La imputación de Gallardón: la rama de la Operación Lezo que Moix intentó cortar desde Anticorrupción
Un año después de estallar la Operación Lezo, la investigación sobre corrupción en el Canal Isabel II que llevó al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González a prisión acusado de cobrar comisiones por la compra de filiales en Latinoamérica, la Audiencia Nacional imputa a otro de sus antecesores, Alberto Ruiz-Gallardón, también por la adquisición de una sociedad en Colombia.
Es la última ramificación de una causa que acumula decenas de imputados, entre ellos quienes integraron durante años la cúpula del Canal, una empresa pública que gestiona 1.000 millones de euros de presupuesto al año. Sus adquisiciones en el extranjero están bajo sospecha. En la causa abundan las evidencias de desvío de fondos en esas operaciones y uno de los hombres fuertes del Canal, Edmundo Rodríguez, habló de cómo se iban a repartir las mordidas en la etapa de Ignacio González.
La investigación a Gallardón y los consejeros con los que gobernó entre 1999 y 2003 que instruye el juez Manuel García-Castellón en la Audiencia Nacional arrancó muchos meses antes con otros protagonistas y algunas actuaciones polémicas. También en ese caso se indaga sobre supuestos sobreprecios pagados por la empresa pública de aguas de Madrid en el extranjero.
La petición del anterior fiscal del caso, Carlos Yáñez, para que quien era el instructor de la causa, Eloy Velasco, autorizase la entrada y registro en despachos relacionados con la sociedad Inassa, la empresa que compró en 2001 el Canal bajo la presidencia de Gallardón, fue desautorizada por Manuel Moix, en aquella época jefe de Anticorrupción. El argumento de Moix, quien tuvo que dimitir meses después acorralado por el escándalo de unas escuchas en las que González y otros imputados le señalaban como su favorito para Anticorrupción y por sus participaciones en una sociedad familiar radicada en un paraíso fiscal, fue que no había conexión entre operaciones separadas por casi una década.
El fiscal del caso decidió entonces invocar el artículo 27 de la carrera para someter a votación entre el resto de sus compañeros la discrepancia con su superior jerárquico. La práctica totalidad de los miembros de Anticorrupción concluyeron que los registros eran pertinentes y aunque la votación en esos casos no es vinculante, Moix decidió someterse al criterio de la mayoría. Después intentó maniobrar para apartar a los dos fiscales que llevaban el caso.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil siguió adelante con los registros. La investigación destapó más escuchas en las que Ignacio González aludía a un “pacto de silencio” con Gallardón para sepultar las maniobras del Canal. El próximo 7 de junio, el expresidente de Madrid, exalcalde, exministro y ex casi todo en el PP está citado a declarar sobre ello en la Audiencia Nacional.
