La ley electoral impone a las campañas actuales normas de la Transición

El 20 de junio de 1985 el Boletín Oficial del Estado publicó la norma que regula todo aquello que afecta a los procesos electorales en España: la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). Aquel año aún no existían las cadenas de televisión privadas. Mucho menos internet y las redes sociales. La democracia española apenas contaba con siete años y la sociedad poco tenía que ver con la actual. Desde entonces, la norma ha sufrido más de una veintena de reformas, pero todas de aspecto técnico, que no han permitido ajustar las campañas y los requisitos a los tiempos que corren. Porque, ¿tiene sentido prohibir pedir el voto hasta el inicio formal de la campaña cuando el enfrentamiento político es constante? ¿O impedir que se publiquen encuestas la semana antes, cuando pueden consultarse en el extranjero, filtrarse a través de Whatsapp o difundirse por Twitter? ¿O mantener la jornada de reflexión, con el bombardeo de información constante?

“El anacronismo es casi lógico, porque la LOREG del 85 es un desarrollo del decreto ley de 1977 y tiene ahí sus núcleos de anclaje, por lo que la diferencia temporal es mucho mayor”, explica el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Miguel Presno Linera. Una diferencia de 42 años respecto a aquel decreto que desdibuja unos límites, entonces, muy marcados. “La campaña electoral, tal y como se concibe en 1985, se limitaba sobre todo a pegar carteles y hacer mítines. Era mucho más física. Ahora son mucho más cibernéticas y están más mediatizadas. No hay un momento en que los partidos activen toda su maquinaria porque la tienen siempre en funcionamiento”, explica el doctor en Filosofía y profesor de la Universidad de Navarra Jorge Urdanoz.

“El propio concepto de campaña electoral no tiene sentido, porque vivimos en una campaña electoral continua, que se acentúa según van llegando las elecciones”, indica. “Antes la campaña duraba 21 días, luego pasó a 15 y ahora no tiene sentido”, defiende la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid Paloma Román, porque “las fronteras de la información no existen”. “¿Qué es campaña? ¿Qué no? ¿Qué está dentro de lo que la ley permite? No tiene sentido que digas que hoy puedo hablar y mañana, no”, justifica. Precisamente, una de las normas que establece la LOREG es que no se pueda pedir el voto hasta que comience, legalmente, la campaña electoral. “Es una prohibición real, pero de dudosa eficacia”, indica Presno Linera, para quien “es absurdo, porque de una forma u otra estás pidiendo que te voten”. La catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Ana María Carmona se pregunta si “en todas las iniciativas que están llevando a cabo los partidos no están ya pidiendo el voto”. “Es todo muy ingenuo”, se responde.

Impedir que gasten más dinero

La catedrática de Derecho Constitucional y exmiembro de la Junta Electoral Central (JEC) Paloma Bligino explica que las restricciones de la campaña electoral responden a cuestiones estrictamente económicas. “Nadie puede impedir que, fuera de campaña, los partidos políticos hagan uso de su libertad de expresión. Ya hay, antes de la campaña, debates electorales en la opinión pública, en los medios, entrevistas... Lo que se intenta impedir es que haya campañas económicas donde se pide el voto a los ciudadanos, pero nadie puede evitar que alguien en una reunión pública considere que lo mejor para este país es una fuerza política”, explica la experta. En 2011, la JEC publicó una instrucción en la que definía qué y qué no podían hacer los partidos en precampaña. “Lo que venía a decir es que si algo no cuesta dinero, adelante”, resume.

Por ejemplo, la lona de Ciudadanos que la JEC ordenó retirar la semana pasada, en la que se leía “Pedro, nosotros vamos a cambiar España”, supone una vulneración de la normativa electoral porque la contratación del espacio cuesta dinero. “Si eso se pone en la web del partido, se manda por sms o en las redes sociales, no pasa nada”, explica. “Si se intenta controlar eso es para no extender demasiado la campaña electoral y que no se incrementen los gastos de los partidos que, en su mayor parte, se financian con dinero público”.

