Madrid regula por ley los derechos de los transexuales para su plena integración

El Pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado hoy con la abstención del PP una ley que busca “la plena integración social de las personas transexuales” y que, como novedad, garantiza la integridad corporal de los menores intersexuales hasta que éstos definan su identidad.

La ley de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación de la Comunidad de Madrid ha contado con los votos a favor de los grupos parlamentarios de la oposición (PSOE-M, Podemos y Ciudadanos), que elaboraron este texto como alternativa a la proposición del Gobierno regional sobre este asunto, que fue rechazada.

Es la primera ley que sale adelante en el Parlamento regional solamente con los votos a favor de los grupos de la oposición.

Con ella, Madrid se suma a otras comunidades autónomas que ya cuentan con una legislación sobre transexualidad, como Andalucía, País Vasco, Navarra, Extremadura y Canarias.

El texto contempla como sujetos de derecho a todas las personas residentes en la Comunidad de Madrid “sin contemplación de su nacionalidad”.

Entre las novedades de la ley, destaca la garantía de la integridad corporal de los menores intersexuales (con caracteres sexuales masculinos y femeninos) para evitar “que sean operados en su infancia para asimilarlos al patrón normativo de hombre o mujer sin saber cuál es la identidad de dicha persona”.

“Cualquier intervención quirúrgica que asimile al menor a una identidad puede ser una auténtica castración traumática”, dice el texto.

Además, establece la asistencia a los menores transexuales bajo el principio del “reconocimiento progresivo de su madurez”, en lugar de “fijar barreras de edad que no tienen en cuenta el desarrollo individual”.

La ley insta a la Comunidad de Madrid a proveer a todas las personas transexuales que lo soliciten “las acreditaciones acordes a su identidad de genero manifestada que sean necesarias para el acceso a sus servicios administrativos”.

Con esta identificación, en la que no prescindirán de su número de DNI, podrán reflejar un nombre alternativo que hayan elegido por razones de identidad de género con la intención de facilitar una “mejor integración y evitar situaciones de sufrimiento”.

Además, esta nueva acreditación obligará a actualizar los archivos, bases de datos y demás ficheros de las administraciones de la Comunidad de Madrid, “eliminando toda referencia a la identificación anterior de la persona”.

En materia sanitaria, la ley posibilita a las personas transexuales que puedan recibir su tratamiento o realizar las pruebas necesarias en cualquier centro sanitario antes de ser operadas para el cambio de sexo en el hospital de La Paz.

En educación, promueve la adopción de un protocolo de atención a la identidad de género que sirva de guía al personal docente.

Por otro lado, pretende impulsar un protocolo de atención a la identidad de género en las fuerzas de seguridad destinado a “paliar las consecuencias que sufren quienes son víctimas de los delitos de odio por razón de su identidad”.

Asimismo, la ley establece un catálogo de infracciones y sanciones que pueden suponer la inhabilitación para contratar o recibir ayudas de los fondos públicos de la Comunidad a quienes demuestren una conducta discriminatoria “especialmente grave o sea reincidente en las infracciones”.

La diputada del PSOE-M Carla Antonelli, que ha defendido el texto en el Pleno de la Asamblea, ha manifestado su “orgullo” respecto a una ley que asegura que es “la norma más avanzada de España en los derechos y defensa de las personas transexuales”.

Por su parte, la diputada de Podemos Beatriz Gimeno ha señalado que esta ley es una “victoria” que “no solo legitima y aprueba derechos, sino una determinada comprensión de la realidad opuesta a la tradicional”.

“Se está aceptando la revolucionaria idea de que las niñas pueden tener pene y los niños vagina”, ha añadido.

La diputada de Ciudadanos Eva Borox también ha expresado su euforia en la presentación del texto: “Vamos a empezar a poner en marcha un derecho, el derecho a ser”.

Desde el grupo parlamentario del PP, la diputada Ana Camins ha advertido de que la ley tiene “notables deficiencias jurídicas”, lo que motivó a su partido a presentar enmiendas que han sido rechazadas.

“Lamentamos que no haya salido por unanimidad por nula voluntad de los grupos proponentes de llegar a acuerdos con el PP”, ha apuntado.

En un comunicado, la Fundación Triángulo ha celebrado la aprobación de esta ley como uno de los mayores logros en favor de la identidad de género y un avance a nivel regional, nacional e incluso internacional.