Cuenta atrás para que Sánchez lleve sus cuentas a Bruselas: así están las negociaciones con Unidos Podemos

Las negociaciones presupuestarias entre el Gobierno y Unidos Podemos entran en su semana clave. Los equipos de los ministerios han mantenido múltiples reuniones discretas en los últimos días con sus contrapartes del grupo confederal. En ellas se han ido acotando aquellas medidas que se incorporarán en los Presupuestos Generales de 2019 o en otras leyes que se aprobarán a lo largo de la legislatura. Todo quedará en manos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quienes cerrarán los flecos y resolverán algunos escollos pendientes, como el incremento del Salario Mínimo Interprofesional.

El acuerdo, al menos su estructura básica, deberá estar listo a mediados de esta semana, según reconocen fuentes de la negociación a eldiario.es. Siempre que no descarrile en el último momento. Ambas partes se muestran “optimistas” y seguras de que habrá un pacto presupuestario que garantice el apoyo de 151 diputados a las cuentas del año que viene y que traslade la presión al resto de partidos que apoyaron la moción de censura de Pedro Sánchez. Especialmente a los catalanes.

Por parte del Gobierno, las negociaciones las está encabezando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. También están siendo clave la intervención del Ministerio de Trabajo que dirige Magdalena Valerio para abordar los asuntos relacionados con política laboral. Por parte del grupo confederal, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, lidera unos equipos en los que también está Carlos Sánchez Mato (IU), Yolanda Díaz (En Marea) o Lucía Martín (En Comú).

Las confluencias catalana y gallega (En Marea) solicitaron además sendas reuniones a Meritxell Batet para trasladarle reivindicaciones territorializadas. En el Ministerio de Política Territorial rebajan la relevancia de esos encuentros –por ahora solo se ha celebrado “una toma de contacto” con En Marea– y aseguran que se limitarán a recabar esas prioridades para hacérselas llegar a Hacienda, que es el departamento que pilota las negociaciones y el proyecto de presupuestos, o a otros departamentos como el de Fomento para asuntos relacionados con infraestructuras.

“Acuerdo de mínimos”

En Unidos Podemos subrayan que el acuerdo que podrán alcanzar será “de mínimos”. “No es el programa de IU ni de Podemos. Ni el de Unidos Podemos. Estamos negociando con un Gobierno claramente escorado a la derecha y se nota en los compromisos con la UE”, señalan fuentes de IU. 

El Gobierno también asume que no podrá incluir todas sus promesas electorales en el ejercicio del año que viene, pero sí plasmar su proyecto de Gobierno. Sánchez ya ha dejado claro que la transformación del país que persigue es a largo plazo y con la vista puesta en 2030. Uno de los motivos a los que el Ejecutivo achaca sus renuncias es la debilidad parlamentaria que le hace depender de otros socios (de derechas).

Así, los socialistas asumieron nada más llegar a Moncloa que tenían que desistir en su intención de derogar al completo la reforma laboral y contentarse solo con acabar con los “aspectos más lesivos”.

Desde Unidos Podemos apuntan a que en las conversaciones se plantea devolver la prevalencia a los convenios sectoriales sobre los de empresa, eliminar la capacidad de los descuelgues salariales de las empresas y limitar la ultraactividad de los convenios colectivos. Tres elementos que dificultaban la negociación colectiva y la acción sindical.

El Gobierno ve factible el entendimiento para lograr que los trabajadores de las empresas subcontratadas tengan las mismas condiciones que los contratados. Iglesias ha reclamado “un poco más de valentía” al Ejecutivo en algunos de sus retos, entre ellos la legislación laboral.

Pedro Sánchez dejó en el aire el impuesto a la banca, que era una de las promesas estrella de Sánchez, para tranquilizar al sector financiero y al PNV. Pero Unidos Podemos no desiste. Este mismo viernes, el propio Iglesias recordaba ante el Consejo Ciudadano Estatal que mantienen viva esta reivindicación. Es una de las claves recaudatorias de Unidos Podemos para garantizar que se pueden costear las medidas sociales, ante la imposibilidad de elevar el objetivo de déficit, 

En contraposición, las negociaciones han avanzado hacia la imposición de un tipo mínimo del 15% a las sociedades con un beneficio a partir de diez millones de euros y del 18% en el caso de las entidades financieras.

SMI y pensiones, aún sin sellar

A pesar del optimismo, fuentes del Ejecutivo y de Unidos Podemos admiten que están encontrando escollos en algunos aspectos de la negociación como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). “Podemos pide una subida inmediata que es difícil de articular”, señalan en Hacienda.

