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Qué fue de los ministros de Rajoy: entre la bancada del PP y el sector privado

Los ministros del último gabinete de Mariano Rajoy, en su nombramiento, junto a Felipe VI.

Elena Herrera

La moción de censura que el pasado junio desalojó a Mariano Rajoy de la Presidencia del Gobierno también despojó de sus carteras a los ministros que lo acompañaban en su último gabinete. La mayoría (diez de un total de 13) tenían escaño en el Congreso, donde permanecen todos salvo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y la extitular de Defensa, María Dolores de Cospedal. También dejó su acta de diputado el propio Rajoy, que regresó a una plaza de registrador de la propiedad que había mantenido 28 años en “servicios especiales”.

Algunos de los que siguen en la Cámara lo hacen compatibilizando esos puestos con cargos de responsabilidad en el Partido Popular e incluso en el sector privado, donde también han recalado otros que no tenían el sustento parlamentario. Ninguno ha terminado, al menos por el momento, en grandes empresas cotizadas, una circunstancia que sí se dio entre ex miembros de los gabinetes de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Además, Pablo Casado incluyó en su dirección a seis exministros de Rajoy: Isabel García Tejerina (Agricultura), Dolors Montserrat (Sanidad), Juan Ignacio Zoido y Jorge Fernández Díaz (Interior), Rafael Catalá (Justicia) y José Manuel García Margallo (Exteriores). 

Compatibilizando escaño y actividad privada se encuentra el exministro de Justicia Rafael Catalá, que a finales del pasado noviembre obtuvo luz verde de la Oficina de Conflictos de Intereses para incorporarse a los patronatos de las fundaciones del Atlético de Madrid y de la compañía de abogados Legálitas. También recibió autorización para darse de alta en el Colegio de Abogados de Madrid y para ejercer como senior advisor en el despacho Herbert Smith Freehills. Todos esos cargoslos compagina con su puesto de diputado en el Congreso, donde preside la Comisión de Interior, lo que también le reporta unos ingresos mensuales extra de casi 1.500 euros que se suman a su sueldo base como parlamentario.

Otros dos exministros de Rajoy también han obtenido de manera reciente el visto bueno del supervisor para iniciar una actividad privada: Román Escolano (Economía) e Iñigo de la Serna (Fomento). Esta autorización es preceptiva para quienes han ocupado un alto cargo en los dos últimos años y la otorga la citada Oficina de Conflictos de Intereses, que depende del Ministerio de Hacienda. Ninguno de estos dos exmiembros del gabinete popular tenían acta de diputado.

Escolano, que apenas estuvo tres meses en el cargo tras sustituir a Luis de Guindos cuando éste se marchó a ocupar la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE), recibió en agosto el permiso para incorporarse al Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), un centro académico que es propiedad de la Asociación Española de la Banca (AEB), la patronal de las entidades financieras. Poco después, en octubre, fichó como asesor externo de la consultora Ernst & Young.

También buscó acomodo en el sector privado Iñigo de la Serna, que anunció que dejaba la política, tras casi dos décadas, al triunfar la moción de censura de Pedro Sánchez. En septiembre fichó por Seeliger & Conde (S&C), la misma multinacional dedicada a la caza de talentos que acogió a Esperanza Aguirre cuando abandonó la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2013. Además, De la Serna recibió en octubre la autorización para fichar por la tecnológica NEC, donde trabaja en la implantación de las smart cities; y para ser nombrado asesor externo de un comité del Banco Interamericano de Desarrollo.

El tercer y último ministro del gobierno conservador que no contaba con el respaldo de la nómina parlamentaria es el extitular de Exteriores, Alfonso Dastis. No obstante, el que fuera máximo responsable de la diplomacia española durante poco más de año y medio en sustitución de José Manuel García-Margallo, sigue a sueldo de la Administración, pues es diplomático de carrera y estaba “pendiente de destino” desde que fue relevado por Josep Borrell tras la moción de censura. Finalmente, el pasado septiembre fue nombrado embajador en Italia, uno de los destinos más apreciados de la carrera diplomática.

