El Gobierno levantará el secreto sobre el espionaje a Bárcenas de la policía política del PP
El Gobierno levantará el secreto que pesa sobre la Operación Kitchen, las maniobras policiales para sustraer documentación de la financiación irregular del PP a Luis Bárcenas. La vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, ha asegurado este viernes, en la rueda posterior al Consejo de Ministras, que la decisión se adoptará “seguramente” en la reunión de la próxima semana.
En su respuesta a una periodista, Calvo ha afirmado que el Gobierno satisfará la petición del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, cursada a través del Consejo General del Poder Judicial. En realidad, las peticiones al Gobierno llegan de dos sitios, ese juzgado, el del caso Villarejo, y el Central de Instrucción número 5, que investiga la caja B del PP.
El juez del caso Villarejo ha pedido al Gobierno que puedan declarar sobre secretos oficiales testigos y acusados en la causa. El Ministerio del Interior libró 48.000 euros de los fondos reservados para pagar durante dos años al chófer de los Bárcenas y que éste obtuviera información y documentos de la familia del extesorero del PP. Cuando acabó la Operación Kitchen, Interior facilitó la entrada en la Policía de Sergio Ríos y le proporcionó un destino privilegiado.
Además, el juez José de la Mata ha pedido al Ministerio del Interior que le facilite información detallada del pago de fondos reservados a Sergio Ríos y del resto de extremos de la Operación Kitchen, como el nombre de los mandos implicados. El Ministerio del Interior ha trasladado a la Dirección de la Policía la petición de información del juez, según recoge una providencia del juez dictada esta misma semana a la que ha tenido acceso eldiario.es.
La Ley que rige los secretos oficiales data de 1968. En su punto cuarto recoge que la calificación como tal corresponde “exclusivamente, en la esfera de su competencia, al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor”. Una ley de la época de Felipe González, la 11/1995 regula los fondos reservados, pero remite a la anterior, del régimen franquista, para determinar quién puede conceder o retirar la clasificación de secreto a esta materia. Un protocolo reservado, y redactado en Interior a raíz de la promulgación de esa ley, desarrolla el uso de los fondos reservados.
En su reunión de la próxima semana previsiblemente, el Ejecutivo levantará el secreto de los documentos para cumplir con la demanda del juez, pero fuentes de Moncloa especifican que no los harán públicos: “El juez manejará esos documentos y los usará en su actividad jurisdiccional”, señalan esas fuentes.