En el Ministerio de Trabajo tampoco ven factible subirlo a 1.000 euros a partir de 2019: “Esto no se puede hacer de la noche a la mañana y ellos lo saben”. El Gobierno es partidario de dar un cierto margen a la aplicación del acuerdo entre sindicatos y patronal para los salarios mínimos por convenio, que sí fijaron en 1.000 euros.

Una de las vías intermedias que se plantean los negociadores es que el incremento del SMI se haga por fases, según confirman fuentes conocedoras de las conversaciones a eldiario.es

El SMI será uno de los asuntos que tendrán que cerrar Sánchez e Iglesias personalmente. Es uno de los aspectos cruciales para Unidos Podemos. No solo porque supone un reconocimiento a sus reivindicaciones, sino porque “este indicador arrastra muchas cosas”, según fuentes del grupo. “Subir el SMI es cambiar el modelo de sociedad”, añaden. “Supondría una mejora inmediata para millones de personas. Es como conseguir el blindaje por ley de la revalorización de las pensiones según el IPC, que afecta a 9,5 millones de personas”, zanjan las mismas fuentes.

La fórmula para revalorizar las pensiones ha provocado roces y diferencias en el seno del Gobierno. En concreto, entre los ministerios de Hacienda y Trabajo, más favorables, con el de Economía. Nadia Calviño se opuso en Luxemburgo durante una reunión del Ecofin a que se vinculen las pensiones a los precios por ley. La apuesta de Magdalena Valerio es modificar la reforma que solo obliga a una subida del 0,25% y que el incremento vuelva a vincularse al IPC. 

Fuentes de Hacienda y Trabajo reconocen que las “reticencias fuertes” han existido, pero la ministra de Economía ha reculado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministras: “No hay ningún tipo de discrepancia. Este Gobierno considera que es deseable que las pensiones se revaloricen con arreglo al IPC al mismo tiempo tenemos que trabajar para garantizar la sostenibilidad a medio y largo plazo”. No obstante, no ha aclarado si coincide en que se tenga que revertir la reforma de Rajoy para que el blindaje sea legal.

“La posición final sobre las pensiones la fijará el presidente”, señalan fuentes gubernamentales, que recuerdan que también la decisión de incluir el impuesto al diésel en el anteproyecto de los presupuestos fue de Sánchez.

Esta posición final de Sánchez, como el SMI, será materia del cierre por arriba del proyecto. Fuentes de las negociaciones aseguran que en el Ejecutivo son conscientes de que todo tiene que estar concretado antes del festivo de este viernes. “Si queremos comunicar un acuerdo, tiene que ser antes del puente”, apuntan.

“Sintonía” en fiscalidad

A pesar de los escollos, en el Gobierno son optimistas con la “sintonía” que están teniendo con Unidos Podemos en fiscalidad. “Creemos que se va a llegar a un acuerdo”, señalan desde Hacienda, donde admiten que hay entendimiento en cuestiones generales, como la apuesta por “gravar más a las rentas altas” que reclamaba Iglesias y que Sánchez no veía del todo claro.

Ahora existe la determinación por parte del Gobierno, pero “no está clara la cifra”. El grupo confederal establecía la subida a partir de los 120.000 euros mientras que el Ejecutivo está dispuesto a hacerlo a partir de los 140.000-150.000 euros.

Desde Unidos Podemos recuerdan que la primera reacción del Ejecutivo fue negarse a tocar el IRPF, así como otras cuestiones como el impuesto a las tecnológicas. “No quieren tocar la senda de estabilidad”, lamentan estas fuentes. “Pero empezamos a ver algo de luz. Eso todavía no es revertir ni recuperar los recortes de los últimos años. Pero estamos hablando del Presupuesto de un solo ejercicio”, concluyen.

En Moncloa también están convencidos de que “no va a haber ningún problema con Podemos” para llegar a un acuerdo para las cuentas de 2019 y trasladan la presión a las fuerzas independentistas tras la amenaza del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de retirar su apoyo a Sánchez. El Ejecutivo reclama al jefe del Govern “menos gesticulación y más racionalidad”, mientras el presidente Sánchez se ha sacudido la presión sobre el adelanto electoral reiterando su voluntad de acabar la legislatura esta vez “con o sin presupuestos”.

El propio Iglesias exigía a Torra “mesura y responsabilidad”. El líder de Podemos mantiene una línea de comunicación abierta con la Generalitat de Catalunya que allanó en su día el camino a la moción de censura.