Para Carmona, las restricciones de la LOREG, como la de prohibir sondeos la semana antes de los comicios, se deben observar desde “una perspectiva histórica en un contexto donde había menos cultura democrática, la gente era más influenciable y el tema de las encuestas no estaba tan desarrollado”. Ahora, con la circulación de información y las redes sociales, “todo ha cambiado tan radicalmente que no sé si tiene sentido mantenerlo”, continúa. “Es una norma que ha quedado obsoleta por el desarrollo tecnológico. Tampoco tendría mucho sentido, porque hay muchos países que permiten encuestas y no hay nada que diga que afecten”, apostilla Urdanoz. “Si no influyen, da igual que se publiquen y si influyen, con más motivo para que se difundan”, defiende Presno, que, además advierte de que “la ley prohíbe difundirlas, pero no hacerlas. Por lo tanto, un partido político puede estar haciendo encuestas con el dinero de todos, para orientar su mensaje. Si es así, yo quiero saberlo”.

Además, la ley española solo aplica en España, por lo que cualquier medio o empresa podría publicar encuestas realizadas en España desde el extranjero. Un ejemplo es Electograph, una web que realiza encuestas electorales y que en su cuenta de Twitter se describe como la creadora de “la frutería de Andorra en 2015”. ¿Por qué? En las elecciones de aquel año se dedicaron a publicar encuestas sobre el precio del litro del agua (una gota azul), el kilo de fresas (rojas), berenjenas (moradas), naranjas... dando poco lugar a dudas sobre lo que querían expresar realmente.

La jornada de reflexión es otro anacronismo que señalan los expertos porque, como indica Román, “vivimos sujetos a la información constante y no se pueden establecer fronteras a que hoy hable y mañana me calle” porque “recibimos información por miles de canales. En esas 24 horas, ¿qué haces? ¿te quedas en blanco? ¿mindfulness?”. “Se supone que la gente tiene madurez suficiente como para saber si en el último momento quiere cambiar su voto”, apunta Presno, que considera también que “si pasa algo en la jornada de reflexión, es importante saber qué piensan los partidos”. Además, pone de manifiesto otra contradicción: “No puedes pedir el voto, pero los carteles están en la calle”. “Y luego está el tema de las redes sociales, donde electores, simpatizantes y militantes sí pueden hacer campaña ese día”, añade. Carmona se pronuncia en la misma línea, aclarando que “no hay un espacio neutro para la reflexión” por lo que “si no hay un apagón informativo, nadie reflexiona”.

En 2015 se pidió desconectar a Canarias

En 2015, Coalición Canaria llegó a solicitar a JEC que ordenara la desconexión de la programación nacional destinada al archipiélago cuando comenzaran a publicarse encuestas a pie de urna para que la información de la península no influyese en el voto. Una petición que la JEC desestimó al considerar que era suficiente la restricción de avanzar resultados antes de las 21 hora peninsular. Tampoco parece tener mucho sentido: se puede desconectar la televisión, pero no internet o los servicios de mensajería instantánea como Whatsapp. “Todas esas cautelas de la LOREG vienen de pensar que la campaña es muy influyente, que lo era en 1985. Ahora hay una cascada de mensajería que te puede llegar por correo ordinario, electrónico, Whatsapp, por el vecino en el ascensor o por un tío que tienes en Australia. Es como poner puertas al campo”, incide Román.

Por su parte, Bligino sí cree que la publicación de encuestas o la supresión de la jornada de reflexión puede “influir en el sentido del voto de los ciudadanos y crear presiones indirectas”, aunque admite que “son cosas que hay que discutir, sin dar por sentado que nuestra regulación ya no vale”. “No creo que porque en otros Estados no ocurra, tengamos que quitarlo nosotros. Yo intentaría huir de la excesiva influencia que puedan tener otros modelos o intereses económicos por parte de quienes se dedican a hacer sondeos”, añade.

Presno Linera denuncia otro anacronismo: “Que no puedan votar los extranjeros”. En este caso, el desfase tiene que ver también con la Constitución. Porque la Carta Magna solo permite votar en España a los inmigrantes de países que hayan firmado un acuerdo bilateral de reciprocidad. Son 12 más los de la Unión Europea. El PSOE es partidario de acabar con esa reciprocidad y Podemos pidió en enero que se permitiese votar a todos los inmigrantes empadronados. En todo caso, solo pueden votar en las municipales. “Si mi vecino vive aquí, paga tributos aquí y cumple con la ley, tiene que poder votar aquí”, reclama el experto. “En 1985 estábamos en una sociedad y con una clase política que entendía que los extranjeros no debían participar porque había una idea muy nacional de que un ciudadano solo podía ser español. Según hay más movilidad geográfica y la presencia de extranjeros es muchísimo mayor, deberían participar”, explica.