Lezo: el sumario que desnudó la política madrileña, las maniobras del PP en la Justicia y a ejecutivos de la prensa
Hubo un tiempo en que nadie se atrevía a toser a Ignacio González. Fueron lustros de poder omnímodo del PP de Madrid. De mayorías absolutísimas que alcanzaron su cénit tras las municipales de 2011 cuando la expresidenta de la región, del partido y de casi todo, Esperanza Aguirre, decretó el fin del “cinturón rojo” al sur de la Comunidad tras ver a sus candidatos sentados en alcaldías históricas del PSOE como Parla, Móstoles o Alcorcón.
Desde el Gobierno regional el PP manejaba presupuestos anuales de 20.000 millones de euros. Controlaba la televisión pública y la mayor parte de la prensa privada comía de su mano amamantada por sus generosos convenios publicitarios. La patronal, con su presidente Arturo Fernández a la cabeza, estaba a partir un piñón con el Gobierno haciendo donaciones a través de Fundescam y el futuro contemplaba faraónicas muestras de poderío como la Ciudad de la Justicia, con sus 15 edificios de autor encargados a eminencias de la arquitectura como Zaha Hadid o Norman Foster.
Ese era el ambiente en 2012 cuando Aguirre decidió legar su ingente capital político al delfín preferido, Ignacio González, a quien ya había entregado las llaves del partido con la secretaría general. La crisis azotaba todavía con fuerza pero había un Gobierno amigo en La Moncloa. En la primera de las tres despedidas de la presidenta y tras años de luchas intestinas, González era el elegido. Su oponente de siempre, Francisco Granados había dado un paso atrás resignado a comentar la actualidad política desde las tertulias. Alberto Ruiz Gallardón había dejado de ser un rival mucho antes cuando permitió a Aguirre hacerse con todo el control territorial del partido y en ese momento ejercía de ministro de Justicia a las órdenes de Mariano Rajoy.
De aquellas fotos en sepia que retrataron la felicidad total del PP madrileño hace solo cinco años no queda nada y hoy el legado de Aguirre y González está hecho añicos. La presidenta, tuvo que despedirse en tres actos, sacudida por la corrupción, y su sucesor mata ahora los días en una celda de Soto del Real.
El entierro del aguirrismo
El futuro del aguirrismo ya empezaba a pintar mal con las primeras informaciones del lujoso ático de Estepona y cuando el dedo de Mariano Rajoy eligió para el cartel de la Comunidad a Cristina Cifuentes. Para colmo, ella ganó mientras que Esperanza Aguirre salió derrotada en las urnas por lo que ella misma calificaba como un grupo de populistas y elementos antistema, Ahora Madrid, que desde el verano de 2015 gobierna el Ayuntamiento de la capital.
Pero todo se tiñó de negro carbón la mañana del pasado 19 de abril: agentes de la Guardia Civil detuvieron a González a las puertas de su chalé de Aravaca, en las afueras de la capital. La Operación Lezo, que llevaba año y medio fraguándose bajo el sigilo del secreto de sumario, veía la luz para derrocar lo que quedaba en pie del régimen aguirrista. Cayó Ignacio González, cayó su hombre de confianza en el Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez, cayó el hermano del expresidente, Pablo, por sus manejos en la empresa pública Mercasa, y también el hombre que movía los hilos de otro ente paralelo la Comunidad José Martínez Nicolás, por su gestión como consejero de la Agencia Informática de Madrid.
Los arrestos coincidieron con la semana en la que Aguirre estaba citada a declarar como testigo en el juicio del caso Gürtel. En la sala, ante el juez repitió ya con poca convicción el estribillo de que ella fue quien destapó la trama. A la salida, rodeada de micrófonos y cámaras hizo una firme defensa de su inocencia pero ya no puso la mano en el fuego por González, que pasaba sus primeras horas en el calabozo a la espera de declarar ante el juez Eloy Velasco. La teoría del par de cargos que le habían salido rana estaba hecha trizas. La cuenta atrás para su abandono de la política había comenzado y Aguirre no pudo contener las lágrimas.
Con el auto del juez que enviaba a prisión a González un viernes de madrugada acusado de malversar millones de euros a través del Canal y de otros negocios como alto cargo de Madrid, Aguirre tomó la decisión de marcharse por última vez y dejar el acta de concejal en el consistorio. El comunicado que firmó el PP de Cifuentes para despedirla parecía escrito sobre un bloque de hielo. Ni un solo adjetivo cariñoso, como si su sucesora quisiera cerciorarse de que esta vez la carrera de Aguirre no volvería a resucitar.
Campañas bajo sospecha
Los informes de Anticorrupción, de la Guardia Civil y los autos del juez Velasco también han buceado en el origen del dinero para pagar los despliegues propagandísticos de las vacas gordas. El magistrado de la Audiencia Nacional sostiene que un millón de euros salió de inflar contratos en el Canal de Isabel II y mantiene la lupa sobre oscuras compraventas en el Canal de Isabel II. La oposición en Madrid se ha apresurado a decir que el PP regional no solo estaba repleto de presuntos sino que acudía dopado a las campañas. Cifuentes que se presentó como denunciante del caso, pese a que este ya estaba siendo investigado en la Audiencia Nacional, proclamó que “el tiempo de los corruptos se ha terminado”. Su credibilidad también está en entredicho después de que la Guardia Civil haya pedido investigarla en otro sumario gemelo, el caso Púnica, por la adjudicación de un contrato en la Asamblea de Madrid a un viejo conocido del partido, el empresario Arturo Fernández. De momento, ni el juez ni los fiscales han pedido su imputación y ella repite que está limpia.
