El Gobierno asegura que exigió “garantías” a Arabia Saudí sobre el uso de las armas pero que son confidenciales
Arabia Saudí ofreció “garantías” a España sobre el uso final de los misiles cuya venta provocó una crisis política que derivó en un enfrentamiento diplomático con el país asiático cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció su intención de paralizar la entrega de unas armas que ya habían sido pagadas.
Dichas garantías existen, asegura el Gobierno en una respuesta al senador de EH Bildu Jon Iñarritu. Pero no las desgrana. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se escuda en la “seguridad nacional”, en los “intereses comerciales de las empresas” y en una “cláusula de confidencialidad” con los compradores para no revelar unas “garantías” que la propia portavoz, Isabel Celaá, dijo el pasado septiembre que no existían.
El senador vasco registró sus preguntas el pasado mes de septiembre, cuando Pedro Sánchez tuvo que rectificar a su propia ministra de Defensa para que España acabase aceptando la venta de los misiles pactada durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Las respuestas del Ejecutivo socialista, parciales, han llegado ahora. En el documento, al que ha tenido acceso eldiario.es, el Ejecutivo recuerda que los misiles son de los modelos GBU-10 y GBU-12 y que ya se han realizado todos los envíos. Los 400 proyectiles están así ya entregados.
El Gobierno señala además que “se exigieron garantías de uso final” a Arabia Saudí. Pero no ofrece detalles.
La frase, al final de un párrafo en el que se citan las normativas que la Junta Interministerial para el Comercio y Control de Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMDDU), no se ve completada hasta más adelante. Y no responde a las cuestiones lanzadas por el senador.
El Gobierno apunta primero al “secreto de las deliberaciones” de la JIMDDU para justificar la ausencia de información. Y lo explica así: “Es necesario mantener el actual marco de protección de las actas de la JIMDDU, puesto que en ellas se reflejan acciones que no solo afectan a la seguridad nacional en sus distintas versiones sino a la acción exterior de la Administración, así como a la debida salvaguarda de los intereses comerciales de las empresas españolas”.
La respuesta insiste en justificar la falta de transparencia del comercio de armas internacional. “Se trata de materias clasificadas, pues afectan al equipamiento militar”, asegura el documento, que alude a un acuerdo del Consejo de Ministros de 1986. “Además”, añade, “la información estaría afectada por una cláusula de confidencialidad del contrato que obliga [a] las partes contratantes”.
Sin posibilidad de seguimiento del uso final
En su respuesta, el Gobierno se contradice su propia versión al señalar que exigió a Arabia Saudí garantías sobre el uso final de los misiles. En una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del pasado mes de septiembre, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, dijo exactamente lo contrario.
Celaá evitó comprometer la palabra del Gobierno en que esas armas no vayan a usarse contra la población de Yemen -a la que anteriormente se ha atacado con bombas similares, según los observadores internacionales.
La portavoz dijo que no había “especificación en el contrato”. El Gobierno dice ahora que sí en la respuesta parlamentaria.
El ocultismo del Gobierno llega también a otro aspecto: los números de serie de los misiles vendidos. No es la primera vez que el senador Jon Iñarritu inquiere al Ejecutivo sobre este asunto, único medio que permite hacer un seguimiento real y fidedigno del uso final que se le da al armamento.
En una solicitud de informes del pasado mes de septiembre, el parlamentario de EH Bildu reclamó expresamente conocer esta información. El “Gobierno de la transparencia”, como lo denominó el propio Pedro Sánchez, ha respondido también esta misma semana de forma muy escueta. “La información que se solicita es de naturaleza clasificada”, asegura. Y zanja: “Además, esta información estaría afectada por una cláusula de confidencialidad que obliga a las partes”.
