El CGPJ ampara al juez del caso Cursach por el “continuo hostigamiento” que sufrió de varios abogados
El Consejo General del Poder Judicial ha decidido este jueves otorgar amparo al juez Manuel Penalva, encargado de instruir el caso Cursach, en el que se investigan las prácticas del todopoderoso empresario de la noche mallorquina Bartolomé Cursach. La medida, adoptada por unanimidad por los miembros de la Comisión Permanente, se produce tras la petición de amparo que interpuso Penalva, que advirtió de un “continuo hostigamiento” por parte de varios abogados del caso.
El CGPJ admitió a trámite la petición de amparo en diciembre y, después de estudiar las alegaciones interpuestas por los abogados, ha señalado a uno de ellos: Vicente 'Coco' Campaner, letrado de Cursach. A él le ha pedido “el cese o la abstención en el futuro de cualquier acto que perturbe el ejercicio independiente de la función jurisdiccional”. E, incluso, el Consejo ha trasladado su decisión al Colegio de Abogados de Balears “por si, en el ámbito de su competencia, considerase preciso realizar alguna actuación en relación con la conducta del letrado”.
Manifestaciones contra Penalva y Subirán
En su escrito, el órgano de los jueces ha tenido en cuenta, entre otros factores, que Campaner ha organizado -o intentado organizar- manifestaciones contra el juez Penalva, incluso mientras tomaba declaración a acusados. Especialmente, ha pesado la manifestación que se produjo el pasado 27 de noviembre en Palma. Para el CGJP, tenía como objetivo “reivindicar que se haga Justicia deteniendo e inhabilitando” al magistrado y al fiscal adscrito al caso, Miguel Ángel Subirán.
Además de celebrar manifestaciones, los abogados de la trama pidieron, de forma fallida, la detención e inhabilitación del juez y el fiscal. También solicitaron la revocación del juez, que fue rechazada por él mismo, en un escrito en el que fue capaz de relatar hasta 80 episodios de amenazas y agresiones hacia testigos e instructores por parte del entorno del empresario. “Nunca he vivido tal situación de acoso hacia investigadores y testigos”, comentó el juez.
Los afines a Cursach denuncian que tanto el juez como el fiscal han montado una trama contra el empresario mallorquín y el resto de encausados, que según ellos están injustamente encarcelados. Por ejemplo, acusan a Penalva y a Subirán de haber falsificado las declaraciones de una testigo clave, un hecho que la propia mujer negó y que no mereció credibilidad por parte del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears.
Ataque a la imagen de la justicia
“Una manifestación, convocada ante las sedes judiciales, para reivindicar la detención e inhabilitación de un juez que se encuentra instruyendo unas diligencias judiciales, y que coincide además con el día en que se encuentran señaladas diversas declaraciones de investigados en la causa, supone una actuación externa a la relación procesal que, por sí misma y sin necesidad de otros condicionantes, tiene suficiente gravedad y entidad como para ocasionar un efecto negativo apreciable sobre el ejercicio de la jurisdicción, suponiendo una clara injerencia en un asunto judicial en curso”, señala el acuerdo aprobado este jueves.
El texto añade que si el abogado 'Coco' Campaner tiene sospechas de mala praxis judicial “dispone de diversos cauces legales para reivindicar sus legítimas aspiraciones, pero dicho cauce no puede consistir en una descalificación tan absoluta de la función jurisdiccional, dirigiendo y jaleando a una multitud de personas que no tienen otro objetivo más que sembrar una duda generalizada sobre le independencia del juez que conoce el caso, y que les conduce incluso a solicitar su detención e inhabilitación”.
Por lo tanto, el CGPJ concluye que esas actuaciones “no sólo comprometen el deber de respeto hacia las decisiones judiciales, sino que, además, transmiten a los ciudadanos una imagen distorsionada de la Justicia y del principio constitucional de separación de poderes, que ha de considerarse un principio constitutivo de nuestro sistema político y de convivencia. En definitiva, proceden a socavar uno de los fundamentos esenciales del orden constitucional: la legitimidad de los miembros de los miembros del Poder Judicial y la confianza social en su actuación”.
Caso Cursach
Este es el último capítulo en el caso 'Cursach', que toma el nombre del magnate de la noche Bartolomé Cursach, encarcelado por 16 delitos, dentro de un sumario que lo retrata como a un mafioso capaz de meter en nómina a policías para que hiciesen la vida imposible a la competencia, de manejar a políticos y cargos públicos e incluso de estar relacionado con la muerte de un trabajador que le chantajeó con unas fotos comprometidas.
La lista de delitos que se le atribuyen es interminable: extorsión, cohecho, falsedad documental, uso de documentos falsos en un proceso, información privilegiada, amenazas, tráfico de influencias, coacciones, blanqueo, delito fiscal, contra la salud pública, contra los derechos de los trabajadores, asociación ilícita/pertenencia a organización criminal, corrupción de menores y homicidio.
