Delgado sostiene que haber sido ministra de Justicia es una “fortaleza” para su nombramiento como fiscal general

Dolores Delgado ha asegurado este jueves en el Congreso que el hecho de haber ocupado el cargo de ministra de Justicia hasta hace poco más de un mes no debe entenderse como una “debilidad” sino como una “fortaleza” para su nombramiento como fiscal general del Estado a propuesta del Gobierno. “No debería llamar la atención, ni debería producir desasosiego, que quienes nos representan en el poder legislativo, en el Ejecutivo y quienes desempeñan cargos judiciales o fiscales hayan podido ostentar alguna otra representación”, había señalado previamente.

Delgado ha hecho estas declaraciones durante su intervención ante la Comisión de Justicia, encargada de valorar sus méritos e idoneidad para ejercer esta responsabilidad. Se trata de un trámite preceptivo, aunque no vinculante, que es previo al nombramiento por el Consejo de Ministros. Ante las críticas de las tres derechas, que la han cuestionado por parcial, la exministra ha recordado que es una fiscal de carrera con tres décadas de experiencia y ha insistido en que su etapa al frente de la cartera de Justicia “enriquece” su “perfil profesional”.

Los tres partidos de derechas, que ya habían sumado sus votos para reprobar a Delgado en el Congreso durante el año y medio que duró el Gobierno de Sánchez, se han mostrado muy beligerantes con su elección. “Han venido a asaltar la Fiscalía, nos tendrán enfrente”, le ha dicho el portavoz del PP, Luis Santamaría, que le ha advertido también de que tendrá que apartarse de causas en las que participó cuando era ministra, como la del procés. “Llámela Fiscalía General Socialista”, le ha espetado Javier Ortega Smith, de Vox, mientras que el diputado de Ciudadanos Edmundo Bal ha considerado su candidatura una “anomalía democrática inaceptable”.

Sobre las posibles situaciones de abstención en su nuevo puesto, Delgado ha explicado que el fiscal general del Estado interviene directamente en “contadísimos” asuntos, aunque ha admitido que examinará “caso a caso” la oportunidad o no de apartarse. En este sentido, ha recordado que la jurisprudencia al respecto del Constitucional es “clara” y “restrictiva” al respecto y que el Supremo también ha reiterado que las dudas sobre la imparcialidad tienen que estar “objetiva y legalmente justificadas”.

Previamente, Delgado se había quejado de la recurrentes sospechas sobre la autonomía del Ministerio Fiscal respecto al poder ejecutivo. “Reducir la Fiscalía a una institución bajo permanente sospecha, dependiente de los vaivenes políticos, es injusto para quienes acuden a diario a resolver marañas procesales”, ha señalado. De hecho, como mecanismo para evitar las sospechas de injerencia del Gobierno, ha propuesto que la Fiscalía General del Estado sea “autoridad nacional” al margen del Ministerio de Justicia que ella dirigía hasta apenas un mes.

Respecto a las propuestas, también se ha mostrado a favor de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los fiscales asuman la instrucción de las causas penales -como propuso este lunes su predecesor en Justicia, Juan Carlos Campo- o para que se modifiquen los plazos de instrucción que impidieron investigar casos de corrupción. Por otra parte, ha defendido la “democratización” del acceso a la carrera judicial y fiscal con un sistema público de becas y un modelo en el que se tengan en cuenta otras habilidades, no solo las “exclusivamente memorísticas”.

Durante la intervención de los grupos, el diputado de Vox Javier Ortega Smith ha tenido un encontronazo con la parlamentaria de EH Bildu Isabel Pozueta. El representante del partido de extrema derecha ha interrumpido a Pozueta, que en ese momento estaba instando al Estado y a la Fiscalía a investigar las “torturas reiteradas” de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Ortega Smith ha pedido que se le retirara la palabra al considerar “intolerable” esas palabras. La presidenta de la Comisión, la socialista Isaura Leal, ha afeado la interrupción al diputado de Vox y le ha pedido que no la obligara a llamarlo al “orden”.

Polémica elección

Con la elección de Delgado, el Ejecutivo abandonó el criterio que se ha impuesto en la mayoría de los Gobiernos de la democracia consistente en buscar un fiscal o un juez afín ideológicamente para este cargo, pero sin una carga partidista tan fuerte como proceder de su propio Consejo de Ministros. Delgado, aunque no está afiliada al PSOE, se implicó de forma decidida en la campaña electoral y salió elegida diputada, aunque renunció a su acta cuando se hizo pública su propuesta de nombramiento.

La exministra consiguió el pasado 16 de enero el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un trámite también preceptivo aunque no vinculante. Doce vocales votaron a favor y siete en contra. Los que se opusieron pertenecen al bloque conservador, esto es, elegidos a propuesta del PP. En el escrito en el que explicaban su voto negativo afirmaron que no era idónea por haber sido ministra de Justicia en el anterior Gobierno y diputada electa del PSOE en las últimas elecciones generales.