Operación Enredadera: el juez busca pliegos de contratación a medida, regalos a funcionarios y mordidas
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, responsable de la Operación Enredadera, busca pliegos de contratación elaborados por los investigados, así como mordidas en forma de transferencias y regalos que habrían recibido los funcionarios implicados, a cambio de adjudicaciones y contratos menores, tal y como relata el auto de entrada y registro, de 86 páginas, fechado el 2 de julio al que ha tenido acceso eldiario.es.
La operación se ha saldado hasta el momento con 39 detenidos, entre los que figuran alcaldes, concejales, técnicos municipales, y responsables de Policía Municipal, además de 92 órdenes de entrada y registro y requerimiento de documentación.
En el epicentro de la trama se encuentra el magnate de los medios de comunicación en Castilla y León José Luis Ulibarri, acusado también en una de las piezas de la trama Gürtel y por la que se enfrenta a una petición de 7 años de prisión.
La Policía Judicial registró dos viviendas particulares de Ulibarri, una en la urbanización 'El Coto' de Simancas (Valladolid), donde se procedió a su detención, y un piso en Madrid. También se registró la vivienda de su socio, Miguel Hernán Manovel, en el barrio de Parquesol, Valladolid. En cuanto a sus empresas, la Policía entró en las sedes de Utebo Servicios de Gestión SL, Anento Servicios de Gestión SL, Enatar SA, Arcor SL y Aralia Servicios Sociosanitarios SA, en el número 95 de la calle Ayala de Madrid, aunque se limitaron a los despachos profesionales de ambos y de un tercer trabajador.
El objetivo era recabar “indicios que pudieran corroborar las conductas ilícitas entresacadas de las conversaciones telefónicas interceptadas a los investigados y a los fines del esclarecimiento de los hechos investigados y las personas presuntamente responsables de estas conductas e integrantes o colaboradoras con la trama corrupta y grupo criminal”. Además, se registraron los despachos profesionales de Ulibarri y Manovel en la sede de sus sociedades en Valladolid, en el barrio de Huerta del Rey.
La documentación que se está buscando comprende desde el año 2010 hasta la actualidad: pliegos de cláusulas administrativas o técnicas “elaborados por los sujetos investigados para ser utilizados por los distintos poderes adjudicadores para regir los procedimientos de contratación de los que las sociedades investigadas acababan resultando adjudicatarias”, anotaciones contables o documentación bancaria relativa a transferencias, pagos o regalos hechos a responsables municipales o técnicos, relación de procedimientos de contratación en los que ha participado Gespol y el resto de sociedades investigadas relacionadas con el control del tráfico en sentido amplio.
Según el auto, otro de los objetivos es la acreditación de haber realizado trabajos sin cobertura contractual para “introducirse en distintos ayuntamientos (a los que sigue después la formalización a través de un procedimiento fraudulento de licitación)”. También se han buscado documentos sobre la celebración de ferias y congresos sobre pacificación de tráfico o gestión de las policías locales que pudieran estar ocultando pagos a distintos funcionarios municipales por su intermediación en los procesos de contratación.
Además, se ha buscado documentación sobre el sello Fesvial, de la Fundación para la Seguridad Vial, y “su utilización para generar una ventaja competitiva sobre el resto de licitadores, forzando su introducción como criterio de solvencia o mejora en los pliegos”. Se ha rastreado la correspondencia electrónica o postal de los responsables de Gespol (filial de Sacyr que vende software de geolocalización, sistemas de vigilancia y gestión de multas, entre otros) y el resto de sociedades investigadas que mantuvieron interlocución en distintos entes municipales y documentación relacionada con cualquier otro fraude a la administración pública sobre la contratación de servicios de tráfico, gestión de policías y otros servicios o suministros a entes públicos.
Dos piezas separadas en León
Los resultados obtenidos hasta el momento motivaron la apertura de otras dos piezas separadas y secretas en León. En concreto, el Juzgado de Primera instancia e Instrucción 2 de Astorga está investigando delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, violación de secretos por funcionarios, malversación de caudales públicos, falsedad de documentos públicos, fraude a la administración pública e inducción para cometer los anteriores delitos.
Este miércoles han pasado a disposición judicial cinco personas que han quedado en libertad en calidad de imputados con la obligación de comparecer ante la Justicia cuando sean citados. Se trata del alcalde de Astorga, Arsenio García (PP); el alcalde de Villarejo, Joaquín Llamas (PSOE); y los concejales de Astorga Pablo Peyuca (PAL), Javier Guzmán (PP) y Manuel Ortiz (PP).
Además, el Juzgado de Instrucción 1 de León está investigando otra pieza separada también declarada secreta sobre la que no se ha facilitado información. Durante la jornada del martes, la Policía registró el Ayuntamiento de León. Su alcalde, Antonio Silván, íntimo amigo de Ulibarri, declaró estar muy tranquilo. La intervención policial se produjo mientras Silván acompañaba a Soraya Sáenz de Santamaría en su visita a la ciudad como candidata a la presidencia del PP.
Ocho comunidades afectadas
Lo que buscaron los agentes fueron archivos de cualquier tipo sobre contratación de radares, semáforos, cámaras de seguridad, sistemas de radiocomunicación, alumbrado público, gestión tributaria y de sanciones, y expedientes de aprobación de gastos, autorizaciones de pagos, y registros de facturas. También expedientes de contratación desde 2010 hasta ahora con Aplicaciones Gespol, Bilbomática, Valoriza Servicios Medio Ambientales, Grupo Agema, Ingeniería y Servicios, Arco Capital Fund, Anento Servicios de Gestión, Enantar, Arcor, Aralia Servicios Sociosanitarios, Vehículos Equipamientos y Carrocerías Prieto Puga, e Integración de Servicios Administrativos, así como pagos y documentación relacionada con estas mercantiles. Esta búsqueda se ha llevado a cabo en ayuntamientos de otras comunidades como Aragón, Galicia, Asturias, Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha, Extremadura o Andalucía.
A última hora de la noche del miércoles, cinco detenidos, entre los que se encuentra José Luis Ulibarri, estaban a a disposición del juez de Badalona, si bien hasta el momento no ha trascendido en qué situación judicial quedan.