La Guardia Civil hurga también en el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón en la Comunidad y ha registrado una cita con quien fue uno de sus enemigos acérrimos en el partido, Ignacio González, en el despacho que este tiene en pleno centro de Madrid. Anticorrupción sospecha de un pacto de silencio y tiene subrayada en rojo una conversación de González con el exministro Eduardo Zaplana en la que el primero se jacta de haber tapado una supuesta corruptela del Gobierno de Gallardón en América, donde según González la Comunidad pagó 100 millones de euror por una filial del Canal “que no valía ni 30”.
Conspiraciones en la Justicia
Los miles de folios y las decenas de horas de grabaciones telefónicas y con micros del sumario Lezo no solo han enterrado lo que quedaba de aguirrismo, también destaparon las maniobras del Partido Popular en la Justicia. Antes incluso de que se levantara el secreto de sumario, afloraron conversaciones en las que Ignacio González, cabecilla de lo que el magistrado Eloy Velasco llama “organización criminal”, conspiraba con compañeros de partido y directivos de comunicación para que se nombrase como jefe de Anticorrupción a Manuel Moix, “un tipo cojonudo”, según sus propias palabras. La Unión Progresista de Fiscales desveló que había trasladado las sospechas de que Moix figuraba en las escuchas al Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, y que este pese a todo lo puso al frente de Anticorrupción. Moix estaba chamuscado por Lezo y su puntilla fue la noticia de que tenía participaciones en una sociedad familiar constituida en Panamá. Se fue semanas después de que el Congreso de los Diputados lo reprobase. Maza, en idéntica situación, sigue al frente de la Fiscalía General.
Un ministro en el alambre
En el teléfono de Ignacio González los investigadores también hallaron mensajes con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien horas después de ser confirmado en el puesto, deseaba al expresidente madriñeño “que se acaben los líos”. Catalá, quien dijo tener el apoyo y la comprensión del presidente, Mariano Rajoy, que también envío sms parecidos a Bárcenas, sabe desde entonces que la mayoría del Congreso exige su cese. Ha sido reprobado por la Cámara donde reside la soberanía nacional, pero tanto el ministro como el Gobierno y el propio Partido Popular, dan a entender que eso no tiene importancia.
El último cargo público reprobado esta semana ha sido el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, por recibir en su despacho a Pablo González, hermano de Ignacio, y según apunta el sumario, cerebro de una trama para sacar dinero público de la firma Mercasa a través de un fraude de facturas falsas y de la compra de funcionarios en terceros países.
Los casi dos años de seguimientos, escuchas y sobre todo los movimientos de dinero a paraísos fiscales apuntan también a las grandes constructoras de este país. La Guardia Civil inspeccionó ACS y mantiene que la empresa de Florentino Pérez pagó mordidas en los expedientes del campo de golf ilegal que el Gobierno de Aguirre levantó sobre terrenos del Canal de Isabel II. Y una de las cabezas visibles del Grupo OHL, Javier López Madrid, el compiyogui al que tuteaban los reyes de España para desearle suerte cuando afloraron sus primeros escándalos en la prensa, el yerno del empresario y exministro Juan Miguel Villar Mir, ha evitado la cárcel pagando una fianza de 100.000 euros. Está acusado de pagar una mordida a través de un banco suizo a Ignacio González a cambio de adjudicarle la obra del tren a Navalcarnero, un proyecto fallido que no se llegó a realizar. Los tres Porsches deportivos de López Madrid están incautados por el juzgado y crecen las sospechas de que el conglomerado empresarial de su familia era uno de los financiadores del PP.
Junto a él han caído media docena de pequeños empresarios que según desliza la instrucción han jugado un papel clave para camuflar la caja B del PP de Madrid y una serie de trabajos realizados para el partido que acaba pagando la Administración o sus subcontratas.
Periodistas y directivos de medios, en la picota
El collage sobre la corrupción en Madrid que constituyen las distintas patas del caso Lezo deja también mal parados a periodistas y directivos de medios de comunicación. Las grabaciones efectuadas por la Guardia Civil han permitido aflorar conversaciones en las que el director de La Razón, Francisco Marhuenda, y un alto directivo de Atresmedia, Mauricio Casals, hablan con uno de los principales imputados, Edmundo Rodríguez, consejero de ese grupo de comunicación y hombre fuerte del Canal en América, y maniobran para intentar que el Gobierno de Cifuentes deje de colaborar con la Justicia aportando documentación de la empresa pública. Casals y Marhuenda fueron imputados en un primer momento por coacciones -las charlas revelan insultos muy graves a la presidenta madrileña y a parte de su equipo- pero tras tomar declaración a Cifuentes y a su jefa de gabinete, Marisa González, decidió levantar la acusación, después de que ambas quitasen hierro a las llamadas que recibieron.
El sumario que ha levantado la última -al cierre de esta edición- tapa de las alcantarillas de la política madrileña sigue su curso, ahora con un nuevo instructor, el magistrado Manuel García Castellón, después de que Velasco haya sido ascendido a un tribunal de nueva creación y que ejercerá de segunda instancia para las sentecias dictadas por la Audiencia Nacional. Quienes conocen las tripas del caso sostienen que a Lezo le queda mucho recorrido todavía. De momento, todos los implicados son presuntos.