Santamaría y Cospedal, fuera de la política

Aunque en diferentes circunstancias, dos pesos pesados del gobierno de Mariano Rajoy que sí tenían escaño lo han abandonado en los últimos meses y ahora están fuera de la política activa. Es el caso de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que anunció que dejaba su acta el pasado 10 de septiembre al no verse integrada con la representación que ella consideraba justa en la cúpula del PP tras perder el XIX Congreso del partido. Un mes y una semana después, el 18 de octubre, trascendía que Pedro Sánchez le había ofrecido ser nombrada consejera electiva del Consejo de Estado y que ésta había aceptado. Allí está desde entonces. El puesto de Santamaría en el Consejo de Estado es un reconocimiento sin sueldo, pero con dietas y escasas responsabilidades como consejera electiva.

María Dolores de Cospedal, que también optó sin éxito a la sucesión de Rajoy, se vio obligada a dejar su acta tras hacerse públicas grabaciones de sus reuniones con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, hoy en prisión provisional por graves delitos. El pasado diciembre obtuvo la compatibilidad para fichar por el despacho Hogan Lowells, pero el escándalo de sus encuentros con el policía frustró la operación y todo apunta ahora a que recuperará su puesto de funcionaria. Como Sáenz de Santamaría, Cospedal es abogada del Estado.

Sí mantienen su actividad en el Congreso los exministros Fátima Báñez (Empleo), Isabel García Tejerina (Agricultura), Iñigo Méndez de Vigo (Educación), Cristóbal Montoro (Hacienda), Dolors Montserrat (Sanidad), Álvaro Nadal (Energía) y Juan Ignacio Zoido (Interior). A sueldo de la Cámara Baja siguen estando también otros políticos que acompañaron a Rajoy en su paso por La Moncloa, aunque no en la última etapa. Es el caso de Ana Pastor, que fue titular de Fomento hasta 2016 y que pasó a presidir la Cámara tras las elecciones generales de junio de ese año; y de Jorge Fernández Díaz, que fue ministro del Interior hasta esa misma fecha y que desde entonces mantiene su escaño por Barcelona.

Primera legislatura

En las instituciones europeas recalaron otros dos exministros de la primera legislatura de Rajoy. Miguel Arias Cañete, que ocupó la cartera de Agricultura entre 2011 y 2014, es desde 2014 comisario de Acción por el Clima y Energía; y Ana Mato, que fue titular de Sanidad también hasta 2014, es asistente del PP en el Parlamento Europeo. Por su parte, Alfonso Alonso, que sustituyó a Mato en esa cartera, es presidente de los populares vascos y diputado en el Parlamento regional de esa comunidad.

La moción de censura tuvo repercusión para otros exmiembros del primer gabinete de Rajoy. Con la llegada a La Moncloa de los socialistas, el que fuera ministro de Educación José Ignacio Wert perdió su puesto de representante permanente de España en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con sede en París. También fue destituido como embajador en Londres el extitular de Defensa entre 2011 y 2015, Pedro Morenés, que el pasado noviembre obtuvo la autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses para ejercer como “asesor jurídico por cuenta propia”.

También ejerce la abogacía Alberto Ruiz Gallardón, que dimitió como ministro de Justicia en septiembre de 2014 tras el fracaso de la reforma de la ley del aborto del impulsó desde su departamento. En 2015 recibió el visto bueno del supervisor para incorporarse a la consultora Thinking Heads Group y ser profesor ayudante en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), un centro privado.

Otro exministro que ha buscado un hueco en el sector privado es José Manuel Soria (Industria). Tras su fallido nombramiento en el Banco Mundial apenas unos meses después de su dimisión por el escándalo de los papeles de Panamá, se ha centrado en el ámbito de la empresa. Ahora representa a un gran concesionario de Volkswagen con sede en Canarias que pretende vender vehículos en Cuba. Fue uno de los participantes en el Foro Empresarial organizado con motivo de la reciente visita de Pedro Sánchez a La Habana.

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