Cifuentes niega ante el juez conocer la caja B del PP madrileño que funcionó mientras ella era dirigente del partido
La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes ha declarado durante más de tres horas ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga la financiación irregular del PP madrileño. Durante la declaración ha negado conocer la existencia de una caja B durante los años en los que ella perteneció al comité de dirección del partido en Madrid y ha defendido la legalidad de los contratos al empresario Arturo Fernández, sobre los que recae la sospecha de que fueron una contrapartida por las aportaciones del dueño del Grupo Cantoblanco al PP a través de Fundescam, informan fuentes presentes en la declaración.
A preguntas de la fiscal Carmen García Cerdá, Cifuentes ha negado tener constancia de la existencia de esa caja B, el principal objeto de la pieza de Púnica por la que ha declarado como investigada. Tras su declaración, en una breve intervención ante los medios en la que no ha aceptado preguntas, ha asegurado que su “principal participación” en esta causa fue personar al Gobierno como acusación particular “en defensa de los intereses de los madrileños” cuando todavía era presidenta del Ejecutivo regional.
En su época como vicepresidenta de la Asamblea, Cifuentes integró el comité de expertos que otorgó el citado contrato de la cafetería y el restaurante de la Cámara regional a Fernández, un empresario muy próximo al PP que contribuyó a Fundescam. Esta fundación, con sede en el edificio de la calle Génova que ocupa el PP, es sospechosa de haber pagado los actos electorales del partido con el dinero de los empresarios afines.
Cifuentes ha defendido que Cantoblanco es una empresa de restauración que ha sido adjudicataria del Palacio de La Moncloa o el Ministerio de Economía. También de la Casa Real, ha añadido. En ese momento, su abogado le ha preguntado quién estaba en el Gobierno cuando la sede del Ejecutivo central o el Ministerio de Economía contrataron a Cantoblanco. “El PSOE”, ha respondido. Sobre el contrato que es objeto de investigación en esta causa ha asegurado que fue adjudicado a Cantoblanco por unanimidad del comité de expertos.
La expresidenta regional fue miembro del patronato de Fundescam como integrante del comité de dirección del partido. A preguntas de la fiscal, Cifuentes ha enumerado los integrantes de aquel comité de dirección, a su vez miembros del patronato de Fundescam. Al terminar, ha añadido que luego se incorporó Pablo Casado, “en calidad de presidente de Nuevas Generaciones”.
Sobre el funcionamiento de Fundescam, ha reiterado que solo asistió a una reunión de su patronato, celebrada el 10 de marzo de 2006, y que tuvo como fin aprobar sus estatutos. Las fuentes consultadas aseguran, por otra parte, que Cifuentes ha explicado que el PP se ha negado a facilitarle actas de la fundación.
Respecto a su participación en el comité electoral del partido y la supuesta vinculación con la financiación irregular de las campañas, Cifuentes ha declarado ante el juez que su función era “llenar de gente” los mítines.
La fiscal García Cerdá también le ha preguntado sobre otra de las supuestas herramientas que puso en marcha el Ejecutivo regional bajo el mandato de Esperanza Aguirre (2003-2012) para desviar el dinero de los madrileños hacia las cuentas del PP: la llamada cláusula del 1% por la que se obligaba a las constructoras de infraestructuras a abonar ese porcentaje del presupuesto de cada contrato para sufragar campañas publicitarias que se realizaban por un coste mucho menor o que ni se llegaban a hacer.
“De eso no conozco nada porque no formaba parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid en ese momento, pero en mi Gobierno no existían esas cláusulas”, ha asegurado respecto. Ante la insistencia de la representante del Ministerio Público sobre esta cuestión, ha añadido: “Ni las quito, ni las pongo porque no sabía que existían”. Y ha remarcado que cualquier irregularidad que detectó el Ejecutivo que ella presidía fue puesto en conocimiento de la Fiscalía y los tribunales.
Cifuentes se ha negado a contestar a la acusación popular y a las otras defensas. A preguntas de la Fiscalía ha querido desmentir a la ex directora general de Medios Isabel Gallego, quien la situó en una reunión con el empresario Miguel Madoz, administrador de Swat, “uno de los cooperadores en el desvío de fondos públicos para pagos de gastos electorales”, según la Fiscalía. Cifuentes ha negado taxativamente haber asistido a esa reunión y ha acusado a Gallego de actuar con inquina por prescindir de ella.
Preguntada por Alejandro de Pedro, el experto informático que cobró presuntamente dinero público por hacer campañas de reputación a los líderes del PP y el Gobierno regional, Cifuentes ha dicho que solo le ha visto una vez y que éste le pidió una foto asegurando que eran “amigos de Twitter”.
Declaración interrumpida
El juez Manuel García-Castellón ha interrumpido la declaración al ser informado de que un error técnico permitía escuchar su contenido en la sala de prensa de la Audiencia Nacional, repleta de periodistas.
Cifuentes ha estado declarando durante casi 25 minutos antes de la primera interrupción para solventar el problema. Minutos más tarde se ha retomado la declaración, pero el problema persistía por “una desconfiguración técnica”, según fuentes del tribunal especial, lo que ha provocado la segunda interrupción. En total, Cifuentes llevaba declarando unos cuarenta minutos.
García Castellón ha informado a las partes de que se escuchaba el contenido en sala de prensa, ha planteado la posibilidad de anular la parte de la declaración que se había practicado y cambiar de sala. Finalmente, la declaración se ha trasladado de sala y se ha retomado en el punto donde se interrumpió.
