Mayor Oreja defiende la compra de Inassa y dice que Gallardón conocía la operación
Carlos Mayor Oreja, exconsejero madrileño de Justicia y expresidente del Canal de Isabel II en época de Alberto Ruiz Gallardón, ha asegurado este martes en la Audiencia Nacional que la compra de Inassa fue beneficiosa, legal y se hizo siempre con el conocimiento del entonces presidente regional. Ha negado haber cobrado comisiones por esa operación y ha dicho desconocer si alguien las cobró.
En su declaración como imputado ante Manuel García Castellón, juez del caso Lezo, Mayor Oreja ha respondido sobre la compra de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal en 2001. Ha dicho que recuerda pocos detalles de esa operación y se ha remitido constantemente al sumario del caso, según han explicado fuentes jurídicas.
Mayor Oreja ha relatado que la compra se votó a pesar de que ese día estaba fuera del orden del día del Consejo de Gobierno, aunque a nadie le llamó la atención. Ha explicado que no se adentraron en los pormenores de la operación porque tenían una confianza plena en los técnicos de la Comunidad de Madrid y del Canal. Gallardón, ha asegurado, era conocedor de la operación. Estaba informado de todo lo que ocurría.
Ha insistido, como ya hizo durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid, en que la compra fue legal y beneficiosa para el Canal. Según ha dicho, Inassa fue un negocio rentable que funcionó perfectamente como empresa. Ha remarcado que él no percibió ninguna comisión por la compra y ha dicho desconocer si otros las cobraron.
Ha negado también que Colombia fuese un país que presentase riesgos para la inversión. Según ha detallado, cuando se produjo la compra España ya era el según país extranjero por volumen de inversiones en Colombia, después de EEUU. Buena parte de las empresas del Ibex35 ya hacían negocios en ese país, ha añadido.
Negocios en latinoamérica para modernizar el Canal
Mayor Oreja también ha dedicado parte de su declaración a justificar la expansión del Canal por latinoamérica, que más tarde se convirtió en foco de problemas para la empresa pública de aguas. Según su versión, esa expansión estaba permitida por la normativa que regula el Canal y se planeó ya en época de la presidencia de Joaquín Leguina.
Cuando él llegó al Canal ya existían negocios con Agbar a través de una sociedad llamada Hidroser, aunque no se había iniciado la expansión a latinoamérica, donde Agbar sí tenía ya varios negocios. Lo que él hizo fue, ha relatado, encargar un informe a PWC que contenía un plan estratégico sobre la expansión en el extranjero. Ese informe dice, buscaba rejuvenecer y modernizar el Canal.
En este rama del caso Lezo ya han declarado todos los integrantes del Consejo de Administración del Canal de Isabel II, entre ellos Juan Bravo, consejero de Economía en la etapa de Gallardón al frente de la Comunidad de Madrid. Para mañana está citado Manuel Cobo y el jueves declarará como imputado el propio Gallardón.
Bravo firmó junto a Gallardón la creación de una empresa que sirvió de vehículo para comprar Inassa en 2001. Pero el proceso se desarrolló de manera distinta a la reflejada en los documentos que aprobó el Gobierno, y según explica Anticorrupción, en la compra se incluyó, además de Inassa, una sociedad dominicana llamada Watco. Las dos compañías se adquirieron a través de una sociedad pantalla con sede en un paraíso fiscal. En precio total fue de 73 millones de dólares.
