los que dieron un golpe contra nuestra democracia y lo hará para indultarles si les condenan los tribunales. Impunidad a cambio de apoyo: Inmoral”. Reclamó la convocatoria inmediata de elecciones mientras su portavoz en Catalunya, Inés Arrimadas, acusaba al Gobierno del PSOE de “intentar beneficiar a los que han roto la convivencia en Cataluña”.

El escrito de la Abogacía se insertó automáticamente en la lista de cesiones que presuntamente había llevado a cabo Sánchez para granjearse el apoyo de los independentistas catalanes. Fue un argumento recurrente durante meses y hasta se mencionó en el manifiesto de Colón, en el que las tres derechas sellaron la alianza política que luego trasladaría a los pactos postelectorales. El texto que leyeron varios periodistas decía que Sánchez “cedió al torcer el criterio jurídico de la Abogacía del Estado”.

El presidente del Gobierno no convocó las elecciones que le reclamaban Casado y Rivera hasta mediados de febrero, cuando los partidos independentistas tumbaron sus presupuestos en el Congreso y desmontaron las acusaciones sobre el pacto secreto de Sánchez. El escrito de la Abogacía pasó entonces a ser un arma de campaña, hasta el punto de que Ciudadanos fichó a Edmundo Bal, el abogado que defendía que hubo un delito de rebelión.

Bal fue cesado por “pérdida de confianza” como jefe de la sección Penal de la Abogacía poco después de que se presentase el escrito, el 21 de noviembre. Meses después, el 17 de marzo de 2019, Rivera le presentó como uno de sus fichajes estrellas en un acto en Madrid: “Sánchez tiene a Torra y yo tengo a Edmundo Bal, al que purgó por perseguir el procés”.

El abogado del Estado se integró rápidamente en el círculo de confianza del líder de Ciudadanos. Bal se subía a los estrados de los actos electorales para denunciar que en Catalunya se había producido un “golpe de Estado”. Acabada la campaña siguió haciéndolo desde la tribuna del Congreso, entrevistas o artículos de opinión.

En uno titulado 'Era rebelión' alabó el escrito de la Fiscalía -que el tribunal ha rechazado- e insistió en que fue un golpe de Estado “cuya finalidad era acabar con el orden constitucional mediante la declaración de independencia”. El tribunal también lo ha rechazado, porque entiende que lo que pretendían los acusados no era una independencia unilateral sino forzar al Estado a negociar.

Bal remató ese artículo cargando una vez más contra el Gobierno que lo cesó: “No sé qué me duele más: si un Gobierno que pretende engañar a los ciudadanos a los que debe servir; o que se use a la Abogacía del Estado para decir que no existió lo que todos hemos visto que sí sucedió. En cualquier caso, hoy tengo claro por qué me cesaron a mí y cómo hoy la Abogacía del Estado ha protagonizado una de las más tristes páginas de su centenaria historia”.

A pesar de esa campaña de ataques contra de la Abogacía, las penas impuestas por el Supremo son prácticamente calcadas a las que pedía el escrito de acusación que motivó la campaña de la derecha política y mediática. El relato de hechos ve violencia, pero descarta que encaje en un delito, el de rebelión, que está penado con hasta 30 años de cárcel.

El Supremo se acerca de esta manera más a las tesis de Rosa María Seoane, la abogada del Estado que sustituyó a Bal. En las sesiones del juicio protagonizó varios encontronazos con la Fiscalía -que no dudó en mostrar su disconformidad con la rebaja de la acusación- y hasta con el propio tribunal. El día que llegó su turno para presentar el informe de conclusiones mantuvo la tesis de la sedición, que se convirtió en ariete político de la derecha y que ha acabado plasmado en las conclusiones de la sentencia del procés.