El Pazo de Meirás regresa en campaña electoral con el juicio por su propiedad

El Pazo de Meirás regresa nuevamente este año a la campaña electoral gallega y, si en la anterior el protagonismo lo tuvo una demanda de la familia Franco por supuesta vulneración del derecho al honor y a la propia imagen en un programa de televisión, esta vez el juicio por su propiedad copará los titulares en la última semana de los comicios del 12J.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña acogerá desde el próximo 6 de julio y durante toda la semana el juicio sobre la propiedad de la residencia de verano del dictador Francisco Franco, ubicada en la localidad coruñesa de Sada y que ha sido objeto de multitud de reclamaciones desde Galicia para que sea integrada en los bienes del Estado.

La Abogacía del Estado presentó hace casi un año una demanda contra los herederos de Franco por la propiedad del pazo, en la que sostiene que la compra del este inmueble por parte del dictador en 1941 fue “simulada” y “fraudulenta”.

Desde el lunes anterior a las elecciones, Abogacía del Estado y los letrados de la familia Franco se enfrentarán en sede judicial con sus respectivos alegatos para defender sus posiciones, que en el caso de los herederos se fundamentan en que han poseído como dueños “hasta hoy”, de “buena fe” y “con justo título” el inmueble en el que no se han hecho inversiones a costa del erario público.

El pasado 31 de enero se celebró la audiencia previa al juicio, en el que fueron desestimadas las alegaciones complementarias de los abogados de la familia Franco sobre la propiedad del pazo y la primera de la Abogacía del Estado relativa a demostrar que otras administraciones, aparte del Ayuntamiento de A Coruña, aportaron dinero al mantenimiento del inmueble por no ser “complementaria” y porque tenía que haberse presentando en la demanda.

Los títulos de la propiedad, la existencia de usucapión y su duración aplicable a este caso de 10 o 30 años, las fincas colindantes al pazo, los recibos abonados en su mantenimiento y los gastos relativos a la explotación agropecuaria, así como las inversiones en el inmueble, fueron los puntos en los que se centraron dichas alegaciones.

Los Franco niegan que la compra de Meirás fuera “simulada y fraudulenta”, como sostiene la Abogacía del Estado que dice que el título de 1941 se hizo para “subsanar una situación anterior” de 1938 con un “pago ficticio”.

Argumenta la demandante que un acta notarial de 1938 desconocida hasta ahora confirma que la propiedad ya era residencia de verano del entonces jefe del Estado, y detalla que la compra se realizó el 3 de agosto de ese año por la “Junta pro Pazo del Caudillo” por unas 400.000 pesetas a los herederos de Emilia Pardo Bazán.

Se trata de una escritura anterior a la que tres años después, en 1941 y acabada la guerra, firmó Franco por un supuesto precio de 85.000 pesetas, una segunda compraventa que, según la Abogacía del Estado, fue ficticia y permitió al dictador la inscripción del inmueble a su nombre en el Registro de la Propiedad.

Los Franco responden que la escritura de 1941 por la que Franco compra el inmueble a la familia Pardo Bazán es “absolutamente válida” y “en ningún caso simulada”, porque “quien vendió en 1941 sí podía hacerlo” mientras que en 1938 todavía no al no haberse tramitado el título sucesorio.

Además, el letrado de los nietos asegura que “los herederos han poseído como dueños el pazo” y “lo han hecho ”hasta hoy“, y rechaza que el inmueble fuera un bien de dominio público, como alega la Abogacía del Estado que dice que es ”imprescriptible“.

En este sentido, insiste el abogado de los Franco en la figura jurídica de la usucapión, por la que se reconoce la posesión del bien de forma pública e ininterrumpida durante un tiempo, con justo título y de buena fe.

“Son poseedores de mala fe del pazo”, insistió el abogado del Estado durante la vista.

Además, la defensa de los nietos de Franco asegura que este pagaba los impuestos correspondientes y que se imputaba los gastos, ingresos y rendimientos en su cuota tributaria, mientras que la Abogacía del Estado sostiene que los impuestos se pagaban con dinero público mediante aportaciones de ayuntamientos como Ferrol.

La Xunta y los Ayuntamientos de Sada y A Coruña, personadas en la causa, se adhirieron a las alegaciones de la Abogacía del Estado para reclamar que sea patrimonio público.

Varios testigos comparecerán asimismo para ofrecer sus argumentos, algunos históricos, y previsiblemente el jueves de esa semana, o a más tardar el viernes, dos días antes de las elecciones autonómicas, habrá escrito de conclusiones sobre la tan reñida propiedad del Pazo de Meirás.

Elizabeth López