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La empresa que reformó en negro la sede del PP cobró 4,4 millones de la Junta de Castilla y León por poner mamparas y carteles en el 'Perla Negra'

Edificio de la Junta de Castilla y León, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), sede de las empresas públicas.

Laura Cornejo

Unifica Servicios Integrales, el estudio que reformó con dinero negro la sede del Partido Popular en la calle Génova, es incapaz de explicar cómo la Junta de Castilla y León le adjudicó a dedo un contrato de 4,4 millones de euros. La Fiscalía de Valladolid, que investiga el sobrecoste del Edificio de Soluciones Integrales de la Consejería de Economía, conocido como 'Perla Negra', requirió que se le enviase toda la documentación referida a su trabajo en el inmueble. En los papeles remitidos no figura el contrato, o la invitación a participar en un concurso restringido, o la adjudicación directa. Unifica se limita a enviar planos y el estado de cuentas año a año de la empresa, que verifica que cobró esos 4,4 millones de euros de la Junta.

Lo que sí precisa Unifica a la Fiscalía con la remisión de los documentos, es que en ningún momento se encargó de suministrar el mobiliario para el edificio, sino que realizó un “trabajo de implantación de divisiones funcionales, carpintería a medida, cerrajería y vidrio”, además de trabajos de señalética exterior e interior (carteles) y vinilos. También se encargó de  redactar documentación para el concurso de suministro de mobiliario. Nada se sabe ese concurso. En la documentación remitida hasta el momento por la Junta de Castilla y León no se aporta nada acerca de los muebles que  se compraron para un edificio de más de 17.000 metros cuadrados en el que se agrupan las empresas públicas de Economía.

Así, se concluye que Unifica cobró esos 4,4 millones de euros por instalar mamparas, puertas y cartelería en un edificio por el que, tal y como demuestran las certificaciones finales, se habían pagado ya 70.52.664,50 euros. La Junta de Castilla y León, que reconoce que los trabajos de Unifica se encargaron “de manera irregular”, insiste en que realizó un contrato de compra de 52 millones.

Los emails, “mejor no tocarlo” 

Unifica también aporta un intenso intercambio de correos electrónicos con el coordinador de servicios de Economía. Arrancan en febrero de 2008 si bien, tal y como publicó eldiario.es la relación comenzó mucho antes, al menos en julio de 2007, que es cuando presentó el borrador “para la instalación de divisiones funcionales y de señalética” y acaban en octubre.

En 2008, Belén García, la socia de Gonzalo Urquijo en Unifica, intercambió un total de 51 emails con el coordinador de servicios de la Consejería de Economía, Tomás Machota. La mayoría de ellos hacen referencia a la distribución de espacios y a los tipos de mampara que se van a instalar. En el año 2009 los emails (87) arrancan en junio, si bien en ese año Unifica cobró de Gesturcal (la sociedad de gestión de suelo de la Junta) un total de 3.916.174,67 euros, y la primera de esas facturas, de 19.186,40 euros, IVA incluido, se había remitido el 2 de enero. A pesar de la insistencia de Unifica en que no suministró mobiliario alguno, el 23 de septiembre intercambia varios correos con uno de los responsables de la empresa pública ADE (Agencia de Desarrollo Económico) en el que este se queja de los mostradores de recepción que se han instalado en algunas zonas, porque la superficie de trabajo es de 20 centímetros y dificulta la firma de documentos. Pero uno de los más curiosos es el que envía Machota a Unifica el 8 de junio de 2009.

De su contenido se deduce que Machota está coordinando un documento para justificar la necesidad del edificio Perla Negra. Sobre el valor del edificio, ahora investigado por su sobrecoste, decía: “Valor del edificio, vale, pero poquito y sin grandes pretensiones, pues ya está muy vendido”. El edificio está en un páramo de Arroyo de la Encomienda, una localidad a escasos kilómetros de Valladolid. Sobre eso, Machota, indicaba: “Beneficio de la zona de destino, mejor no tocarlo pues aunque es indudable que habrá y mucho, no es vendible al ser otro municipio y ... otras cosas”. En cuanto a los beneficios para los empleados, señalaba: “imaginación al poder, desarrollar lo más posible”. 

En 2010 se intercambian tres emails. En uno de ellos, Unifica, remite para solucionar un problema con un cartel, a otra empresa, Acuerda, que no aparece como receptora de pagos y que es propiedad de Ángel Urquijo Fernández de Córdoba, hermano del otro socio de Unifica. En 2011 hay dos emails relativos a un certificado que Unifica pide a Gesturcal para poder participar en otro concurso. En ese certificado, Gesturcal asegura que el estudio ha realizado en 2009 varios trabajos de asistencia técnica para la rehabilitación e implantación de las oficinas del edificio de Soluciones Integrales por valor de 334.581,20 euros, una cifra muy alejada de los 3,9 millones que recibió en ese ejercicio, según reflejan las anotaciones del libro mayor de Unifica, también remitidas a Fiscalía.

Queda por recibir un extenso informe policial que podría reflejar a donde fueron a parar realmente esos 4,4 millones, ya que en septiembre, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal comunicó al juez que “a través de la información fiscal y bancaria de algunos de los investigados, se han podido advertir pagos realizados por la empresa Unifica Servicios Integrales S.L en los años 2009 y 2010 a las empresas Abascal Consultores SL, Monari Consultores SL y Parqueolid Promociones S.A”. Sociedades que corresponden a la constructora, y a socios de la misma que efectuaron transacciones económicas con el entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, investigado en la causa.

Las declaraciones judiciales se retomaron el lunes, con la testifical de los dos tasadores de Alia y Tinsa que, tal y como adelantó este diario, habían estimado que el valor de compra del edificio estaba entre los 39 y 41 millones de euros. Ambos se ratificaron en sus informes, que dejan al descubierto la presunta malversación que investiga el juzgado. Estas tasaciones se encargaron después de que el actual delegado territorial de la Junta, Pablo Trillo, que entonces formaba parte del consejo de Gesturcal, informase al presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, de que los precios que se manejaban tanto para la compra como para el alquiler del 'Perla Negra' eran disparatados. A pesar de que su percepción se confirmo con estas tasaciones posteriores, nunca se presentaron al consejo de Gesturcal, que sin embargo, accedió a otras posteriores que estimaban precios más elevados.

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