Homicidio policial en Cartagena: cuatro años por la muerte de un toxicómano que pidió ayuda a los agentes
El thriller policial de Cala Cortina ha escrito su final en los juzgados. La historia (real) de Diego Pérez, un hombre con esquizofrenia que llamó a la comisaría de Cartagena la madrugada del 11 de marzo de 2014 para pedir ayuda porque unos vecinos lo querían matar, se subió a un coche patrulla y desapareció hasta que su cuerpo apareció flotando en el mar con varias vértebras rotas 15 días después, es oficialmente un caso cerrado. Se finiquitó este viernes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Murcia con una condena pírrica y sin juicio.
La Fiscalía que pedía 20 años por homicidio y detención ilegal para cada uno de los cinco agentes de policía nacional acusados –un sexto falleció por enfermedad en prisión– ha pactado con las defensas que cada uno de los agentes cumpla cuatro años de cárcel. Las indemnizaciones a los familiares las acordará el juez en una vistilla que tendrá lugar la próxima semana.
Los condenados José Carlos Mateo Luján, José Antonio Costas Guerrero, José Luis Solano Albadalejo, Raúl Aguado Rodríguez y Rubén Forné Solano serán inhabilitados para trabajar como policías durante dos años.
Un testigo protegido desmontó sus coartadas
El sumario del caso pegaría como guión de una película de miedo: micrófonos ocultos introducidos en los coches zeta por la unidad de Asuntos Internos de la Policía que revelan conversaciones sobre otras palizas de las mismas patrullas a detenidos, la autopsia del fallecido con varias vértebras rotas, signos de violencia en región facial y craneal, pérdida del ojo derecho... y un testigo protegido, C83, para desmontar la coartada de los seis agentes investigados.
Los atestados al final del turno apuntaban que los agentes habían salido a esa urgencia pero que volvieron a patrullar una vez que tranquilizaron a Diego Pérez en Las Seiscientas, un barrio conflictivo de Cartagena. Lo que contó el testigo fue que media docena de policías obligaron a aquel hombre sin oficio conocido que vivía de hacer recados de todo tipo en el vecindario, un consumidor habitual de cocaína que de vez en cuando cometía pequeños robos, a meterse en el coche y que uno de los agentes, el más corpulento, empezó a golpearlo en plena calle.
Las cámaras de seguridad captaron aquella noche a una comitiva de tres vehículos patrulla con las luces apagadas viajando hacia Cala Cortina, una pequeña playa apartada del centro. El itinerario también chocaba con la versión oficial.
Detenciones de Asuntos Internos
Cuando en octubre de 2014 un grupo de agentes llegados de Madrid arrestaron a los seis policías de la comisaría murciana en medio de una ciudad conmocionada, los sospechosos aseguraron a la juez que fue Diego Pérez quien se metió en el coche, que lo trasladaron a esa pequeña playa alejada del núcleo urbano para que se tranquilizase y que al abrir las puertas del coche el hombre salió corriendo y le perdieron la pista. Que no contaron nada a sus superiores porque se asustaron al comprobar que no aparecía.
La instructora del caso no se creyó esa tesis y los envío a prisión. Las conversaciones grabadas durante sus turnos en los coches patrulla, hasta que un sindicato denunció la existencia de micrófonos, ofrecieron pistas sobre otras palizas y el gusto a la porra que tenía alguno de los detenidos.
La investigación incluyó reconstrucciones de aquella noche y del trayecto de los coches a Cala Cortina. Agentes de seguridad del puerto confesaron durante los interrogatorios su extrañeza sobre las maniobras de los policías aquella noche.
Otras torturas en la misma comisaría
Trascendió además que un segundo juzgado investigaba torturas en la misma comisaría de Cartagena, cuya cúpula fue descabezada por el ministerio del Interior.
El voluminoso sumario con todos sus detalles escabrosos llevaron al ministerio público a acusar a los cinco agentes de un doble delito de homicidio y detención ilegal. La Fiscalía pidió 20 años de prisión para cada uno de los agentes pero el caso no ha llegado a juicio. La sentencia pactada este viernes por las acusaciones y las defensas implicará cuatro años de cárcel para cada policía, por los delitos de detención ilegal y homicidio por imprudencia profesional.
El acuerdo de conformidad evita meterse en cómo murió Diego Pérez. Da por hecho que aquella madrugada los agentes que acudieron a socorrerle “de común acuerdo y con intención de atentar con su libertad le indicaron de manera intimidatoria que se subiera al vehículo policial y en lugar de trasladarle a dependencias policiales o a un centro sanitario decidieron llevarle a Cala Cortina, lugar solitario y aislado que dista más de dos kilómetros de su domicilio y de las zonas de patrulla de los agentes”.
La sentencia revela además que “en lugar de contar esos hechos a sus superiores, comunicaron al 091 que habían resuelto la intervención tranquilizando a Diego, ocultando a la sala a sabiendas de su ilicitud, que los tres vehículos estaban trasladando a la cala en contra de la voluntad de Diego”.
El párrafo crucial de la sentencia de conformidad establece: “En dicha cala, y sin que los agentes tuvieran intención de producir un resultado letal pero omitiendo las más elementales normas de cuidado inherentes a su condición de miembros del Cuerpo Nacional de Policía, y bien como consecuencia de una acción o bien por la omisión de los deberes de custodia, se ocasionó la muerte de Diego”.
El pacto incluye como atenuantes de los dos delitos la confesión de los condenados y la reparación del daño porque los acusados han pagado ya los primeros 60.000 euros de indemnización a la familia del fallecido.
Será el juez quien decida si los condenados vuelven a la cárcel. Ya han cumplido 14 meses de prisión provisional y sus abogados piden la suspensión de la sentencia. La Fiscalía se opone. La Audiencia Provincial tiene la última palabra.
