Sánchez abre una brecha con las autonomías por la paralización de la economía y acusa a sus líderes de recortar en Sanidad

Si hace dos meses alguien le hubiera dicho a Pedro Sánchez que su principal apoyo entre los presidentes autonómicos iba a ser Quim Torra, no lo hubiera creído. Está sucediendo. La tercera videoconferencia del presidente del Gobierno con los responsables políticos regionales dejó constancia de ello este domingo. Torra, al lado. El lehendakari Urkullu, enfrente. Y eso que la tensión acumulada durante la reunión, en la que se anunció la paralización de los sectores no esenciales de la economía, provocó que el presidente del Gobierno interrumpiera de forma abrupta y hasta dejara con la palabra en la boca al president de la Generalitat.

Distintos líderes autonómicos acusan al Gobierno de haber quebrado los puentes de consenso que estaban en pie, pese a las diferencias de criterio sobre cómo abordar la crisis.

A la retahíla de reproches de las autonomías por la impuesta “hibernación” de la economía, Sánchez respondió cargando contra las comunidades por los recortes aplicados en los últimos años en el gasto sanitario y la pésima gestión de las residencias de ancianos. “Ahora pretende echarnos encima a la Fiscalía como si en su ánimo estuviera que nos procesaran a todos por lo ocurrido en los centros de mayores”, se quejan desde el Gobierno madrileño, donde el Ministerio Público ha abierto una investigación por las muertes registradas en algunos geriátricos después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, contase que en algunos centros el Ejército había visto cadáveres compartiendo estancia con residentes.

“Si ha habido recortes es porque el Estado no ha cumplido con los compromisos adquiridos, no ha liquidado a tiempo los 2.500 millones de IVA pendientes y porque el sistema de financiación autonómico es insuficiente”, se defiende uno de los presidentes socialistas que salió de la cita del domingo con la impresión de que el presidente “está sobrepasado, como todos nosotros” y que su mecanismo de defensa ha empezado a ser “el ataque”.

A diferencia de otras recientes, la polémica de este domingo por el cierre de la economía no distingue entre colores políticos. Pero, con todo, lo que quedó tras la reunión es que si el virus no entiende de fronteras, sí lo hacen los presidentes autonómicos. Todos ellos imputan en mayor o menor medida la infrafinanciación de los hospitales y los servicios sociales de sus territorios al Gobierno de España, a este y a los anteriores, por los reiterados incumplimientos en la renovación de un modelo de financiación que expiró hace ya años.

Sánchez tiene ahora 17 frentes abiertos. Uno por cada autonomía. Y Euskadi, no Madrid como hasta ahora, lideró este domingo la protesta, si bien el malestar es unánime. Tanto por la ineficacia en el sistema de compra de material centralizado como por el retraso en los test de detección rápida del COVID-19, pero sobre todo por el repentino anuncio de la paralización de la economía, más allá de los servicios esenciales y la industria auxiliar que los abastece.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, al que suele acompañar siempre la solemnidad y la ponderación en sus intervenciones, hizo notar un profundo malestar por lo que entendió una “imposición” intolerable, después de que el Gobierno el mismo día que anunció la paralización de la actividad, le garantizase horas antes que en ningún caso ese escenario estaba sobre la mesa. Ni le gustaron las formas de comunicar la medida –sin previo aviso– ni la medida en sí misma, ya que, en su opinión, cuando uno pide unidad ante la crisis, debe cumplir con una “lealtad recíproca”. Y así se lo dijo a Sánchez, según fuentes conocedoras del contenido de la videollamada, tras afearle también que hubiese adoptado esa decisión en lugar de otras “menos lesivas” y de mayor “precisión quirúrgica” para la economía.

Era la tercera vez que los presidentes autonómicos se enteraban de las medidas del Gobierno a través de una rueda de prensa. Y a ninguno de ellos, salvo a Torra –que felicitó esta vez a Sánchez por la decisión, igual que hizo el murciano López Miras, del PP– le agradó la política de hechos consumados ni la excesiva centralización en la gestión de la crisis sanitaria, cuando son las autonomías, sostienen varios de los afectados, quienes tienen las competencias sanitarias y conocen mucho más que el Ministerio de Sanidad el funcionamiento de los hospitales y el conjunto del sistema sanitario.

De hecho, cuando empezó la crisis, fueron Euskadi y Madrid, quienes lideraron la adopción de decisiones para controlar los focos de infectados, en contra del criterio del Gobierno de Sánchez, aunque en público se trató de decir que todo había sido consensuado.

Urkullu, que hasta ahora había primado la lealtad y la unidad de acción, ha estallado pero también lo han hecho a su manera el gallego Núñez Feijóo y el valenciano Ximo Puig. Los tres defendieron que cada autonomía debería haber participado en el catálogo de servicios esenciales a tenor de la especificidad de las industrias propias y su incidencia en la economía regional. Y también exigieron conocer el decreto en cuestión antes de su publicación en el BOE. Todo ello retrasó la información que debía llegar a los ciudadanos afectados, que conocieron el contenido del texto poco antes de la medianoche del domingo cuando apenas faltaban unas horas para que comenzara su jornada de trabajo. A las comunidades llegaran hasta cinco borradores distintos del texto.

El Gobierno, apuntan desde la Comunidad de Madrid, se olvidó de incluir entre los servicios esenciales “hasta la recogida de las basuras, lo que hubiera generado un problema añadido de salubridad en los próximos 10 días”. En La Moncloa hubo que trabajar contra reloj hasta la publicación del decreto, pese a que la decisión fue anunciada en comparecencia pública por Sánchez 24 horas antes.

Feijóo, más ponderado que Urkullu, fue igual de contundente en la crítica al entender que las restricciones dañarán seriamente el tejido productivo. Y hasta el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, que se había mostrado partidario de un confinamiento mayor, se alineó este domingo con sus homólogos vasco y gallego para solicitar un “apagón” razonable de la actividad económica. También defendió esta tesis Isabel Díaz Ayuso, la más crítica con la falta de material sanitario. Y Emiliano García Page, que distinguió entre “frenar y arrancar” la actividad productiva.

“La Moncloa ha pasado, desde que empezó esta crisis, de pedirnos ayuda para que defendiéramos que no debían cerrarse los colegios a tomar decisiones a adoptar medidas mediante el ordeno y mando sin explicaciones ni componendas”, asegura uno de los presidentes regionales, que recuerda también que Moncloa sostiene en público que las autonomías podemos hacer compras de material mientras “nos remiten circulares desde Sanidad diciendo lo contrario”. Y la mayoría coincide en que el agujero económico y las decisiones no consensuadas ni consultadas por el Gobierno de España “nos enfrentará a unos contra otros”.